Piden elevar a la Audiencia Nacional el presunto fraude en las primarias de Ciudadanos en Murcia

Diego de Ramón Hernández, personado como denunciante y abogado en las diligencias abiertas por presunto fraude en las primarias de Murcia, ha emitido un escrito al Juzgado para solicitar que sea la Audiencia Nacional quien lleve a cabo las pesquisas. En el documento legal, al que eldiario.es ha tenido acceso, Hernández estima que el fiscal adscrito a la causa debe evaluar la “legitimidad” de la personación de Isabel Franco como acusación particular, ya que “inicialmente fue señalada como beneficiaria”. El jurista asegura, en declaraciones a este medio, “no fiarse de la imparcialidad de la justicia en la Región”. Además, considera que al provenir varios votos de fuera Murcia, debe ser un órgano judicial mayor quien instruya el caso.

En la misma línea, pone en duda que el propio partido Ciudadanos pueda estar en la causa como víctima del fraude, “después de haberse producido iguales circunstancias en las primarias de Castilla y León, Madrid y Murcia”. El escrito señala que el partido naranja admite, al personarse como acusación, “que pudo haber irregularidades en sus primarias en Murcia al considerarse perjudicado”. Hernández solicita que tanto Isabel Franco, como la secretaria general de partido en la Región de Murcia, María del Valle Miguélez, sean citadas como testigos en el caso.

Las investigaciones por el supuesto fraude comenzaron a principios de 2019, cuando el rival de Franco en las primarias de Ciudadanos, Leonardo Pérez, requirió la información relativa a la procedencia de los votos de los comicios internos. Más tarde, la Policía Nacional confirmó que por lo menos 14 de los apoyos recibidos por la actual vicepresidenta de Murcia, procedían de fuera de la Región de Murcia, en contra de los estatutos de Ciudadanos.

El pasado 23 de enero este medio se hacía eco de que Ciudadanos se negaba a entregar la relación de votos e IPs exigida por el juzgado tras cuatro meses aplazando su respuesta, y remitía la solicitud a la empresa Lazarus Technology, a quienes supuestamente contrataron para gestionar esos datos. La información solicitada podría arrojar algo de luz sobre si hubo o no fraude en los comicios internos, ya que desvelarían desde qué IPs, en qué día, y a qué hora, se emitieron los votos supuestamente fraudulentos. Esta información fue clave en el pucherazo de Castilla y León, que acabó con la caída de la candidata ganadora, la oficialista Silvia Clemente, frente a su rival Francisco Igea, debido a una estrecha diferencia de votos.

De hecho Juan Carlos Bermejo, el afiliado madrileño de la formación que participó hace un año en las primarias en Madrid contra Ignacio Aguado, intentó acceder a esta información pero el presidente de la mesa, Jesús Galiano Gutiérrez, le requería firmar una cláusula de confidencial que el excandidato consideró “lesiva”, por lo que desistió. Por ello, el denunciante y letrado, solicita que testifiquen tanto el representante de Lazarus Technology, como el presidente de la comisión de Garantías de Ciudadanos, Galiano Gutiérrez.

A la Audiencia Nacional

Hernández justifica que debe ser la Audiencia Nacional quien lleve a cabo las averiguaciones pertinentes tras un informe pericial encargado por Leonardo Pérez, que fue quien abrió la causa en abril del pasado año. Los datos recolectados revelan supuestamente que el 43% de los apoyos recibidos por Franco procedían de ordenadores cuya conexión a internet no estaba registrada en la Región de Murcia.

El informe, realizado por Tecnoperitaciones, estima que de los 599 votos recibidos por la vicepresidenta de Murcia, el 57,05% procede de IPs de la Región, mientras que el resto corresponde a ordenadores de Madrid (12,63%), Catalunya (14,73%), Valencia (11,57%) y otros puntos del país (4%). Además, señala que el 30% de los votos que recibió la ganadora se produjeron en un pico de tiempo de dos horas, cuando la votación duraba 24 horas. Hernández hace constar estos datos en su escrito y pide al juzgado que un representante de Tecnoperitaciones declare en calidad de testigo.

Junto con Murcia, los resultados de varias primarias de Ciudadanos se pusieron en duda el pasado año. El caso de Castilla y León es el único que culminó con la caída de la ganadora al demostrarse serias irregularidades. Una vez destapado este “error”, según lo calificó el partido, hubo otros afiliados que se habían presentado a primarias que reclamaron a la Comisión de Garantías detalles de las votaciones al considerar que podía haber fraude o anomalías.

Fue el caso de Juan Carlos Bermejo, en la candidatura autonómica en Madrid, pero también en la de Castilla La Mancha y en la de Cantabria. Además, otros candidatos se unieron a esta solicitud, como en Aragón, en la alcaldía de Valencia, en las primarias de las generales de Cádiz, en las del cabildo insular de Gran Canaria, o por las candidaturas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Pero el partido dictaminó en todos estos casos prácticamente lo mismo y dio por válidos los resultados.