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PSOE y Podemos llevarán al Tribunal Constitucional la Ley de Aceleración Empresarial del PP y Cs

Pese a la oposición de ambas agrupaciones políticas, la Ley de Aceleración Empresarial continúa su trámite parlamentario

Óscar Urralburu, secretario general de Podemos en la Región de Murcia, habló de la iniciativa como una "tropelía orquestada por PP y Cs para ofrecer una amnistía legal a empresas que llevan años saltándose la ley"

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Asamblea Regional / MJA

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El partido socialista y Podemos han anunciado que recurrirán al Constitucional para denunciar la Ley de Aceleración Empresarial, presentada a finales de septiembre por el PP y apoyada por Ciudadanos. Ambos partidos consideran que se trata de una “aberración jurídica” y, pese a su oposición, continuará su trámite parlamentario.

En palabras de los populares, dicha ley ofrecerá a empresarios y Ayuntamientos una posibilidad legalmente regulada para sacar de la "alegalidad" a unas 20.000 empresas que se encuentran en esta situación por incurrir en defectos urbanísticos.

El PSOE, que se posicionó en contra de esta ley, presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada en el Pleno de la Asamblea Regional del pasado lunes 8 de octubre. Alfonso Martínez Baños, viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, declaró que "es una ley a la carta, hecha para favorecer intereses empresariales muy concretos, que parte de una organización empresarial y elaborada a espaldas de los alcaldes y alcaldesas, a pesar de ser un proyecto que mayoritariamente tendrán que aplicar los ayuntamientos".

El grupo socialista considera que es una iniciativa compleja que modifica 16 leyes anteriores, algunas de vital importancia, como la de Protección Ambiental de la Región de Murcia y la ley de Ordenación Territorial. 

Óscar Urralburu, secretario general y portavoz parlamentario de Podemos también manifestó su descontento con esta iniciativa y señaló que es una "tropelía orquestada por ambos partidos para ofrecer una amnistía legal a todas aquellas empresas que llevan años saltándose la ley y jugando sucio respecto al resto de empresarios que sí cumplen con sus obligaciones".

Por otra parte, Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, se posicionó a favor de este proyecto y defendió que la concibieron con "el objetivo de solucionar la situación de unas 20.000 empresas que, por estar fuera del ordenamiento, se encuentran en un 'limbo jurídico'". Además, el diputado defendió que esta ley "tiene que salir adelante porque es necesario ofrecer una solución dentro de la legalidad a un problema que afecta a 50.000 trabajadores".

Además, Sánchez opinó sobre las enmiendas presentadas por Podemos y PSOE que "la izquierda y la extrema izquierda se han dado la mano en criticar esta ley y lo han hecho sin ningún rigor, porque es un proyecto que incide en la licencia de actividad y no en el urbanismo".

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