Aquella mañana le entregué a mi cliente la sentencia de su divorcio de mutuo acuerdo que acababa de dictar el Juzgado. Como su contenido no le deparaba ninguna sorpresa, su preocupación era otra. “Mire usted; que estaba yo pensando que como el señor ministro de Justicia ha modificado las tasas de los juicios, supongo que me devolverán los 600 euros que en el mes de diciembre mi esposa –bueno, ya no lo es- y servidor tuvimos que apoquinar para poder divorciarnos de mutuo acuerdo”.
Aunque la mirada de mi cliente era sincera, por un momento tuve la impresión de que me lo estaba diciendo con sorna. Pero como la prudencia profesional aconseja ser cauto, mi respuesta fue: “Lamento decirle que no podremos reclamar los 600 euros que ingresaron en Hacienda porque la modificación que el Consejo se Ministros aprobó el pasado 22 de febrero no tiene efectos retroactivos para los divorcios de mutuo acuerdo”. El cliente no preguntó más sobre la cuestión, recogió sus papeles y abandonó el despacho. Sin embargo, mi respuesta no pareció convencerle demasiado. A mi tampoco, la verdad; estas cosas le dejan a uno mal cuerpo.
Haciendo un breve ejercicio de memoria, no más allá de unas pocas semanas, recordaba las declaraciones del ministro de Justicia justificando la Ley de Tasas. Con la naturalidad y desparpajo que da llevar toda la vida dedicado a la cosa pública, Alberto Ruiz Gallardón declaró a los medios que “gobernar, a veces, es repartir dolor” en referencia a los esfuerzos económicos que se están pidiendo a los ciudadanos, y que precisamente por ello “entiende que no le aplaudan”. Si en lugar de decirle a mi cliente que no podíamos reclamar los 600 euros, le llego a recordar estas declaraciones del ministro, me temo que el que tendría la intención de repartir dolor aplaudiendo la cara de alguien sería el mismo cliente.
Gustándose en la exposición -como suele hacer con preocupante frecuencia-, Gallardón declaró también que, en su opinión, no se podía decir que las tasas tuvieran efectos “disuasorios” y que “no puede gobernar para satisfacer a los sectores jurídicos sino para defender los derechos de los ciudadanos”. Pues bien, ya sabemos que conforme a los datos facilitados por la oficina de Registro y Reparto de los Juzgados de Salamanca, en el orden jurisdiccional civil el número de asuntos civiles registrados en el mes de noviembre de 2012 fue de 1.334 y en diciembre de de 649, lo que supone una disminución del 51%; y en el orden contencioso administrativo la bajada ha llegado hasta el 46 %.
Lo malo de todo esto no es que una ley determinada pueda tener efectos contrarios a los previstos o que una vez en vigor se compruebe su necesidad de reformarla. Lo realmente grave es que estamos tan acostumbrados a las mentiras públicas que ya no le damos la menor importancia a que una ley que comenzó su vigencia el 20 de noviembre de 2012 tenga que ser modificada el 22 de febrero para excluir del pago de las tasas a determinados colectivos.
¿Tan necios son que no se dieron cuenta en Noviembre que los beneficiarios de justicia gratuita, las víctimas de violencia de género o quienes se divorcien de mutuo acuerdo, merecían esa exención?
No son necios, son sordos; no quieren escuchar a nadie, y a más de uno le puede la soberbia de saberse lo suficientemente poderoso como dictar la ley que le plazca.
Lo mismo ocurre con los daños colaterales. Por supuesto que la Ley de Tasas no tenía efectos disuasorios, claro que no. ¿Cómo íbamos a pensar tal cosa? Pero lo cierto es que al mes de su entrada en vigor ha disuadido a más de la mitad de los justiciables. ¿De verdad eran tan ingenuos que pensaban que imponer tasas al ejercicio de acciones ante los tribunales no iba a tener efectos disuasorios? No son ingenuos, son cínicos.
Lo siento señor ministro, pero el verso suelto del PP ha terminado siendo un ripio deplorable.
