La política, en democracia, debería ser una ocupación cuyo principal objetivo consistiera en mejorar las condiciones de vida del pueblo, y no en una especie de técnica para conseguir y mantener el poder a toda costa.
Lamentablemente en la Región de Murcia, cada vez que se habla de agua y de agricultura, las finalidades propias más nobles de la política quedan desplazadas por el interés del PP y sus organizaciones afines por mantener el poder, aunque sea a costa del desierto y la ruina del mañana.
Lo que ha ocurrido con el Mar Menor, donde los gobiernos han hecho oídos sordos a 30 años de evidencia científica que alertaba de que la actividad agrícola intensiva es incompatible con la preservación de la laguna es un ejemplo lamentable de lo que puede pasar con el regadío del sureste español si seguimos abordando el problema desde la propaganda y la falta de rigor.
Nos encontramos, es cierto, en un importante periodo de sequía, lo cual no es nada nuevo, teniendo en cuenta que vivimos en un clima de tipo mediterráneo, una de cuyas características principales es la existencia de sequías. En los periodos de escasez los territorios y empresas tienden a competir por el derecho a disponer del suficiente líquido elemento para cubrir lo que consideran sus necesidades.
Esta vez, la sequía no sólo afecta al sureste de España, sino que también afecta al Río Tajo, lo cual, teniendo en cuenta la reserva legal de agua en cabecera, hace que la situación de los pantanos no permita realizar trasvases de agua. La situación es grave, nadie lo niega, y puede serlo aún más en el futuro.
La agricultura regional (en eso estamos de acuerdo todos los partidos políticos) es un sector estratégico, que necesitamos preservar, tanto por razones económicas, de empleo, como por razones emocionales y culturales. Desde la llegada de las aguas del trasvase Tajo Segura a la región, en 1979, el modelo de agricultura regional fue evolucionando hacia un sector potente, de gran importancia socioeconómica. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce tras el auge de la agricultura intensiva:
El problema es que, frente al cambio climático y la sequía, la demanda de agua no puede seguir aumentando ilimitadamente. Ya en 1986 la Ley Estatal de Aguas prohibió la ampliación de las superficies de regadío. Sin embargo, la administración unas veces no ha querido y otras no ha podido detener el aumento de la superficie agrícola convertida a regadío.
Frente a la necesidad de rigor para afrontar un problema que se veía venir desde hace décadas, el PP optó desde el año 2004 por utilizar el agua como arma arrojadiza y caladero de votos. Mediante su defensa del inviable Trasvase del Ebro y la campaña “agua para todos”, se dedicó a dar a la población falsa expectativas de una mayor disponibilidad de agua para el futuro. Como hitos de la indecencia e irresponsabilidad de aquel periodo del “agua para todos” nos queda en el recuerdo que, a través de la ley del suelo, se incentivó la recalificación masiva de miles de hectáreas de terrenos agrarios a terreno urbanizable. Por aquel entonces escuchábamos a políticos como Valcárcel, Camps o Rajoy prometer “más agua, para todos, y gratis”.
Durante estos últimos años, fracasado ya el intento de convertir toda la “amada huerta murciana” en urbanizaciones con campos de golf, el PP, en lugar de reconocer sus irresponsabilidades del pasado, ha seguido negando la evidencia de que la región tiene que evolucionar hacia un modelo de regadío más sostenible y echando la culpa de la falta de agua al tiempo y a los demás partidos.
Desde IU-verdes, venimos defendiendo, a menudo en solitario, que la solución a los problemas hídricos presentes y futuros pasan por olvidarnos de la propaganda y aplicar, sin más dilación, los principios de la nueva política del agua. Es imprescindible cambiar el modelo de gestión:
En primer lugar proponemos transparencia y honestidad total en lo referente a la gestión de los recursos hídricos: hacer públicas las concesiones, publicar los mapas de regadío, perseguir la ilegalidad y salvaguardar el regadío tradicional, clausurando los aprovechamientos ilegales. Está gestión opaca e irresponsable es la causante de graves daños medioambientales en esta región, como por ejemplo, una parte de la situación que hoy vivimos con el Mar Menor.
En segundo lugar proponemos la combinación de desalación, aprovechamiento sostenible de ríos y pozos. Igualmente, continuar con la depuración y la reducción de pérdidas.
Respecto al Trasvase Tajo Segura, defendemos una gestión consensuada con Castilla la Mancha, con el aprovechamiento conjunto de las aguas trasvasadas y la realización de trasvases cuando sean posibles y viables. No ofrecemos el humo irresponsable de nuevos transvases que hoy día sólo pregonan los propagandistas.
El tercer eje de nuestra propuesta pasa por favorecer una evolución gradual del modelo agrario extensivo hacia otro cada día más sostenible, eso implica también apoyar con incentivos el rejuvenecimiento de la población agraria y promover desde la administración un modelo de explotación más limpio y cercano. Más que seguir hablando de la huerta de Europa, nos convendría hablar de la futura “huerta limpia de Europa”.
En conjunto, las propuestas que tratan de conseguir más oferta de agua, obviando y escondiendo la necesidad de gestionar la demanda, están condenadas al fracaso como lo está tratar de llenar una piscina sin arreglar antes sus agujeros. Ya toca compatibilizar políticas de oferta y de demanda a un mismo nivel.
*José María Ortega es Responsable de Agua IU-Verdes RM
0