Podemos apuesta por la reactivación productiva de la desalinizadora de Escombreras
Urbina ha señalado que otra de las prioridades de Podemos será “esclarecer la maraña jurídica y financiera que han generado los acuerdos que alcanzó el Gobierno regional del Partido Popular con las constructoras que llevaron a cabo las obras de la desaladora”. Esta será para el diputado de Podemos “la parte más complicada porque puede tener consecuencias penales”.
Para Urbina, lo que Podemos pretende es “analizar los procedimientos de su desarrollo, ver si ha habido una mala gestión y trabajar en recuperar el dinero fruto de esa mala gestión para que la desaladora funcione sin cargas económicas que no sean aceptables, y que Escombreras contribuya al aporte hídrico de la Región de Murcia”.
Antonio Urbina ha dicho que “no es lógico que la de Escombreras sea la desaladora más pequeña de las cuatro que hay en la Región y haya sido la que más ha costado por metro cúbico de agua, concretamente se ha pagado el doble por cada metro cúbico y encima no funciona ni al 20% de su capacidad”.
Una de las claves de la historia “negra” de Escombreras es, según el diputado de Podemos, “los 570 millones de euros que reclamó el grupo Cobra a la Comunidad Autónoma por lucro cesante ya que la desaladora viene perdiendo 13 millones de euros por año y costó un total de 117 millones de euros”. “Las cuentas no cuadran se miren por donde se miren” ha asegurado Antonio Urbina.
Otro de los puntos sobre los que hay que “arrojar luz” según Urbina, es “la carta del gerente de EPA, el Ente Público del Agua, y que usó como garantía Banesto para ofrecer créditos a las constructoras. Este hecho es, tal y como explica Antonio Urbina, un indicio de que ”las constructoras nunca llegaron a poner dinero para afrontar la construcción de Escombreras, hay que aclarar cómo eso fue posible, queremos ver esa carta“.
Pero hay más preguntas que el diputado regional de Podemos planteará en la Comisión de Investigación de Escombreras, como “por qué la Comunidad se dio tanta prisa en negociar el lucro cesante de 570 millones de euros a cambio de quedarse con la instalación hasta 2034, cifra a la que hay que sumar los 13 millones de euros anuales de pérdidas que está pagando el Gobierno de la Región, más los costes de mantenimiento y explotación”. “Es inexplicable que aceptase las condiciones de las constructoras, éste es el origen de la gran deuda de la Comunidad Autónoma”, según el diputado de Podemos, Antonio Urbina.
