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Las sanciones a los vehículos VTC sin licencia pueden alcanzar los 1.000 euros y 400 en el caso de que no muestren el distintivo regional

El consejero Patricio Valverde mantiene un encuentro con los representantes del sector del taxi ante la inquietud generada por la implantación de la plataforma Cabify

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, durante la reunión mantenida esta mañana con representantes de Radio Taxi, Unión Taxi, Radio Taxi Cartagena y Teletaxi para abordar la situación del sector

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, durante la reunión mantenida esta mañana con representantes de Radio Taxi, Unión Taxi, Radio Taxi Cartagena y Teletaxi para abordar la situación del sector

Las sanciones a los vehículos que no tengan licencias de VTC pueden alcanzar los 1.000 euros y la inmovilización del vehículo. En el caso de que no muestren el distintivo que acredita su autorización para operar en la Región de Murcia, la infracción está tipificada entre 301 y 400 euros.

Este es el régimen sancionador establecido en la Ley de Transportes Terrestres (LOTT) y en el decreto de distintivo de VTC de la Región de Murcia aprobado en diciembre del pasado año. De las inspecciones realizadas tras la implantación del distintito se han producido tres denuncias y se han suspendido 30 licencias VTC por no cumplir los requisitos exigidos.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, mantuvo hoy un encuentro con representantes del sector del taxi ante su inquietud por la reciente implantación de la plataforma digital Cabify, a los que informó de que el Servicio de Inspección de los Transportes vigila el cumplimiento de la normativa regional, que obliga a llevar el distintivo regulado por la Comunidad Autónoma, con el objetivo de evitar la competencia desleal y asegurar los derechos de los usuarios.

El objetivo final de la Administración regional es conciliar los intereses de ambos sectores, que representan a 774 taxis y 111 VTC, para que ejerzan su trabajo en las mejores condiciones, pero, sobre todo, garantizar los derechos de los usuarios y consumidores.

La Comunidad considera necesario realizar una regulación de ámbito nacional para que todos puedan operar en igualdad de condiciones en todas las regiones. Actualmente, la Administración regional analiza una comunicación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la que propone que tanto las normativas regionales como locales se basen en los principios de buena regulación económica, como son la pre-contratación obligatoria o la prohibición de la geolocalización de los vehículos si no están prestando un servicio. Además, indican que deben respetar los criterios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

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