La nefasta gestión del Gobierno popular impide el desarrollo de la Región. Lo peor es que no sabemos que se hace con el dinero. En este último año, la Comunidad Autónoma no sólo ha sumado 450 millones de déficit que se imputará a la deuda, de las más altas con relación al PIB, sino que ha sido incapaz de invertir el superávit que nos deja la inversión estatal: aproximadamente 92 millones. La diferencia entre lo presupuestado por el Gobierno regional de fondos COVID, 350 millones, y lo entregado por el Estado tras el reparto, 442 millones.
Los 92 millones de superávit, como tantas otras inversiones estatales en Educación, Sanidad, Turismo o el Plan Moves, no han encontrado su sitio para mejorar la vida de los habitantes de esta Región a la cola de todo. Barrunto que este superávit tampoco ha ido a disminuir la deuda que sigue aumentando (12 mil millones), sino a financiar las actuales rebajas de impuestos que no notamos en nuestras nóminas y que vienen para quedarse incrementando el déficit de una Región con una deuda monstruosa.
Tengamos claro que el superávit del reparto de los fondos COVID se irá y el hueco será cada vez mayor en las cuentas regionales reduciendo la posibilidad de inversión. Otra de trileros. Esta nefasta gestión trae consigo un empeoramiento de los servicios que están a la cola de España. En resumen, cada bajada de impuestos en nuestra situación económica es un clavo más para el crecimiento de la Región. La detracción en los ingresos autonómicos supone una merma en las inversiones necesarias para hacer crecer la economía. Estas, además, no son compensadas por el supuesto ahorro en los bolsillos de los contribuyentes: este es tan mínimo que no suponen ningún tirón del consumo ni del ahorro.
Un ejemplo de la importancia de la inversión es el caso de la estación intermodal. El soterramiento es algo más que deprimir las vías, así lo señaló el convenio de 2006 . Este indicaba que, aparejado a la estación de tren, en los terrenos de ADIF, había de construirse una estación intermodal que conectase el transporte regional, indicándose que con el objetivo descrito de aquella intermodalidad podrían suscribirse acuerdos específicos entre ADIF y la Región de Murcia. Se trataba de trazar una movilidad regional a partir de una estación intermodal. Sin embargo, aquel inicial acuerdo transmutó.
La obcecación por la llegada de las vías de alta de velocidad en superficie aparcando el soterramiento comenzó a fines de 2012. La situación dio lugar a una movilización ciudadana que triunfó. El cambio de Gobierno, tras la moción de censura, permitió la llegada soterrada de las vías de alta velocidad. Esto suponía elaborar los proyectos para un soterramiento total que tropezaba con un escollo jurídico: la ley de contratos del sector público que no permitía soterrar. Esta se cambió, en tiempo de descuento, mediante una disposición adicional en el decreto de la ley de vivienda. A su vez, ante las resistencias del Gobierno regional, hubo que realizarse una reforma rápida de la ley regional de hacienda en la Asamblea (marzo 2019), con un PP en minoría que se negaba, que consintiera los avales demandados por ADIF para el soterramiento. Esto permitió la firma, el 22 de mayo de 2019, de una adenda de financiación que consintió soterrar. En aquella adenda lo que en el convenio de 2006 era un acuerdo entre la Región y ADIF se transformaba en una estación de autobuses de titularidad municipal y a pagar por el Ayuntamiento. ¿Por qué una estación de transporte interregional se convertía en una estación municipal?
La explicación de esto se encuentra en el estado de las cuentas públicas. La Comunidad está ahogada por la deuda: el aval del aeropuerto, la desaladora y por otras tantas nefastas decisiones. En consecuencia, ha decidido dejar de gestionar para vivir en el anuncio constante de rebajas impositivas al tiempo que busca que otras administraciones asuman sus gastos, el Estado o quien sea, en este caso el Ayuntamiento de Murcia. El entonces alcalde José Ballesta, que había sido consejero de obras públicas y sabía de qué iba el tema, descuidó, como siempre, los intereses de la ciudad y decidió aceptar sin quejarse la titularidad de una estación que había de construir a costa de un erario municipal del que no podía desconocer su estado. Para entonces ya había gastado, en contra de las sentencias y la opinión de la intervención, el dinero de los convenios en otras partes de la ciudad, lo que implica un problema, baste recordar el caso de Totana. Al incumplir los convenios y sus desarrollos justificaba la reclamación de los promotores lo que puede hacer peligrar los presupuestos futuros como temen los actuales gobernantes de la casa consistorial, la cuestión va más allá de dónde los gastaron.
Una vez más, acostumbrados a tirar la pelota hacia delante, la Comunidad y el Ayuntamiento de Ballesta habían jugado a pasarse la pelota y diferir las acciones a tomar pensando que el soterramiento no sería realidad, pero como siempre los problemas que no se solucionan en política nos hacen más difícil la vida a los ciudadanos. Todo aquel que conoce el proyecto del soterramiento sabe que las limitaciones de espacio hacen que la construcción de una estación intermodal necesite de un alto grado de inversión para superar las limitaciones técnicas y que la estación resulte además de útil, bonita y esto plantea problemas al Ayuntamiento. Una estación interregional requiere de la colaboración de las diversas administraciones. Algo que no sería problemático si existiese una entidad de transporte que la Comunidad endeudada no quiere crear. El resultado es que la cosa rueda tan cuesta abajo y sin frenos que la Región se va quedando a la cola del país porque si esto pasa con las infraestructuras básicas ¿qué no pasara en educación o sanidad? No se extrañen que esta Región sea cada vez más pobre.
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