Un año después de que la Confederación Hidrográfica del Segura abriera expediente de oficio a la institución docente y a una constructora por depositar áridos sobre el lecho de una rambla, y de que la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia –Huermur- denunciara la extracción de agua de una acequia destinada a regadíos para las obras de ampliación del campus de la UCAM, el organismo de cuenca ha impuesto en el día de hoy tres sanciones: la Universidad Católica y la constructora Apesán deberán pagar solidariamente 3000 euros por invadir el dominio público hidráulico con la tierra procedente del deslome de unos terrenos de la UCAM; la Junta de Hacendados tendrá que abonar 2000 euros por conceder permiso a la Universidad Católica para extraer agua de una acequia sin ser el organismo competente, y además, por tratarse de unos caudales destinados a regadío; y otras dos mercantiles que han participado en las obras deberán pagar 2500 euros por tomar agua de dicha acequia en el curso de los trabajos. Las sanciones de la CHS, confirmadas a este medio, agotan así la vía administrativa, pudiendo recurrir los sancionados ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa competente en un plazo máximo de dos meses.
Huermur ha mostrado hoy su satisfacción por la decisión de la CHS, afirmando que “las distintas infracciones de la Ley de Aguas han quedado demostradas”. En una nota de prensa, Huermur se explica: “La Comisaría de Aguas de la Confederación le ha recordado a la Junta de Hacendados que la Ley de Aguas indica claramente, sobre el agua de estos regantes, que quedará adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegosusos indicadosa otros distintos”. Para Huermur, “con ello queda desmontada la argumentación de la directiva de los regantes presidida por el condenado Sigifredo Hernández, en cuanto que el agua se usaba para regar caminos y que no levantaran polvo”.
Y no sólo eso. Del texto de la sanción, Huermur resalta que la CHS “ordena el cumplimiento en sus exactos términos de las concesiones (…) dado que en caso contrario podría dar lugar a la incoación de nuevos expedientes sancionadoresincoación de nuevos expedientes sancionadores”, y además, que “se procederá de forma inmediata a su exigibilidad mediante la imposición de nuevas multas coercitivas” si se siguen produciendo estas actuaciones ilegales. En otro párrafo de la sanción, la Confederación advierte a la Junta de Hacendados de que “se podrá dar traslado de todo lo actuado en las presentes actuaciones al Ministerio Fiscal, por un posible delito o falta de desobediencia tipificados en el Código PenalMinisterio Fiscaldesobediencia”.
El portavoz de Huermur, Pedro Fernández, ha declarado que tras un año de espera, la Confederación Hidrográfica les da una vez más la razón “demostrando las irregularidades en el funcionamiento de la Junta de Hacendados, cuyos directivos, encabezados por el condenado presidente, no deben seguir un minuto más en sus cargos”. Fernández ha añadido que “aquellos que nos dejan sin agua para dársela a algunas empresas a cambio de cantidades convenidas no pueden seguir gestionando nuestra agua”, y que “ninguna entidad ni institución puede estar por encima de la ley, sea la Junta de Hacendados, la UCAM, o cualquier empresa, por historia, su actividad o el volumen de negocio que tenga”.
Por último, Huermur ha querido recordar que la tierra vertida en la rambla procede del desmonte de la zona del Corralazo, una edificación protegida que fue derribada por la UCAM y por la que la Concejalía de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia está tramitando la correspondiente sanción. A este respecto, fuentes de la institución docente recogidas por el diario La Verdad adujeron que la protección de la edificación se limitaba a un escudo nobiliario que, en el momento de proceder al derribo, estaba ya desaparecido.
