El Abogado General de la UE cree que la normativa española no protege a los ciudadanos en los desahucios
A finales de esta semana se ha dado a conocer el informe del Abogado General de la Unión Europea, al respecto de un caso planteado ante el Tribunal Europeo por un Juzgado de Martorell. Y sobre dicho caso, se califica de ilegal el plazo de un mes que el Gobierno aprobó en mayo de 2013 para que las personas inmersas en ejecuciones hipotecarias alegasen cláusulas abusivas.
Según ha difundido la Coordinadora Regional de las PAH's murcianas, el informe considera que el plazo de un mes, que comenzaba a contar desde su publicación en el BOE, el 15 de mayo de 2013, “resultaba irrazonable teniendo en cuenta los intereses en juego y el número de personas afectadas por la medida, a las que se colocaba en situación cercana a la indefensión”. “El Abogado de la UE entiende que treinta días para preparar acciones legales, en el ámbito de personas sometidas a procesos de desahucio, sin notificación en persona, es incompatible con una verdadera protección frente a abusos bancarios”, explican las PAH's de Murcia.
“Recordamos que la Ley 1/2013 vino forzada por la movilización sin precedentes que protagonizó la ciudadanía al recoger más de 1,5 millones de firmas a favor de paralizar los desahucios, y por la sentencia europea del caso Aziz que declaró ilegal el procedimiento de ejecución hipotecaria”, argumentan los Afectados por la Hipoteca, y prosiguen relatando que “en un momento en el que se tramitaban decenas de miles de procesos por impago de hipoteca en todo el Estado, y con un índice de desahucios superior a los 50 diarios, el Gobierno del Partido Popular aprobó una ley cicatera, que buscaba minimizar la posible defensa de los afectados frente a los abusos bancarios que contienen las hipotecas”.
“Desde la PAH movilizamos recursos y pusimos a disposición de la ciudadanía un 'Kit de Emergencia' que, difundido desde el movimiento y sin ayuda oficial de ningún tipo, facilitó la presentación de miles de oposiciones a los desahucios por cláusulas abusivas. Sin embargo, es evidente que miles de personas no pudieron plantear oposición a su desahucio por cláusulas abusivas, al carecer de notificación en persona”, exponen.
Siguiendo con el curso de los acontecimientos, las PAH's murcianas cuentan que en agosto del año 2013, se presentó un Recurso de Inconstitucionalidad “que, entre otros motivos, planteaba la violación de Derechos Fundamentales que se cometía con aquella medida”. “En la actualidad, mientras el Abogado General de la UE coincide con la PAH en su calificación jurídica de la conducta del Gobierno, el Tribunal Constitucional español mantiene sin resolver nuestro recurso, lo que es especialmente grave en el actual contexto de aumento del número de desahucios y en general, desprotección de la ciudadanía frente a los poderes económicos”, agregan.
Según esta plataforma, “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sus sentencias de conformidad con las opiniones del Abogado General, en un 80% de los casos”, por lo que vaticinan que “es muy probable que en pocos meses se declare ilegal la normativa española por un tribunal internacional”.
“La situación social y política sobre desahucios es insostenible en un contexto de aumento del número de familias desalojadas y con cada vez mayores evidencias de la complicidad del Gobierno en esta situación”, explican las PAH's, y en este contexto, exigen “como medidas de urgencia la paralización inmediata de todos los desahucios de primera vivienda, la derogación de la actual normativa sobre ejecuciones hipotecarias y aprobación de las medidas de mínimos de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH (dación en pago retroactiva y alquiler social en las viviendas propiedad de la banca); la investigación oficial sobre la concesión de hipotecas en condiciones abusivas; y medidas de protección y reparación efectiva a las miles de víctimas de desahucios por impago de hipoteca que no han tenido defensa ni amparo desde los poderes públicos”.
