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Una protesta de los Bomberos de Salamanca contra el alcalde sin “obstaculización” ni “desconsideración”

Seis fallos judiciales anulan los expedientes abiertos a bomberos que protestaron contra el despilfarro en las instalaciones de Salamanca en un acto de Alfonso Fernández Mañueco y del consejero de Fomento, Antonio Silván.

La “protesta” quiso incidir en que el Ayuntamiento salmantino se había gastado más de un millón de euros en una torre de entrenamientos, sin que se considerara necesaria.

Ahora, el Juzgado cree que ni se “obstaculizó” ni hubo “desconsideración” de los manifestantes hacia sus superiores ni hacia las autoridades.

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En el centro, el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván; y a su derecha, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Al fondo, la manifestación de bomberos.

En el centro, el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván; y a su derecha, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Al fondo, la manifestación de bomberos.

Lo que para los políticos era constitutivo de una falta grave, por lo que hubo expediente y sanción, para la Justicia no es más que un acto de “protesta”. Mientras que el Ayuntamiento de Salamanca sancionó a 16 bomberos de la capital por manifestarse ante las autoridades políticas, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo comienza a dictar sentencias que anulan esa sanción.

A finales de 2013, el Consistorio salmantino sancionó con un mes sin empleo y sueldo a 16 bomberos por participar en una manifestación en contra del “despilfarro”, ataviados con sus trajes. Este acto de protesta lo realizaron, por sorpresa el 13 de febrero de 2013, durante la inauguración de una torre del Parque de Bomberos, a la que acudieron Alfonso Fernández Mañueco, alcalde salmantino; Javier Iglesias, presidente de la Diputación Provincial y del PP de Salamanca; y el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván. En esa “protesta” se denunciaba el gasto de más un millón de euros para reformar la torre de fuego, que sirve para que los bomberos se entrenen ante supuestos de fuego y de humo.

Los manifestantes iban detrás de una pancarta en la que se podía leer: “Torre despilfarro 1.034.000 €. Menos, políticos. Más educación, sanidad y seguridad”.  Para Alfonso Fernández Mañueco, las protestas se realizaron sin ser “el momento más adecuado” y, para él, lo más grave es que “aunque hay libertad de expresión, un derecho constitucional, los bomberos interrumpieron un acto institucional”.

Los motivos que se fijaron para sancionar a los 16 bomberos fueron: “obstaculización e impedimento del ejercicio de las funciones de los compañeros o subordinados”; “interrupción de la actividad programada impidiendo el normal desarrollo de los actos previstos, sin autorización previa”; “grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados; o “gritos, petardos, insultos graves y con la obstaculización física del libre movimiento de las personas”.

Sin embargo, en las últimas semanas, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Salamanca dictó seis sentencias en las que revoca esas sanciones administrativas. Y entre las justificaciones que aporta el tribunal destaca que pese a esa “protesta” hubo una simulación “sin que el grupo de bomberos interfiriera físicamente en el desarrollo de la misma, ni obstaculizara la actuación de los bomberos” que la realizaron.

La manifestación de los Bomberos de Salamanca en contra del "despilfarro".

La manifestación de los Bomberos de Salamanca en contra del "despilfarro".

Así, el Juzgado asegura en su sentencia, a la que ha tenido acceso La Meseta, que “mediante la prueba practicada no queda probada la obstaculización o impedimento del ejercicio de las funciones de sus compañeros o subordinados”.

“Tampoco puede imputarse la falta consistente en la grave desconsideración a los superiores, compañeros o subordinados, en este caso las autoridades máximas, alcalde y consejero de Fomento por un lado y por otro sus superiores inmediatos y compañeros”, añade.

En opinión de la jueza de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, y citando doctrina constitucional ni hubo “grave desconsideración” ni la protesta pudo producir “daño moral a las autoridades y jefes presentes”.

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