Relacionan el cierre de aulas públicas con el aumento de los conciertos educativos
CCOO ENSEÑANZA critica la gestión del Partido Popular y el gobierno regional de Fernando López Miras, en su decisión de cerrar aulas de Educación Infantil o hacer aulas mixtas con Primaria, con la única finalidad de reducir la oferta dentro de los centros públicos, con la excusa de la disminución de la tasa de natalidad.
El sindicato denuncia que la nueva consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, ha iniciado su labor en esta consejería y ha profundizado en la política de recortes en la enseñanza pública murciana, aspecto que se repite por segundo año consecutivo con una nueva oleada de cierres de aulas en educación infantil o la conversión en aulas mixtas.
Según informan fuentes del sindicato, la Consejería está dirigiéndose estos días a diversos equipos directivos de la Región para comunicarles la supresión de unidades (aulas) de educación infantil o la conversión de estas unidades en dichas aulas mixtas.
Comisiones Obreras califica que el papel del gobierno es atacar el derecho de libre elección de los padres y madres de centros para sus hijos, así como a la calidad de la enseñanza, puesto que en muchas aulas se llevará la ratio hasta el tope máximo legal permitido, por lo que el alumnado sobrante deberá de matricularse en centros no solicitados por las madres y padres.
Para CCOO es fundamental la bajada en la ratio del número de alumnos y alumnas/aula, como un elemento fundamental para mejorar la Calidad de la Enseñanza Pública murciana, y sin embargo la nueva consejera de Educación, repite y ahonda los vicios privatizadores y embiste de nuevo contra las aulas de Educación Infantil en la Pública.
La decisión de suprimir unidades de la pública, según el sindicato, coarta la libertad de las familias a la hora de elegir centro, mientras que facilita esa libertad a quienes pueden permitirse un colegio privado. “Esta libertad, ya sea con el Distrito escolar único o con los ”conciertos de Bachillerato y FP“, sólo existe cuando el beneficiario es el empresariado de la educación o instituciones religiosas católicas”, advierten desde CCOO.
También denuncian el proceso para concertar aulas de Bachillerato y FP, con un total de 152 aulas solicitadas por empresas privadas y que tendrían un coste anual de 14.075.000 euros, no presupuestados aún para el próximo curso escolar 2017-2018, ya que la Ley de Presupuestos Regional para 2017 no recoge nada para estas nuevas aulas concertadas.
Mapas escolares
La Consejería de Educación niega que se vaya a producir esta oleada de cierres de aulas de Infantil y sólo admite la posibilidad de la supresión de alguna unidad escolar “en algún caso concreto que se corresponderá con la bajada de la natalidad o de la demanda de escolarización del centro”.
Por su parte, el secretario general de Podemos Región de Murcia Oscar Urralburu ha asegurado que el Partido Popular ha legislado en contra de la igualdad de oportunidades y la planificación educativa. El resultado, ha dicho, es que “el sistema educativo regional no es capaz de garantizar una plaza escolar pública y gratuita para cada niño o niña y tiene que recurrir al sorteo anual de plazas en el proceso de escolarización, un proceso que ha roto en los dos últimos años todas las reglas de juego con el distrito escolar único”.
Por ello, Urralburu ha incidido en que se debe organizar la demanda de las plazas escolares en la Región y establecer “un mapa y una garantía de escolarización que permita el derecho a la educación. Es lo mismo que lo que planteamos en la regulación de los conciertos”.
