No lo entiendo, de verdad que no. Cuando comienza un nuevo año las entidades tienen que preparar y poner a punto la contabilidad, las declaraciones de impuestos y sus cuentas anuales. Es un periodo donde se procede al cierre financiero del año anterior, para presentar la documentación en aquellos registros y organismos que velarán porque esté todo en regla. En el Tercer Sector, además de preparar cuentas anuales, hay aspectos un poco más específicos. Para entenderlo, hay que ver qué es el Tercer Sector.
El Tercer Sector está formado por organizaciones sin ánimo de lucro, de titularidad privada, cuya misión principal se orienta a la inclusión social de colectivos vulnerables, y cuyos beneficios se reinvierten en la propia actividad. Para ello pueden recibir fondos procedentes tanto del ámbito privado como público, y en cualquiera de los casos, cada euro que se emplea ha de estar perfectamente justificado según las normas dictadas al efecto. En los tiempos que corren, creo que estos controles no sólo son buenos, sino que son garantía de transparencia y claridad, así como manifiesta el buen hacer y honradez de la actuación profesional.
Las justificaciones que se hacen de cada subvención recibida, suelen presentarse durante los tres primeros meses del año. Una vez entregadas, el organismo pertinente procede a revisarlas por si se tiene que aclarar algo que no está lo suficientemente detallado. Normalmente, si trabajas de forma profesional y responsable, esta parte supone un trámite más, sin mayor complicación, que se ha de realizar para poder obtener este tipo de financiación.
Ahora bien, lo que en un principio se presenta con una finalidad positiva, se torna ineficaz cuando se exigen requisitos tediosos que exigen mucho papeleo poco efectivo, sin hacer uso de las ventajas del mundo digital. Por ejemplo, se han de imprimir los justificantes bancarios que vienen acreditados con el certificado digital de la entidad, sin que sea posible su presentación vía telemática. Esto implica que un profesional se tiene que dedicar a preparar todo el papeleo requerido, en la mayoría de las ocasiones en exceso, para responder a las exigencias de la Administración.
No estoy en contra del establecimiento de controles. Es más, considero que son positivos. Ahora bien, lo que me parece que no es de recibo es que mientras algunos debemos de justificar hasta el último céntimo con una exhaustividad exagerada, otros se dedican a desviar cantidades ingentes de dinero, dándonos cuenta de estos fraudes años después. ¿Dónde estaban los controles en esos casos? Como he podido comprobar año tras año, el sistema no contiene unos cauces ágiles y adecuados para dar una respuesta eficaz en cada una de estas situaciones. Por tanto, la pregunta es: ¿falla la Administración o fallan los que la dirigen? Debemos planteárnoslo.
Creo que el Estado debe de estar al lado del ciudadano dando respuesta a las necesidades que se le plantean. Para ello ha de contar con trámites y procedimientos ágiles adaptados a la realidad que regulan. Ahora bien, a cada uno su parte de responsabilidad. La Administración hará eso en el momento en que sus dirigentes hagan lo que tienen que hacer, es decir, llevar a cabo las reformas adecuadas para que sea una organización eficaz, y de ese modo poder garantizar que el dinero sea empleado para lo que fue solicitado y concedido.
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