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REGIÓN DE MURCIA

La unión del sector agrario: parches mínimos y financiación europea

Somos la segunda potencia nacional, solo por detrás de Cataluña, en exportaciones de este sector con especial incidencia en Europa

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un Programa de Integración de la Población Migrante en el mundo rural

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un Programa de Integración de la Población Migrante en el mundo rural CCOO

¿El 'campo' está unido? No. De hecho lo que hemos vivido estos días y los que seguirán es una anomalía. La realidad es que ni las redes de producción ni las organizaciones que las representan son homogéneas, todo lo contrario. Vayamos por partes.

El sector agroalimentario en la Región de Murcia aglutina, como en el resto de territorios, explotaciones tan diferentes en producción, tratamiento y distribución como lo son el vino, el aceite, el porcino o la industria pesquera y acuicultura.

Con todo, somos la segunda potencia nacional, solo por detrás de Cataluña, en exportaciones de este sector con especial incidencia en Europa (Alemania, Reino Unido, Países Bajos o Italia) y algo menos fuera de ella (como en Estados Unidos). Algo por encima de los 3.600 millones de euros según datos comparados por el Instituto de Comercio Exterior.

Así pues, no es posible meter en una misma caja de reivindicaciones a todo el sector. Y sería un error mayúsculo equiparar a unos y otros.

Demos un paso más. Sean cuales sean las reivindicaciones del 'campo', éstas se encauzan a través de diferentes organizaciones que aglutinan trabajadores, empresarios e intereses de actores externos, también los de la administración pública, como si se tratara de los mejores tiempos del sindicato vertical de tiempos pretéritos. Los sindicatos agrarios, que pudiéramos denominar puramente de los trabajadores por cuenta ajena son meramente anecdóticos, de ahí solo podríamos salvar al SAT de Andalucía. Tradicionalmente también se han denominado sindicatos agrarios a COAG y UPA, sin embargo, estos últimos están formados por pequeños propietarios, como también es el caso de ASAJA, tradicionalmente ligada a la derecha rural española y que forma parte de la CEOE/CROEM. A esta telaraña hay que sumar las entidades que respaldan los intereses corporativos de las empresas transformadoras y distribuidoras de la alimentación, con es el caso de ProExport en la Región de Murcia.

Es precisamente esta división la que garantiza que las mayores reivindicaciones del sector se den con la pared una y otra vez. Sobre todo en lo que se refiere a mecanismos de financiación, cada parte del sector va a salvar su propia parcela.

Sirva como muestra un botón. En las movilizaciones que llenaron Murcia capital estaban presentes los productores de frutas y hortalizas, pero nadie esperaba en las mismas a los de la vid o a los del mercado caprino.

Parches mínimos

¿Qué es lo que se está haciendo por parte del Gobierno? Una serie de parches mínimos para atender las primeras demandas que se han materializado estas últimas semanas, pero que vienen de años atrás.

Una de las principales era la venta a pérdidas, es decir, vender a las transformadoras y distribuidoras por debajo del precio de producción que le cuesta al agricultor/ganadero sacar adelante su propio negocio. Esto estaba siendo posible porque las grandes cadenas de alimentación garantizaban la venta de toda la producción del agricultor/ganadero con un contrato a largo plazo, de varias campañas, basado en un precio fijo para todas ellas con pocas o ninguna variación de los denominados 'precios de mercado', que en condiciones normales oscilan según meteorología, plagas o demanda.

A partir de ahora esos mismos contratos deberán reflejar el coste de producción, es decir, que de manera pública se sabrá en todos los pasos de la cadena cuánto vale realmente una lechuga o un limón. Esa información se dará a todos los actores del sector, también a los consumidores, al menos es lo que está en el anuncio del Gobierno de esta semana. Aunque habrá que comprobar cómo se plasman estas medidas en los decretos y reglamentos posteriores. En cualquier caso, cada operador de la cadena, obligatoriamente, deberá abonar un precio igual o superior al inmediato anterior y que, además, sea público.

Inyecciones europeas

Con este presupuesto se negocia la PAC (Política Agraria Común) que invierte miles de millones de euros en ayudas, subvenciones e inversiones directas o indirectas (bien a la producción agrícola o a las líneas de financiación de investigación tecnológica que mejoran los semilleros, por ejemplo).

En este ejercicio, plurianual nunca inferior a 5 años, ya no se cuenta con la aportación neta que realiza Reino Unido, que se estima en unos 15 mil millones de euros, por lo que los socios de la UE deberán suplir esta carencia con más fondos propios, como quieren los países del eje mediterráneo, o bien dejar el listón donde está y 'apañar' como quiere el norte, más rico y sin tanta necesidad de PAC y también la dirección política del presidente del Consejo, Charles Michel.

La negociación será dura para los próximos meses, como lo ha sido siempre al inicio de cada presupuesto europeo, pero se equivocarán los agricultores y ganaderos españoles y de la Región de Murcia si ponen sus esperanzas en la negociación sobre la existencia o no de esos 15 mil millones y del posterior reparto de los fondos. Las medidas por parte de la totalidad del sector habrá de venir de la diversificación, digitalización y calidad de la producción. Las administraciones públicas deberán apoyar al mismo a través de la promoción pero también de la transparencia en la trazabilidad y en la seguridad del propio mercado, también en lo referente a las condiciones laborales de quienes, dentro del sector, no son productores.

Entre la conspiración y la realidad

Las implicaciones políticas y mediáticas, a nivel de España y Región de Murcia, de las movilizaciones que estamos viviendo están más cerca de las teorías conspiratorias que de la pura realidad, las peticiones son mucho más que justas y tienen un respaldo sólido basado en cifras y datos pero se olvidan, al menos que sepamos, de los futuribles a los que realmente tendrán que hacer frente.

Sólo en nuestra tierra, en plena crisis ambiental del Mar Menor, se deben traspasar al cultivo no contaminante (ecológico) y debidamente legalizado cerca del 20% de las hectáreas, hasta un total de 9.500, casi todas ellas indebidamente utilizadas para el regadío cuando les corresponde estar en los cultivos de secano y todas ellas la ribera de la laguna.

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