El pasado 3 de octubre se presentó en Murcia la #iniciativagua2015 y su Pacto Social por el Agua Pública, surgido en el seno de movimientos sociales y de organizaciones vecinales, de consumidores, ecologistas, científicas y operadores públicos, entre otros. El objetivo del Pacto Social por el Agua Pública es extender a toda España su denuncia del modelo de gestión privada del agua en los municipios, señalar los perjuicios que está ocasionando a los ciudadanos y hacer un llamamiento a los partidos políticos y plataformas ciudadanas para que incorporen las peticiones del pacto a sus programas electorales de cara a las próximas elecciones municipales. Con ello pretenden que se produzca “el cambio a un modelo cien por cien público de los servicios básicos de competencia municipal que garantice una calidad de vida digna para todos”, poniendo el acento en el agua como derecho humano y bien esencial para la vida.
El Pacto Social por el Agua Pública tuvo su primera presentación oficial del país en Murcia, como colofón a una Jornada que llevó por título “Remunicipalización: El retorno de los servicios básicos a manos públicas. Hacia un pacto por el agua pública y transparente”. El acto se celebró en el campus de la Merced de la Universidad de Murcia, y entre los numerosos asistentes estuvieron los representantes de la plataforma por el agua pública de Alcázar de San Juan, y miembros de diversos movimientos sociales y partidos políticos de la Región de Murcia.
La Jornada contó con la introducción de Juan Ortín –director del Departamento de Sociología y Política Social de la UMU-, y de Luis Babiano –gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS-. Como ponentes participaron Andrés Pedreño –sociólogo de la UMU-, Miguel Ángel Alzamora –miembro de la Asamblea Agua Pública 100% Región de Murcia-, Pablo Sánchez –representante de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos-, Jordi Colomer –miembro de la Candidatura de Unidad Popular y responsable de la remunicipalización del agua en Arenys de Munt, Cataluña- y Santiago Gutiérrez –consejero delegado de Medina Global, empresa pública de gestión del agua en Medina Sidonia, Cádiz-.
En opinión de Luis Babiano, en lo referente a la remunicipalización, “las cuestiones técnicas están encima de la mesa, pero cuando se habla de la gestión del agua urbana se está hablando sobre todo de la construcción de la ciudad; de la contraposición de un modelo inclusivo frente al modelo de exclusión que supone la gestión privada del agua”. Para Babiano, “el derecho humano al agua es un derecho colectivo y social propio del espacio social de convivencia que supone la ciudad”.
El gerente de AEOPAS llamó a los ciudadanos a dar un nuevo impulso para “reformatear” las Instituciones y ofreció algunos datos: “En España hemos pasado de una situación en la que el 63% del agua urbana estaba en manos de sociedades públicas en 1996, a otra en la que el 57% ya está en manos privadas en este mismo año 2014”. En su opinión, “los ayuntamientos usan este sistema para aliviar su desastrosa situación financiera, y claro, el sistema es rentable si los ciudadanos pagan; y la gente ya se las apañará para pagar”. Según Luis Babiano, en algunos casos se habla de empresas mixtas en las que los ayuntamientos acaparan la mayoría del capital pero no tienen capacidad de decisión: “Las empresas suben el recibo sin necesidad de invertir en mejorar las infraestructuras, porque generalmente todo eso lo pagan los fondos europeos de cohesión, de modo que se cobra más al usuario sólo por aumentar el beneficio”.
Miguel Ángel Alzamora, de la Asamblea Agua Pública 100% Región de Murcia, afirmó que “con este sistema se pone en riesgo la vida de las personas”, y tras mostrar una imagen de una vivienda de San Pedro del Pinatar con bidones de campaña en la puerta, lamentó: “Ésta es la región del ‘agua para todos’”. Alzamora también denunció la presión mediática de las empresas de gestión de agua, ya que, en su opinión, “cada vez que hacemos jornadas como éstas, EMUASA -empresa que gestiona el agua en la capital de la Región- incluye noticias en los medios diciendo que donan dinero a Cáritas, o que se les ha declarado ‘Empresa Social 2014’…”. Para Alzamora, “el enemigo es muy grande”, y además, no entiende que la gente no se haya levantado ya, “cuando en Murcia tenemos el agua más cara de toda España”. En su opinión, hay que difundir el concepto ‘remunicipalización’ como se hizo con la dación en pago de las PAH, y no aspirar “a cualquier remunicipalización, sino a una que garantice una mayor participación ciudadana”.
Para Pablo Sánchez, representante de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, el debate sobre la remunicipalización no debe quedarse sólo en la gestión del agua por una empresa pública, sino también en qué clase de empresa pública se quiere construir: “Si la empresa pública va a ser como otra empresa, no sirve”. Para Sánchez, “eficiente no es igual que eficaz, y siempre se dice que lo privado es más eficiente pero jamás se ha podido demostrar con datos”. En su opinión, “se trata de una idea que ha calado en la sociedad, y es un mito, un mito que se puede combatir con cifras”. Según Pablo Sánchez, “necesitamos otro tipo de empresa pública distinto al de la postguerra, con gerentes que sean militantes de otra manera de hacer las cosas, lo cual resulta difícil porque los actuales centros de formación en gestión empresarial son auténticos centros de lobotomía”.
El representante de la Federación Sindical Europea expuso las claves para llevar a cabo el proceso de remunicipalización del agua: “Hay renovar los códigos éticos, tener decisión política, preparar a la sociedad para que participe, ser transparentes y crear conciencia de lo público, es decir, abrir a la gente a todo el proceso para que participe”. Pablo Sánchez cree que “las políticas que quiere imponer la Troika suponen la continuidad de las políticas de los 70, las de Thatcher”, pero añade: “Cuando te privatizan el agua, te queda poco que conservar; hay que ir a la ofensiva”. Por eso considera que “va a ser un combate a muerte, porque ya sabemos que si le tocas el corazón al dragón, es capaz de volverse muy maligno”. En su opinión, “como alguien sea capaz de quitarle a las grandes empresas la gestión del agua en una gran ciudad española, le van a llover hostias por todos los lados”.
Por su parte, Jordi Colomer, miembro de las CUP y responsable de la remunicipalización del agua en Arenys de Munt, repasó punto por punto el proceso técnico y administrativo a seguir para retomar el servicio de agua en un ayuntamiento, señalando pros y contras, dificultades y ventajas, desde la revisión del contrato con la empresa privada y las opciones de rescisión, hasta el estudio de viabilidad, configuración, puesta marcha y revisión del nuevo servicio público de agua mediante un sistema participativo, en el que los ciudadanos tienen cabida y capacidad de decisión. Para Colomer, el servicio público es de entrada un 30% más económico, “porque si bien aumenta el capítulo 1, baja el capítulo 2 de gastos del ayuntamiento”. En ese sentido, ante las dudas que puede generar el proceso en los trabajadores de las empresas privadas por la posibilidad de perder sus empleos, Colomer matizó que “es importante velar por las condiciones laborales y medioambientales”. A ese respecto, Luis Babiano, gerente de AEOPAS, añadió que “la remunicipalización es también una necesidad laboral”. Según Babiano, “la contratación privada tiene una ventaja para el político, y es que puede meter a trabajar a sus amigos”.
Siguiendo con ese asunto, el gerente de Medina Global, Santiago Gutiérrez, comenzó su ponencia afirmando: “Subrogamos derechos, no privilegios”. Gutiérrez lamentó que “parece que lo privado es lo nuevo, y que los que abogamos por lo público somos los antiguos, y no es así”. En su opinión, “la privatización del modelo neoliberal es muy antigua y ya la hemos probado”. El gerente de la empresa pública de agua de Medina Sidonia puso el acento en la voluntad política y coincidió con Pablo Sánchez al afirmar que “no está demostrado con números que la empresa privada sea más eficiente”. Sin embargo, afirma demostrar lo contrario: “Medina Global tiene entre un 10 y un 15% de beneficio, y ese beneficio no se va a otro sitio, al consejo de administración de una gran empresa en una gran ciudad, sino que se queda en nuestro pueblo; por ejemplo, nosotros hemos tenido 130 mil euros de beneficio que se reinvertirán en la sociedad”. Tras proclamar que “para defender lo público hay que creer en lo público”, Santiago Gutiérrez expuso su última factura de agua ante la incredulidad de los asistentes por el bajo precio, y sentenció: “Curioso este tiempo en el que tenemos que defender lo evidente”.
La jornada terminó con la lectura del Pacto Social por el Agua por parte de Quim Pérez –Aigua és Vida y Ecologistas en Acción Cataluña-, Julia Martínez –Ecologistas en Acción de la Región Murciana- y María Giménez –Asamblea Agua Pública 100% Región de Murcia-, y con el llamamiento a los partidos políticos para que se sumen a las peticiones y las incluyan en sus programas electorales.
