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'Es Ahora Murcia' denuncia la cesión de suelo público para fines privados

Obras de ampliación del campus de la UCAM / Imagen: Huemur

Pedro Serrano Solana

Murcia —

La formación, liderada por Alicia Morales, ha puesto el foco sobre la política del PP en materia de suelo municipal, “ya que en numerosas ocasiones en estos años, terrenos que eran propiedad del Ayuntamiento han sido regalados, literalmente, o vendidos a precio de saldo, para su utilización con fines privados”.

“La primera alternativa debe de ser siempre que el Ayuntamientos mantenga en su propiedad estos terrenos para construir en ellos infraestructuras de uso público y de interés común”, explican, y “sólo en los casos en que esto no sea posible, debería haber una subasta pública del suelo para venderla al mejor precio posible”. Lo que no es asumible, prosiguen, es que “el gobierno municipal lo regale o venda muy por debajo de su precio, con el agravante de que la finalidad de lo allí construido sea particular”.

En opinión de Es Ahora Murcia, las cesiones de terrenos a entidades o asociaciones deben tener como finalidad el interés general, en lugar de, como denuncian, “responder a tema de amiguismo, redes clienterales o pago de favores”. Como ejemplos de lo ocurrido en los últimos años, la candidatura cita “la residencia de ancianos privada construida en el Ranero por Bacon Bridge S.L.; la cesión de un terreno para la construcción de un colegio concertado en Santiago el Mayor; la parcela para que un grupo empresarial de Madrid construya una clínica privada en la zona de Nueva Condomina; y el regalo a Intersa de la parcela del complejo JCI, en Espinardo, para la construcción de un hotel a cambio de que realizara unas instalaciones deportivas que, además, finalmente han sido arrendadas”.

Como caso aparte dentro de la gestión del suelo municipal, Es Ahora Murcia denuncia “el continuo trato de favor dado por el PP a la UCAM”. “No sólo se le cedieron más de 100 mil metros cuadrados para la construcción de su campus, sino que se les ha permitido construir sin licencia y realizar derribos de patrimonio histórico, como el caso de El Corralazo, edificio histórico protegido del siglo XVI, y por cuyo derribo ni siquiera se les ha abierto expediente”.

Por último, la candidatura de Alicia Morales ha expresado su exigencia “de que los edificios históricos o emblemáticos de la ciudad” sean “de uso público, y en ningún caso vendidos a entidades privadas”.

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