Como consecuencia de la publicación en el BOE de la constitución del sindicato OTRAS, asistimos, nuevamente, al siempre controvertido debate en torno a la prostitución. Posiciones a favor y en contra de la regularización/normalización de la figura de la trabajadora sexual, que desde la aceptación hace gala de un discurso de la libertad y la igualdad. Yo no lo tengo muy claro, ¡lo reconozco!, pero no me convencen argumentos que se pretenden universales, cuando son más bien ideológicos (la verdad, lo bueno, lo posible).
En primer lugar, en el derecho a la libertad no cabe todo, ciertamente toda la prostitución no es trata (solo un altísimo porcentaje), pero si unimos situaciones que proceden de abusos, pobreza, adicciones... la voluntad queda bastante desdibujada, si bien reconozco que puede existir la demanda de ese derecho para un pequeño grupo, y que resulta poco democrático anular su voz.
En segundo lugar, frecuentemente se señala que es una actividad como otra cualquiera, que la explotación permea cualquier relación laboral. Quiero señalar que no es un trabajo como cualquier otro. La explotación no es únicamente consecuencia de la asimetría de poderes entre patronal y clase trabajadora. La explotación la realiza también el propio cliente desde una posición de género privilegiada, que sugiere y legitima una aceptación social de la hipersexualidad y dominación masculina.
Por otra parte, me permito poner como ejemplo el argumento que compara servicio doméstico con servicio sexual, para demostrar que no existe similitud. El trabajo doméstico es trabajo, puede ser en el espacio público (empleo), si es remunerado, o trabajo en el espacio privado (en la propia casa), que no es remunerado, pero trabajo en cualquier caso. Por su parte, las relaciones sexuales no son, en principio, un trabajo. El sexo debe ser placentero para quienes participan en el juego, o debería serlo, algo que no ocurre cuando se mercantiliza el acto y el cuerpo, por cuanto una de las partes (generalmente una mujer) es objetivada y consumida por la otra parte (generalmente un hombre), a quien le importa un pepino el asco que le produzca a la parte consumida, es decir, no contrata un servicio sexual normal, compra una violación.
Sin embargo, estamos tan acostumbradxs a aceptar a las mujeres violadas en la institución matrimonial (espacio privado), que no vemos la diferencia, ¿qué más da?... violar por creerse con el derecho y la confianza sobre la pareja, o violar por dinero. Es cierto, en cualquier caso, que ni unas ni las otras se sienten como tal (violadas), las unas porque cobran y el cliente adquiere el rol de consumidor, las otras porque a veces merece más la pena “aguantar un rato hasta que termine” que soportar su mal humor ante la negativa.
En tercer lugar, me gustaría saber cómo piensan regular y controlar la actividad:
Finalmente, me pregunto por qué de la necesidad de contar con un sindicato. Hasta lo que yo sé, lo ideal es que fueran autogestionadas para evitar los abusos, ¿quién estará detrás de la parte contratante?
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