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REGIÓN DE MURCIA

Toca ya recuperar el derecho a no sufrir daño en el trabajo

Durante el año 2017 se produjeron en la Región de Murcia un total de 18.575 accidentes

La Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este derecho constitucional en la Región de Murcia se está viendo sistemáticamente incumplido

Otro 28 de abril celebraremos el Día Internacional de la Salud y Seguridad Laboral sin que la tendencia al crecimiento de los accidentes de trabajo que se abrió en 2012 se haya alterado. Es un síntoma más que evidencia que todo el esfuerzo pedido a los trabajadores y trabajadoras de este país para contribuir a la salida de la crisis no está siendo reconocido a la hora de devolverles todo lo perdido, que es mucho, en el campo de la prevención de los riesgos laborales.

Durante el año 2017 se produjeron en la Región de Murcia un total de 18.575 accidentes de los cuales 16.309 ocurrieron durante la jornada laboral y 2.266 fueron accidentes in itinere. Esto es un incremento del 7,8% respecto a 2016, mientras que los accidentes in itinere crecieron un 1,6%. Hablamos de más de 50 accidentes al día.

Por sectores de actividad, vemos que donde más golpea la precariedad es donde más aumentan los accidentes: en construcción, servicios y agricultura. Destaca el incremento experimentado por la construcción con respecto al resto, al aumentar un 17,9% los accidentes con baja en jornada de trabajo. La situación del trabajo en el campo murciano, con más de 4000 accidentes al año, no puede esperar un minuto más. Se debe atajar con rapidez. No nos podemos levantar con las noticias de una tragedia laboral cada dos días.

En cuanto a la incidencia de las enfermedades profesionales en la Región de Murcia en 2017, también hubo un incremento de partes de enfermedad del 34,7%. Este dato tiene una lectura positiva pues significa que ha crecido la visibilidad del problema de las enfermedades profesionales, una cuestión que sigue estando muy sub-representada e invisibilizada. Tiene también, evidentemente, una lectura negativa, pues estamos hablando de que crece el número de trabajadores o trabajadoras con alguna enfermedad vinculada a algún riesgo laboral. Ese incremento del 34,7% nos habla, en definitiva, de aquellos que han visto deteriorada su capacidad auditiva por el ruido laboral o los que sufren la epidemia de las enfermedades respiratorias vinculadas a ambientes laborales de riesgo: fibrosis pulmonar, placas pleurales, asma, silicosis, cánceres derivados de la inhalación de fibras de amianto, sílice, humos metálicos, soldadura,…etc.

Todos estos daños se podrían evitar si existiera una política de prevención digna de tal nombre. Ciertamente la precariedad (eventualidad, fraude laboral, externalizaciones o ETTs) constituye una atmósfera propicia para el accidente o la enfermedad profesional. A ello se añade que las Reformas Laborales de 2010 y 2012 han debilitado las protecciones colectivas de los trabajadores. Ahora bien también es cierto, y hay que decirlo muy claramente, que las empresas, con la connivencia de los poderes públicos, están liquidando la política preventiva. No se invierte en reducir o evitar con más o menos acierto los accidentes de trabajo y se minusvalora los riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales presentes en el puesto de trabajo. Eso sí, se invierte mucho en tratar de evitar las indemnizaciones de daños a los enfermos o familiares de las víctimas del amianto, la silicosis, la siderosis… No solo las empresas incumplen la ley, los servicios médicos de las empresas también se dedican a ocultar el origen laboral de muchas enfermedades.

La Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este derecho constitucional en la Región de Murcia se está viendo sistemáticamente incumplido. Lo saben las víctimas del amianto cuando se encuentran con que Repsol se niega a entregar a las autoridades públicas el listado de trabajadores que estuvieron expuestos a amianto durante su vida laboral. Lo experimentamos ante nuestros ojos cuando vemos que el antaño “organismo autónomo” Instituto de Salud y Seguridad Laboral (ISSL) no solamente le ha sido negada su capacidad de autoridad en la prevención de riesgos laborales al dejar de ser autónomo, sino que además Presupuesto Regional tras Presupuesto se mata al organismo que debería velar por la prevención de riesgos laborales en la Región de Murcia. El ISSL ha visto mermado su capítulo de personal en los últimos años casi un 40%; sigue sin cubrir perfiles técnicos que requiere para hacer con eficacia su trabajo y su dotación presupuestaria sigue siendo raquítica y muy inferior a la que tenía en 2012. Desde febrero de 2017 el ISSL siquiera saca estadísticas sobre accidentes de trabajo. A nivel estatal sí, pero a escala regional no se ha publicado nada desde febrero de 2017. ¿Es este el interés del gobierno regional en la política de prevención de riesgos? ¿Cómo se va a hacer una política efectiva sin conocer los datos de la realidad de los accidentes de trabajo? No es serio, es bochornoso (y anti-constitucional).

La prevención del riesgo laboral como derecho constitucional se vio concretado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Desde el año 2012 este derecho parece en quiebra, pues cambió la tendencia histórica a la disminución del accidente de trabajo y desde entonces año tras año se producen nuevos incrementos de los accidentes. Los que sufren a diario entornos laborales que propician el accidente de trabajo o los que cada día arrastran la secuela de una enfermedad profesional (por amianto, por la sílice, por lesiones músculo-esquelético, etc.) padecen la violencia de la negación de este derecho constitucional. Si estamos saliendo de la crisis, nadie más debería lesionarse en el trabajo o adquirir una patología profesional por estar expuesto a un medio laboral de riesgo.

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