Paco Morote: “Se está creando un clima de alarma social totalmente interesado con respecto a la okupación”

Paco Morote –Murcia, 1956– cuenta con “trienios” de activismo social. El portavoz estatal de la PAH se manifestó en contra del ingreso en la OTAN en los años ochenta, organizó convocatorias contra la guerra de Irak en la Región de Murcia y se implicó en la lucha contra la globalización financiera en los noventa y la primera década del siglo XXI. En 2006 cofundó la coordinadora 'La Región de Murcia No Se Vende', que denunciaba la burbuja inmobiliaria que se estaba generando en el litoral murciano. De forma “natural”, la agrupación se transformó en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia en 2010, la segunda que surgió en el país, después de Catalunya.

“Dimos con un teléfono de contacto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Barcelona y nos contestó Ada Colau”, explica Morote con su voz grave y risa estentórea. “Estábamos en plena crisis y algunos amigos empezaron a llamarnos a un grupo de activistas diciendo que habían perdido el empleo y que no podían hacer frente al pago de su hipoteca”, añade el informático y portavoz de la PAH desde hace tres años.

Últimamente la publicidad de las alarmas está muy presente en los medios de comunicación, al tiempo que hay muchas noticias sobre okupación de casas. ¿Cree que se está magnificando el fenómeno?

Los medios de comunicación conservadores están con una campaña tremenda de pánico con anuncios de compañías para desalojar okupas de tu casa y, por otro lado, de alarmas, especialmente en las cadenas de radio. Se está creando un clima de alarma social injustificado con respecto a la okupación, pero totalmente interesado porque la realidad es que las ocupaciones de particulares son anecdóticas, es un porcentaje absolutamente ínfimo en torno al 1 por ciento del total. Los periodistas están investigando mucho para poder sacar estos casos en las noticias.

Esto tiene una lógica muy aplastante: el particular, aunque no esté ocupando su vivienda, sí que le presta atención; sin embargo, los bancos tienen centenares de miles de viviendas cerradas, muchas de ellas con una intención especulativa, lo que también impacta a la hora de la subida del precio del alquiler.

¿Quiénes okupan una casa?

Son personas que no tienen recursos suficientes para afrontar un alquiler o una hipoteca. No se okupa una casa por ahorrarse una pasta, eso es lo primero que debemos tener claro, sino porque no hay una alternativa habitacional en este país. Okupa quien se ve en la situación de tener que vivir en la calle. Tenemos un panorama de millones de casas desocupadas y gente que no tiene otra alternativa, mientras que las administraciones públicas no están dando cumplimiento al artículo 47 de la Constitución, que es garantizar que la gente tenga acceso a una vivienda.

¿Cuántas viviendas desocupadas hay en España?

El último censo de vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011, que es antiguo y tendrá que ser actualizado en 2021, habla de 3.400.000 viviendas desocupadas.

En España no disponemos de un parque público de viviendas como en países como Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido, donde el parque público de vivienda social o de alquiler asequible ronda el 20 por ciento del total. En España apenas llegamos al 2 por ciento. Hemos tenido una devaluación de los salarios tremenda, sobre todo desde la reforma laboral de 2012, y una devaluación de la calidad del empleo con la temporalidad, así que la gente no dispone de un salario que le permita pagar una hipoteca o un alquiler. Mientras no haya una política estatal o autonómica que permita que el derecho a la vivienda sea efectivo en España, seguirá habiendo okupas.

De hecho, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social fue en 2019 del 25,3 por ciento en España, mientras que en la Región de Murcia alcanzó el 31,9 por ciento, según datos del INE.

No olvidemos el concepto de los trabajadores pobres: gente que, a pesar de trabajar, no ingresa lo suficiente para pagar una vivienda. Siempre se habla de ciudades como Madrid o Barcelona como sitios paradigmáticos de alquileres caros, pero en los últimos cinco años el precio del alquiler ha podido subir en la Región de Murcia en torno a un 30 por ciento, por ejemplo.

¿Por qué Partido Popular, Ciudadanos y Vox quieren reformar la actual ley de desahucio exprés contra los okupas?

La ley de 2018 de desahucio exprés justamente se aprobó para los casos de viviendas de particulares. Fue propuesta en su día por el PDeCAT y apoyada por el PP y Ciudadanos. Esta propuesta excluía expresamente a los grandes tenedores de vivienda. Inmediatamente, estas personas jurídicas dijeron que también querían disponer de una herramienta así. Y esto es por lo que el PP y Ciudadanos han presentado sendas iniciativas parlamentarias, incluso con la propuesta de uno a tres años de prisión para quien okupe. Esto es gravísimo. Están planteando que se pueda meter en la cárcel a alguien a quien las administraciones públicas tienen la obligación de facilitar una vivienda. Lejos de resolverlo, le quieren encarcelar si la toma prestada de un banco o un fondo buitre. Las derechas siempre han tenido políticas orientadas a la criminalización del pobre.

La legislación en España se ha tenido que cambiar a golpe de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No ha habido ningún gobierno hasta ahora que haya hecho una modificación de leyes para parecerse a los estándares europeos. A pesar de estas sentencias, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo las ha interpretado siempre torticeramente a favor de la banca.

También se está hablando mucho en los medios de comunicación de las mafias para okupar viviendas.

El Institut Cerdá hizo un informe en 2017 y hablaba de unas 80.000 casas okupadas en España. Ahora podríamos estar hablando de unas 100.000. Si fuera así, no llegarían a 1.000 las viviendas de particulares ocupadas. Es verdad que existen mafias para facilitar la okupación, pero también existen mafias para la desokupación y son matones que, sin ningún tipo de proceso judicial, se dedican a intimidar, acosar y amedrentar a la familia con violencia directa o velada para que se vayan. El juzgado tiene un plazo de cinco días para desalojar la vivienda de un particular. Es verdad que van sobrecargados y se tarda más, como en todos los procesos, pero eso está ya legislado. ¿Qué es lo que busca ahora la derecha? Ayudar a sus amigos de siempre: la banca y los fondos de inversión para que dispongan de una herramienta porque ellos sí que son los directamente afectados por el tema de la okupación.

¿Qué propone la PAH para que solucione el problema?

Según cifras que dio el Banco de España, el coste del rescate a la banca anterior fue de 65.000 millones y el propio Banco da por perdida la totalidad. Nosotros decimos que los bancos son los grandes propietarios de vivienda y le exigimos al Gobierno que utilice su mayoría en Bankia y en la SAREB para que no la venda y se ponga en uso directamente ya como parque público. En segundo lugar, que obligue también al resto de la banca a ceder vivienda como parte del cobro del rescate. No les puede salir gratis.

Ahora hemos visto con la pandemia cómo han quedado la educación y la sanidad públicas con los recortes que se hicieron, precisamente, para pagar ese rescate. Estamos pidiendo que se establezca un plan de cobro de ese dinero porque ha salido de los derechos sociales de la gente. La pandemia nos ha demostrado que la vivienda, además de un bien social, es un bien sanitario. No nos han confinado en la plaza del pueblo, sino en nuestro domicilio.

¿Qué comunidades están más desprotegidas a este respecto?

El ministro Ábalos aprobó una orden ministerial el pasado mes de abril por la cual se comprometía a subvencionar a las comunidades autónomas con la compra de vivienda para parque público en un 60 por ciento de su valor, pero hay comunidades como la Región de Murcia que no han pedido un duro para eso, sino al contrario. Murcia está haciendo lo que hizo en su día la Comunidad de Madrid: vender –o en nuestro caso ceder– la propiedad, lo cual es un caramelo envenenado porque son viviendas muy antiguas. En Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana tienen leyes que otorgan bastante protección a sus habitantes. En Murcia teníamos una ley que estaba bien, pero el Gobierno murciano se encargó de desnaturalizarla este verano con una reforma que deroga los aspectos que permitían una cierta intervención.

La vivienda en España, desgraciadamente, se considera un mero bien de consumo como si habláramos de un coche, un ordenador o una lavadora.

¿Qué le parecen las medidas con respecto a la vivienda adoptadas por el Gobierno durante la pandemia?

Ha adoptado medidas novedosas con respecto a las que se tomaron en la crisis anterior, pero insuficientes. Valoramos muy positivamente el tema de las moratorias que se han dado para las hipotecas, pero con tres meses no vamos a ningún lado cuando estamos hablando de prorrogar los ERTE hasta el año que viene en según qué sectores.

Para que se entienda bien lo que pasa: según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en la anterior crisis se produjeron en España entre 2012 y 2019 más de un millón de desahucios. Esas casas han ido a parar en su mayoría a fondos buitre, que las han comprado por lotes a precios muy por debajo de su valor de mercado. Las administraciones públicas podrían haberlas comprado, por ejemplo.

Los plazos de paralización de desahucio por impago de hipoteca acaban el 30 de septiembre, mientras que los de impago de alquiler lo hacen a finales de diciembre. Esperamos que haya una revisión más ambiciosa. Hemos tenido que parar desahucios durante estos meses ya que las medidas de protección del Gobierno se refieren a aquellas personas que, como consecuencia de la pandemia, hayan caído en situación de vulnerabilidad. El pasado junio se reactivó la actividad judicial y se reactivaron los procedimientos que ya estaban en marcha. Si no se rectifican las medidas, nos viene un 2021 terrible.