A finales de julio estará lista la nueva orden de precios públicos por servicios académicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Lo hará, un año más, con retraso respecto al plazo de inicio de matriculación. Y lo hará, un año más, sin la igualación del precio de los másteres respecto a los grados y sin la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula para no becarios, una medida que garantiza la progresiva gratuidad de la educación superior.
Que cada asignatura aprobada te haga no tener que pagar otra es una medida razonable e incentivadora. Más allá de las idas y venidas del sistema de becas o de sus particulares baremos –que hacen perder en ocasiones la beca a buenos estudiantes–esta medida permitiría a muchas compañeras y compañeros cursar sus estudios de Grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro del 75% de los costes, y a los estudiantes de Máster, habilitante y no habilitante, afrontar sus estudios de posgrado de forma casi gratuita. Es una propuesta moderna y que mitigaría los efectos de la pérdida de beca para muchos compañeros y compañeras, a los que tampoco llegan unas exiguas ayudas al estudio propias. Es cierto que de esta medida se pueden beneficiar alumnos de familias con un alto poder adquisitivo, pero es que los servicios del Estado de Bienestar no se deben financiar por precios públicos, sino a través de un sistema tributario progresivo capaz de redistribuir la riqueza.
La gratuidad de la educación superior da buena cuenta de la fortaleza y madurez de un Estado de Bienestar y es un instrumento fundamental para luchar contra la desigualdad dentro y fuera de los límites de las instituciones educativas. Es un verdadero “mazazo” que los estudiantes murcianos no puedan disfrutar de esta bonificación mientras que a 200 kilómetros, en la Universidad de Almería, ya está puesta en marcha. También lo estará dentro de poco en otras regiones como Extremadura o Valencia. Se trata de un problema de voluntad política por parte del Gobierno regional. Los aproximadamente 15 millones en los que se cifra su coste –compensación por pérdida de ingresos que se debería hacer– no deben ser tan difíciles de cuadrar en un presupuesto que supera los 4.500 millones de euros, si bien, como en todo presupuesto, la asignación de partidas responde a un orden de prioridades coincidente con los valores del Ejecutivo que lo redacta.
Esta orden de precios, previsiblemente, también incluirá, respecto a la forma de pago, el aumento de los plazos hasta 7 (actualmente está en 6), un aumento que se sitúa muy lejos de los 10 reivindicados. También quedará pendiente previsiblemente en esta orden de precios la reducción de tasas por expedición del título académico, que actualmente se sitúa en unos excesivos 215€. Ese dinero se suma a otras cantidades diversas de dudosa justificación como el pago de 18€ anuales por gestión de expediente académico o los 78€ más otros 18 por específica que se tienen que afrontar en las pruebas de acceso. Tampoco podemos olvidar la urgente necesidad de sustituir el pago de matrícula de asignaturas del segundo cuatrimestre no vueltas a cursar por el abono de los derechos de examen en la convocatoria de enero.
En resumen, las universidades públicas tienen que hacer comprender al Gobierno regional que es el momento de transformar su modelo de financiación, descargando de las familias y los precios públicos lo que debería ingresarse por transferencias de la Administración autonómica.
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