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La Comunidad se retrasa 15 años en ofrecer un servicio sanitario "digno" en los centros penitenciarios

La ley 16/2003 ordena la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes a las Comunidades Autónomas

Esta ley se promulgó en 2003 y tenía que haber entrado en vigor 18 meses después de haber sido aprobada

Centro Penitenciario Murcia II

Centro Penitenciario Murcia II

La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa para que se proceda a la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios a las Comunidades Autónomas.

La ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ordena la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes a las Comunidades Autónomas. Desde Ciudadanos, agrupación que impulsó la iniciativa, se ha señalado que esta ley se promulgó en 2003 y tenía que haber entrado en vigor 18 meses después de haber sido aprobada. Sin embargo, han pasado casi 15 años y aún no se está cumpliendo.

El objetivo de esta propuesta es acercar el sistema sanitario penitenciario a los estándares utilizados en las Comunidades Autónomas, tanto en medios como en formación. Juan José Molina, diputado de Ciudadanos, ha indicado que esta situación repercute de forma negativa entre la población reclusa, condicionando una asistencia sanitaria, "que cada día que pasa se aleja más de la que se ofrece a las personas que se encuentran en libertad".

El diputado ha señalado que esta situación supone que la atención sanitaria que reciben los reclusos sea de muy baja calidad. "Las cárceles son como islas sanitarias, en las que los trabajadores realizan esfuerzos para intentar ofrecer el mejor servicio posible, pero no tienen ni el personal, ni los medios necesarios, lo que implica que la población reclusa no reciba unos cuidados sanitarios dignos". Además esta circunstancia conlleva un coste excesivo debido a los traslados de los reclusos enfermos, a pesar que los propios centros disponen de la tecnología adecuada, pero no cuentan con personal habilitado para realizar esos trabajos.

Molina ha lamentado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias apenas haya impulsado acuerdos de transferencia con ninguna región, desentendiéndose completamente de dar cumplimiento a esta ley que lo que pretende es mejorar los servicios y prestaciones sanitarias ofrecidas a los reclusos en las diferentes Comunidades Autónomas.

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