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El juez ordena investigar "si Valcárcel y doce altos cargos intervinieron supuestamente en una recalificación ilegal"

Admitida una querella por una presunta “trama piramidal liderada por el ex presidente de la Comunidad de Murcia Ramón Luis Valcárcel”

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Ramón Luis Valcarcel junto a Mariano Rajoy y Pedro Antonio Sánchez EFE

Según informa Ricardo Fernández en el diario La Verdad de Murcia “el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia ha admitido a trámite una querella, presentada hace dos meses por el promotor gallego Núñez Arias, en la que denunciaba la supuesta existencia de una organización piramidal, que estaría liderada por el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, para la recalificación ilegal de unos 180 millones de metros cuadrados en la Región.”

La querella iba también dirigida contra doce altos cargos de los gobiernos de Valcárcel, entre los que se encuentran los exconsejeros Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana, Fernando de la Cierva y José Ballesta.

Según la información de la Verdad de Murcia, “la admisión a trámite implica la apertura de una investigación judicial, de la que por el momento quedaría al margen el exjefe del Ejecutivo murciano y actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, debido a que, por su condición de diputado europeo, disfruta de un aforamiento especial y queda fuera de la competencia del citado juzgado.”

Ricardo Fernández recuerda en la noticia que “el querellante Núñez Arias lleva años reclamando la devolución de los 2,5 millones de euros que a través de la empresa Inmonuar entregó al Ayuntamiento de Totana por el plan urbanístico El Raiguero, para levantar un complejo residencial, que fue anulado por la justicia. En su denuncia, pone de relieve que el Ejecutivo regional habría creado el Ente Público del Agua con el fin de sortear o eludir la necesidad de que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) autorizara los desarrollos urbanísticos en función de la disponibilidad de agua. Desde el citado ente, se certificaba la concesión de caudales procedentes de la desaladora de Escombreras. De esta forma, en al menos veintiséis ayuntamientos se habrían rubricado numerosos convenios que serían ilegales por carecer del preceptivo informe de la CHS. La firma de esos convenios habría reportado a los municipios unos 2.500 millones de euros”

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