El Congreso tramitará por segunda vez la eliminación de aforamientos en la Región de Murcia
La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia para eliminar la condición de aforados de sus políticos se tramitará por segunda vez en el Congreso de los Diptuados. El proceso, aprobado el 12 de septiembre de 2017 y paralizado tras la disolución de las Cortes Generales y los comicios del 28 de abril, ha tenido el visto bueno de la mayoría de los grupos parlamentarios, a falta de la votación final.
Con la modificación de los artículos 25.2. y 33.7 del Estatuto, la Asamblea Regional busca eliminar el aforamiento a sus 45 diputados, la ejecutiva regional y su presidente, Fernando López Miras.
Desde Murcia se han desplazado hasta el Congreso el presidente del parlamento regional, Alberto Castillo, miembros de la Mesa de la Asamblea, representantes de los cinco grupos de la cámara y los tres comisionados para la defensa de la propuesta de modificación del PSOE, PP y Cs.
El secretario general del PSRM y portavoz del grupo parlamentario socialista, Diego Conesa, ha defendido la reforma parcial del Estatuto de Autonomía y ha criticado que los populares la paralizaran “diez veces” y Ciudadanos “otras trece”. “Esperamos que en este caso no den marcha atrás”.
El portavoz del grupo parlamentario popular, Joaquín Segado, ha dejado señalado que desde su agrupación apoyan “limitar y reducir el número de aforados en nuestro país”, y ha reclamado desde la tribuna de la Cámara baja “un debate nacional” sobre este asunto para no crear “una España de dos velocidades en materia de regeneración democrática”.
Juan José Molina, portavoz del grupo parlamentario naranja en la Asamblea Regional de la Región de Murcia, ha indicado que “mientras existan los aforamientos, las resistencias a ceder el control político del Consejo General del Poder Judicial y la designación de los jueces de los Tribunales Superiores serán enormes”.
La diputada regional de Podemos, María Giménez, ha recordado con respecto a los aforamientos, la “dantesca” situación vivida con el expresidente regional del PP, Pedro Antonio Sánchez: “Debemos de garantizar que quiénes saquean nuestro país, nos roban y nos intentan quitar nuestro futuro, comparecen y dan cuentas ante la Justicia sin ningún tipo de ventajismo”.
En el turno de fijación de posición, se han manifestado a favor de la tramitación todos los grupos del Congreso, excepto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ha optado por abstenerse.
La diputada del PSOE Marisol Sánchez Jodar ha advertido, no obstante, de que la reforma podría quedar paralizada de nuevo si finalmente no hay acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y se convocan nuevas elecciones generales.
Por su parte, el diputado nacional por Cs Miguel Garaulet ha lamentado que tanto PP como PSOE “a pesar de sus reiterados golpes en el pecho a favor de la transparencia y regeneración hicieran un 'papelón' en el trámite parlamentario, cuando se paralizó al no haber siquiera presentado a sus ponentes varios grupos parlamentarios.
El diputado de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, ha expresado que acabar con los aforamientos es una “medida necesaria, pero no suficiente.Una política anticorrupción efectiva requiere de medidas y políticas públicas algo más ambiciosas”. En esta línea, Serna ha planteado la conveniencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal del PP y sus plazos de instrucción.
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