Antonio Jiménez (UGT): “El Consejo de la Transparencia está atado de pies y manos”
Jiménez recuerda que “el Consejo de la Transparencia regional es un órgano independiente de control en materia de transparencia, que tiene encomendada la función de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como la de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Fue creado por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana, que entró en vigor, el 19 de diciembre de 2014”.
Anotio Jiménez ha señalado que “desde entonces y transcurridos ya diez meses, se ha reunido solamente en dos ocasiones, la primera el 30 de julio de 2015 para su constitución formal y la segunda el 28 de septiembre”. Además, ha dicho, “carece de asignación de medios personales y materiales”. “No tiene sede física en la que desarrollar sus funciones y a la que puedan dirigirse los interesados y continúa a la espera de un Reglamento para ordenar su organización y funcionamiento, sin tener aún protocolo de actuación alguno”, ha añadido Jiménez.
Asimismo, el secretario general del sindicato en la Región de Murcia ha manifestado que “UGT no está dispuesta a figurar sólo nominalmente en este órgano que, en la actualidad, se encuentra sin posibilidades reales de actuación”. “Si no se dota de medios adecuados a este Consejo, para que pueda atender sus obligaciones legales con carácter urgente, ningún miembro del sindicato participará en el mismo”, ha insistido.
Para el secretario general de UGT de la Región de Murcia, “las funciones que tiene atribuidas son de suma importancia para asegurar la eficacia y adecuado cumplimiento de las obligaciones legales en materia de publicidad activa y derechos de acceso”. “Nos preguntamos -ha añadido, si mantenerlo atado de pies y manos responde a los intereses de la Administración por interpretar la transparencia a su libre criterio”.
“De hecho, y aunque entra dentro de sus funciones adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones establecidas en la Ley, no se ha pedido a este órgano que se pronuncie, ni a priori ni a posteriori, respecto a cómo interpretar el art. 13.2 a) de la Ley regional de Transparencia, procediendo”, según la ha calificado Antonio Jiménez, “a la sorpresiva publicación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de Administración y Servicios, incluyendo datos especialmente sensibles, de carácter personal, de estos empleados públicos y excluyendo, en cambio, los datos relativos al personal docente o sanitario”.
“Se trata, además, de un ejercicio interpretativo que difiere radicalmente de lo concluido por el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos -a los que sí consultó la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración del Ministerio de Presidencia (OPERA) cuando se encontró en una tesitura similar pero a nivel estatal-, ya que ellos entendieron que respecto a los funcionarios que obtuvieron su plaza a través de los procedimientos establecidos en la legislación reguladora de la función pública, debía prevalecer el derecho de estos empleados públicos a la protección de sus datos personales”, ha relatado.
El Secretario general de UGT de la Región de Murcia, ha dicho además que “UGT cree y defiende la transparencia en la gestión pública como un pilar fundamental de nuestro sistema democrático; ahora bien, el cumplimiento de las exigencias legales en materia de transparencia debe ser necesariamente compatible con un ejercicio de ponderación de intereses dignos de protección”.
“Se trata, precisamente, de evitar vulnerar derechos fundamentales por un lado, y actuaciones arbitrarias por otro lado; la Administración, en lo que parece más una estrategia de maquillaje de su gestión pública que un ejercicio escrupuloso de transparencia, ha actuado en este caso sesgadamente y sin las garantías adecuadas”, ha expresado el dirigente sindical.
En atención a dichas circunstancias, UGT solicitará, con carácter urgente, “una reunión del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia para promover un pronunciamiento del mismo respecto a este hecho y, a través del propio Consejo, otra reunión con los Consejeros de Economía y Hacienda y de Presidencia, con el fin de pedir que se habilite materialmente al Consejo de la Transparencia para que pueda ejercer sus funciones y revisar el ajuste de esta publicación y, en su caso, de la propia Ley que la permite, a la legalidad de orden superior que protege el derecho a la intimidad de las personas”.
