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“El retorno debe ser un derecho para todo el mundo”

María Martínez, candidata de Unidas Podemos al Parlamento Europeo por Izquierda Unida y José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador de IU-Verdes a nivel regional

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María Martínez (Yecla, 1985) vive en Berlín desde el año 2010. Antes de emigrar trabajó en una universidad pública como investigadora en el ámbito de la comunicación. Actualmente está estudiando un doctorado en la Universidad Libre de Berlín, donde además imparte clases a estudiantes de periodismo.

Ha colaborado durante tres años en la Oficina Precaria Berlín asesorando a emigrantes, sobre todo procedentes de países del sur de Europa. Es coportavoz de IU Exterior y candidata de Unidas Podemos al Parlamento Europeo por Izquierda Unida.

Joven, investigador, altamente cualificado y con ganas de emprender. ¿Es ese el perfil real de las personas emigradas españolas?

En absoluto, hay muchísimos perfiles dentro de la emigración. Por ejemplo, hay mucha gente trabajando en el campo del sur de Francia, en el sector de los cuidados en las zonas metropolitanas de París o Londres como aupairs o con personas mayores, y también en el sector de logística en Holanda, en situaciones de verdadera precariedad. También hay familias que, tras muchos años de paro en España, decidieron salir a buscar una oportunidad en el exterior. De hecho, uno de los principales problemas que hemos detectado en los planes de retorno es precisamente que hayan sido selectivos, que la mayoría hayan estado siempre dedicados a las personas jóvenes con un nivel de formación muy alto, con ganas de emprender y han obviado el resto de perfiles.

En la actualidad, ¿cuántos emigrados españoles hay en el extranjero?

Según las cifras oficiales hay 2,5 millones de personas con nacionalidad española en el exterior. No podemos decir que todas esas personas sean emigrantes, pero sí que desde el año 2008, año de inicio de la crisis, el incremento ha sido de un millón de personas. Es fundamental tener en cuenta que las cifras oficiales están subestimando el número de personas en el exterior, y esto sucede porque teóricamente existe una obligatoriedad de registro en los países de destino pero en la práctica la gente no se registra porque al hacerlo se pierden derechos, entre otros, el derecho a la Seguridad Social. Por eso, cuando comparamos las cifras estadísticas arrojadas por los padrones municipales de las ciudades de destino, estas son mucho más altas. Hay estudios como el de la Marea Granate que apuntan cifras tres veces mayores en el caso de Londres; en el de Alemania, el doble...Tenemos un problema y es que no sabemos realmente cuántas personas tenemos en el exterior, ni dónde están, ni cómo.

Muchas veces se intenta vender el retorno con una decisión personal

La destrucción del empleo ha sido uno de los principales factores por los que la gente tiene que salir en busca de una oportunidad para desarrollarse personal y profesionalmente en el exterior. El problema básico es que no hay trabajo en nuestro país. Estamos ante un proceso de migración económica de manual.

¿Qué propone Izquierda Unida?

Nosotras nos dimos cuenta el año pasado que a la supuesta recuperación de España se estaba asociando peligrosamente la idea de un falso retorno, fomentado sobre todo por iniciativas empresariales y por algunos planes de retorno a nivel autonómico que creaban una idea errónea de lo que estaba pasando, porque como dicen las estadísticas no se está produciendo tal proceso, por lo menos a nivel generalizado. Estamos viendo que las estadísticas de la emigración siguen creciendo, de hecho hace pocos días se publicó el padrón de españoles residentes en el extranjero y vemos que las cifras siguen creciendo. Por lo tanto, ni las cifras nos dicen que exista el retorno, ni la situación socioeconómica y especialmente laboral que propició la emigración española ha cambiado.

En Izquierda Unida Exterior lo primero que hicimos fue analizar los planes de retorno que se había puesto en marcha y ver por qué habían fallado para ver qué medidas podíamos tomar para crear las condiciones favorables para que este retorno pudiera producirse. Nos dimos cuenta que se habían cometido muchos errores. El primero, que eran selectivos, no estaban dedicados a toda la población emigrante. Vimos también que había sido fallidos, particularmente habían tenido muy poquito alcance, con un número muy pequeño de beneficiarios, y se habían basado sobre todo en ayudas económicas directas o a empresas, pero no había logrado establecer a la emigración en los territorios. Es fundamental adoptar medidas de carácter estructural para general empleo y satisfacer las necesidades básicas de la emigración.

¿Son necesarios los planes de retorno? Sí, lo son, pero en sí mismos son insuficientes si no van acompañados de medidas a nivel estatal, autonómico y municipal que fomenten la generación de empleo. Por eso, hemos intentado traducir las necesidades en propuestas concretas para las instituciones en esos tres niveles, y es de ahí de donde salen las mociones para un retorno digno que estamos presentando en los ayuntamientos.

El voto rogado se aprobó en 2011. Son numerosos los colectivos que han denunciado este sistema para garantizar el derecho al voto de la ciudadanía

Sí, ha supuesto multitud de trabas burocráticas para poder ejercer el derecho democrático más básico que existe. Tal es la dificultad que tenemos para ejercerlo que descendió la participación en el exterior del 30 por ciento al cuatro. Es un infierno burocrático: desplazarse al consulado, asegurarse de estar en el censo y que no haya problemas si hay que reclamar, que lleguen a tiempo las papeletas...es tremendo. Se votó en el senado y todos los grupos estuvieron de acuerdo a favor de su derogación pero nos encontramos de nuevo con dos procesos electorales en los que tenemos que rogar el voto. Es absolutamente inaceptable.

La derogación del voto rogado es el primer paso que tenemos que dar, es imprescindible, pero también hay que ampliar los plazos de envío, permitir la inscripción en el censo y la realización de los trámites consulares por vía telemática, mejorar la difusión de la información sobre cómo podemos participar, que es algo que están haciendo los colectivos sociales cuando está la obligación institucional de informar a los votantes, acabar con las irregularidades en las inscripciones de los censos e incrementar los medios humanos y técnicos en los consulados...no basta con derogar el voto rogado.

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