Conocimos a través de los medios la reunión que la consejera Isabel Franco tuvo con varias asociaciones del colectivo LGTBI y lo que transmitieron es más de lo mismo que con el PP: buenas palabras, una foto con la que todas se conforman y un “hasta la próxima”.
Sin desmerecer el trabajo que las asociaciones han hecho por el colectivo a lo largo de su historia, habría que recordarle a la consejera que dichas asociaciones representan a sus asociados y que ella, como servidora pública, tiene que escuchar a estas organizaciones pero gobernar para todos, financiando suficientemente las leyes aprobadas por la Asamblea Regional y asegurando su cumplimiento más allá de cuestiones puntuales. Porque la igualdad no es solo cosa de unos pocos ni de buenas intenciones.
Un buen paso de Franco para demostrar una propuesta realista y no de puro postureo, hubiese sido una reunión con su homóloga de Educación para asegurar lo que dicen las leyes: el abordaje de la diversidad afectivo-sexual en el aula dentro del currículum, con formación suficiente para el profesorado y no como charlas puntuales que ofrecen entidades externas.
Y si alguien tiene miedo al adoctrinamiento, desde Educafectos recomendamos a los padres que actúen con conocimiento de causa, es decir, que se informen y se formen del contenido curricular que recibirán sus hijos. Porque se nos olvida que a lo que es de ley nadie puede negarse, algo que también parece, por sus actos y declaraciones, que ni Vox, ni Isabel Franco, ni nadie en el gobierno regional del PP en los últimos años han tenido claro.
Negar la educación afectivo-sexual en la escuela -en las etapas más tempranas- es dar la espalda a la realidad. Sobre todo en una Comunidad Autónoma como Murcia donde por ejemplo, con demasiada frecuencia, la prensa informa de juicios por abusos sexuales a menores (en los últimos dos años hemos visto innumerables casos) que solo se podrían evitar en buena medida con formación, dando herramientas a los niños para que aprendan a decir “no” y dar la voz de alarma en caso de intento de abuso.
En la Región tampoco se ha constituido el Observatorio contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género que haga un seguimiento real de los casos de LGTBIfobia, con presupuesto y un grupo de profesionales independientes que aseguren su buen funcionamiento.
Y todo es tan fácil como poner en marcha y asegurar lo que dice la Ley 8/2016 de 27 de mayo más de 3 años después de su aprobación. Señora Franco: el camino de baldosas amarillas está marcado.
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