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La juez de `Novo Carthago´ considera que Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo, recibió “dádivas” a través de su familia

La instructora del caso señala que la hija mayor y el cuñado del expresidente de la Región de Murcia habrían recibido los presuntos pagos 

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Valcárcel reivindica el papel de autoridades locales y regionales ante los retos y desafíos de la Unión Europea

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La magistrada del `caso Novo Carthago´, Miriam Marín García, ha enumerado las “dádivas” que habría recibido el expresidente Valcárcel por parte de Rafael Galea (Hansa Urbana) para que facilitara el proyecto urbanístico en el espacio protegido en Cartagena a través de su hija mayor  Rosario Valcárcel Cruz y su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro en el auto firmado en el juzgado de instrucción Nº 2 de Murcia.

El auto, dictado el pasado día 15 de junio, señala que “del conjunto de lo instruido resultan indicios que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la reclasificación urbanística que era necesaria para el proyecto Novo Carthago, se entregasen por Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto, entre ellos, al anterior Presidente de la Comunidad, que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur.”

La juez Marín García pone de manifiesto con mayor claridad los indicios de presunto cohecho contra el expresidente que ya señalara hace un año el magistrado Manuel Abadía desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.

La juez afirma en el auto que “existen indicios de una actuación coordinada entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, coordinación que sólo se puede conseguir desde ciertas atalayas administrativas”.

El auto dice que el actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, asistió a la presentación del proyecto urbanístico promovido por Hansa Urbana, que exigía urbanizar un Espacio Natural Protegido, el mismo día que el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá comenzaba con las tramitaciones para dicha gestión. “Su mera presencia implicaba un respaldo político de máximo nivel al proyecto, en detrimento del interés público, que le obligaba a garantizar la preservación de un espacio natural protegido”. “La coincidencia de fechas no parece casual, sino fruto de una coordinación”, añade el auto.

La juez señala, por una parte, los ingresos de la hija de Válcarcel tras la boda con Fulgencio Perán en octubre de 2007 revelados por la Agencia Tributaria al no recordar la pareja el regalo de boda de Galea, quien asistió a la celebración. Y por otra parte, su injustificada contratación en un despacho de abogados de Jerez de la Frontera en 2006 y 2007.

En el auto se considera “anómala” la contratación de Rosario Valcárcel, quien ha sido llamada a declarar el próximo 29 de junio, “cuando la misma era la única empleada que no residía en Andalucía, que tenía un sueldo por encima de la media de los otros trece que trabajaban para el despacho y que, `a priori´, no reportaba utilidad a la empresa” para concluir que “es posible que la contratación de la Sra. Valcárcel por parte de SYJEQ hubiese sido promovida por Hansa para encubrir una `dádiva´ hacia la familia Valcárcel”.

Otra recompensa económica se produjo a través de la venta al expresidente murciano por parte de la promotora Hansa de la finca Faromur en 2004 por cuatro veces menos de su valor real en plena recalificación de Novo Carthago.

En el auto se considera “ilógico” que Hansa Urbana comenzara el proyecto con la compra de la finca protegida Miramar y pagara “ elevadas comisiones de intermediación al exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y al exconcejal de Turismo de esa localidad, Juan Martínez García”. Los pagos a Alonso se produjeron a lo largo de varios años, “lo que implica una continuidad de la gestión”.

Además de los posibles cohechos a Valcárcel, la magistrada señala que hay indicios de pagos por parte de Hansa a otros representantes políticos y señala el piso que se vendió en Valencia al exconsejero de Sanidad y exdelegado del Gobierno, Francisco Marqués y los 125.000 € que recibió la exasesora de Cerdá María Antonieta Fernández.

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