Parece que los resultados obtenidos por Vox en las elecciones del pasado domingo en Castilla y León han ilusionado y acaso envalentonado a sus dirigentes y militantes en la Región de Murcia. La lectura es sencilla para ellos: si allí han pasado de 1 a 13 procuradores en las Cortes regionales, aquí, con el precedente de su victoria electoral de las generales de 2019 cuando aventajaron al PP en 11.000 votos, en mayo de 2023 podrían ser de nuevo los más votados. Esa es la conclusión a la que llegan, sin entrar en detalles sobre las particularidades que implican unos comicios autonómicos y municipales frente a unos generales.
Entiendo que es muy difícil que Vox supere al PP como fuerza más votada en las próximas autonómicas de esta Región. Y lo será todavía más si los populares consiguen, como pretenden, cambiar la Ley Electoral, situando el umbral para entrar en la Asamblea Regional en el 5% frente al 3% actual. Y ya no digamos si volviéramos a las cinco circunscripciones de antaño, tan beneficiosas tradicionalmente para los dos partidos mayoritarios.
Pero hay otro componente esencial en unas elecciones tan cercanas y directas como esas: se trata de esos ribetes que suelen reforzar a quien lleva instalado en el poder desde 1995, repartiendo prebendas y puestos de confianza y creando una tupida red que, a modo de telaraña, se encarga a posteriori de llevar a cabo una ferviente recolecta de votos. Ocurrió en Andalucía, durante tantos años regida por gobiernos socialistas; pasó en la Cataluña de Pujol y Convergència i Unió; ocurre en Castilla y León con el PP y, por supuesto, también en la comunidad autónoma murciana.
Junto a esto, fruto de un trabajo de muchos años, el PP mantiene una infraestructura en los municipios y pedanías muy por encima de la que pueda tener Vox, un partido relativamente nuevo, con dirigentes verderones todavía sin excesiva maduración. Eso también puede ser decisivo cuando se avecina un compromiso electoral en el que la destreza en la distancia corta y el efecto puerta a puerta juegan un papel preponderante.
Es verdad que Vox fue la primera fuerza en la Región, y que obtuvo casi 200.000 votos en las elecciones generales de 2019. Pero lo fue por el denominado efecto Abascal y no tanto por méritos de sus candidatos locales. La prueba está en cómo ha acabado su grupo parlamentario en la Asamblea Regional, dividido incluso entre los tres expulsados y con un solo parlamentario fiel a la dirección nacional.
Así las cosas, lo previsible es que el PP mejore sus resultados de hace tres años, cuando se quedó en 16 diputados -uno menos que el PSOE, que ganó-, y que Vox, incluso, redoble su presencia actual de 4 escaños. Los 6 representantes que entonces alcanzó Ciudadanos, que tienen todas las papeletas para desaparecer del arco parlamentario, podrían repartirse entre estas dos fuerzas. Lo que resulta evidente es que ninguna encuesta medianamente rigurosa augura, a fecha de hoy, una victoría del partido de Santiago Abascal en las autonómicas murcianas. Ello, a pesar de golpes de efecto como el del pasado miércoles, cuando se desplazó desde Madrid a Murcia para dejarse ver en la manifestación del campo y acaparar la atención de los medios informativos a bordo de uno de los tractores.
Cierto es que cuando en noviembre pasado a su máximo responsable regional, José Ángel Antelo, le preguntaron por el último barómetro de otoño del CEMOP, que les otorgaba 6 parlamentarios, el exjugador de baloncesto se mostró rotundo: “No creo en las encuestas. Y menos en las ‘Teoencuestas’ del CEMOP”, declaró haciendo referencia a una supuesta mano que mece la cuna demoscópica y que no sería otra que la del secretario general del PP, el ciezano Teodoro García Egea. Aunque, como reflejara Orwell en su distópica 1984, la cordura nunca dependió de la estadística.
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