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El expresidente de la Región de Murcia, al borde de la imputación

El presidente del PP murciano Valcárcel junto al alcalde de la capital, imputado en el 'caso Umbra' / PSS

Pedro Serrano Solana / María José Alarcón

Murcia —

Después de que, con sus diligencias, el magistrado instructor del llamado caso 'Novo Carthago' hubiera situado el foco de sus investigaciones en la dirección de altas instancias políticas de la Región de Murcia, en la mañana de este viernes se ha hecho público el último auto con su petición al Ministerio Fiscal para que informe si procede llamar como imputado al expresidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel.

A Valcárcel, que actualmente es presidente del PP murciano y vicepresidente del Parlamento Europeo, le acompañarían su hija, Rosario Valcárcel Cruz, junto a su cuñado, Juan Francisco Cruz Alfaro, y su yerno, Fulgencio Perán Jiménez, además de Juan Sánchez Carrillo y José Alberto Meroño Garriga.

La dureza del auto se manifiesta en expresiones como que, a juicio del magistrado Manuel Abadía, existen “múltiples indicios unidireccionales e inequívocos que apuntan todos a D. Ramón Luis Valcárcel Siso”, y todo ello “a través de testaferros, como cuñados, y utilizando a su propia hija Rosario”.

“A través del examen de pagos de la sociedad como de las ventas hechas por la misma, afloraban los múltiples e inequívocos indicios que apuntan hacia D. Ramón Luis Valcárcel Siso, revelándose como el integrante de la trama que acordó el 'pactum scaeleris' con la Sra. Barreiro y el Sr. Galea, antes de junio de 2003, pues era el único que podía asegurar el éxito de la misma”, ha explicado el juez Abadía.

“Regalos y dádivas”

Por lo tanto, para justificar su petición de informe a la Fiscalía por si procede llamar a declarar como imputados a Valcárcel y a los otros citados, Abadía se basa en “los regalos y dádivas del promotor inmobiliario de Hansa Urbana, Rafael Galea” a la hija del expresidente con motivo de su boda. Hansa Urbana es la empresa que promovía la construcción del macro proyecto urbanístico 'Novo Carthago' en un espacio virgen y protegido por la legislación medioambiental de la Región de Murcia, junto al Mar Menor, y que fue reclasificado para permitir su desarrollo.

El juez añade otros indicios: “En los años de la recalificación de Novo Cartago, Hansa Urbana vende suelo urbanizable para la construcción de 34 viviendas a un precio antieconómico y fuera de toda explicación lógica y razonable a Faromur S.L., cuyos socios iniciales eran Juan Sánchez Carrillo y José Alberto Meroño Garriga, concretamente a 25’24 euros el metro cuadrado, y cuando ya han ingresado los terrenos de Hansa Urbana en el patrimonio de la sociedad, aparece el Sr. Cruz Alfaro (cuñado de Valcárcel) y compra el 40% del capital a un euro por acción, dos meses después de recibir el 'regalo' de los terrenos de Hansa Urbana”.

Pero hay más. Manuel Abadía añade “los regalos y dádivas en efectivo encontradas en las cuentas corrientes de la hija del Sr. Valcárcel”. En concreto, “destacan treinta operaciones llevadas a cabo por importe de 1000 euros cada una de ellas que se realizan el mismo día 27 de septiembre de 2007, entre las 8:29 y 8:34 horas, en un intervalo de 5 minutos, antes de que la oficina abriera al público, y todas ellas fueron realizadas a cabo por el propio D. Fulgencio Perán Jiménez (yerno de Valcárcel) en su condición de empleado subdirector de la sucursal de Caja Murcia”.

La reunión en San Esteban

En el cuarto punto del auto, bajo el epígrafe “indicios en los jefes de la trama”, el juez Abadía relata, partiendo de un informe del Fiscal, que “en el proyecto se atribuye aprovechamiento urbanístico al espacio natural protegido considerándolo como Sistema General en el año 2003, cuando ello no fue posible en teoría hasta la Ley 2/2004 que entró en vigor el 15 de Junio de 2004. Y eso no lo podía garantizar una alcaldesa ni un promotor inmobiliario, sino sólo el Presidente de la Comunidad Autónoma que tenía mayoría para hacerlo y que citó al Consejero Cerdá y al representante de Hansa Urbana a una reunión en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma en la que en habitación aparte estaban citados funcionarios que tenían que intervenir en el proceso de recalificación medioambiental, y ante los que el Sr. Cerdá con el representante de Hansa Urbana, alabó el proyecto de la inmobiliaria y que debía hacerse, cumpliendo el cometido que tenía asignado, que era que los funcionarios percibieran que tenía el proyecto urbanístico de Hansa Urbana el respaldo del Presidente de la Comunidad Autónoma”.

El Fiscal debe ahora informar en un plazo de cinco días sobre si debe llamarse como imputados a Juan Sánchez Carrillo, José Alberto Meroño Garriga, Juan Francisco Cruz Alfaro, Fulgencio Perán Jiménez, Rosario Valcárcel Cruz y Ramón Luis Valcárcel Siso.

Manuel Abadía concluye su resolución informando de que “no es firme y que pueden interponer ante este Órgano judicial recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días siguientes a su notificación, o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a su notificación”.

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