El Gobierno recurre el archivo del desalojo del gaztetxe, pero prioriza la negociación frente a un nuevo operativo policial

Escalada de desencuentros entre los poderes Ejecutivo y Judicial en Navarra a cuenta de la reocupación del gaztetxe de Marqués de Rozalejo. El Gobierno de Navarra ha recurrido la decisión “ilegal” del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona que archiva la causa, y ha respondido a las acusaciones de “tolerar” la ocupación y de “no querer ejecutar” el desalojo del edificio. En un ejercicio de equilibrismo político, la titular de Interior ha confiado al mismo tiempo en que mientras se resuelve el recurso del Ejecutivo al archivo de la causa “pueda buscarse una solución consensuada y evitarse un desalojo policial”.

María José Beaumont ha explicado en rueda de prensa que el Gobierno pidió la suspensión de la ejecución del auto de desalojo del día 16 de agosto, pero no el archivo de la causa, y ha subrayado que, en su opinión, “los tribunales tienen que resolver conforme se les solicita”.

Posición complicada la de Beaumont, puesto que EH Bildu, coalición que sostiene al Ejecutivo y que la propuso para el puesto, ha manifestado que “no comparte” la decisión del Gobierno de Navarra de recurrir el archivo de la causa, y apuesta “por el diálogo y el acuerdo como forma de encontrar una salida a las legítimas aspiraciones y reivindicaciones de la juventud, que busca espacios autogestionados en los que desarrollarse; y la función del Gobierno de preservar los inmuebles públicos y dotarlos de uso y utilidad”. Por ello, ha emplazado al Gobierno de Navarra a “dejar de lado medidas judiciales y emprender de manera efectiva la vía del diálogo.

Pero más allá de las tensiones políticas que el caso está generando en el seno del cuatripartito, Beaumont ha considerado “inadmisible” que el juez diga “que como no se ha cumplido con lo que ordenó el 16 de agosto ahora no puede admitir que se le pida la suspensión” y ha afirmado que “era público y notorio y al juzgado le constaba que se había producido el desalojo la madrugada del día 17”.

El Gobierno considera por ello “ilegal” el archivo de la causa, y ha presentado un recurso que resolverá la Audiencia Provincial de Navarra.

Asimismo, el Gobierno foral ha decidido recurrir la providencia del juez dictada este martes que decía que “no hay lugar” a un “escrito que se le presentó al juzgado una vez que el Gobierno tuvo conocimiento de un informe que los técnicos del Servicio de Patrimonio que pudieron hacer tras el desalojo” y en el que “advertían de los riesgos” del inmueble.

La consejera ha considerado que “el auto del sábado del juez no es firme porque no ha transcurrido el plazo de recurso”. Además, ha señalado que el Juzgado “no puede ser ajeno a las circunstancias técnicas del inmueble”. “Le acusamos de infracción de varios preceptos de la ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha subrayado. Y ha ido más allá al adelantar que si ocurriera un accidente en el interior del edificio, “la responsabilidad bien puede ser compartida”, puesto que en el caso influyen “múltiples factores” y los ocupantes “saben de esos problemas de seguridad porque fueron advertidos por el Gobierno en el proceso de mediación”, ha explicitado.

Desalojo “limpio, entre comillas”

La titular de Interior ha indicado que en el desalojo del pasado viernes del Palacio Marqués de Rozalejo el dispositivo policial fue “suficiente” a “efectos estrictamente del desalojo”. “Fue limpio, entre comillas”, ha dicho, para señalar que “los técnicos de Patrimonio hicieron los cerramientos que consideraron que tenían que hacer”.

Según ha detallado, la entrada al inmueble en la reocupación se produjo desde otros edificios anexos. “Estamos a la espera de conocer la información policial sobre la nueva ocupación”, ha expuesto.

María José Beaumont ha precisado que se trata de “un edificio antiguo, con múltiples posibilidades a lo mejor de acceder a él, como parece que ocurrió”. “Parece que no se accedió por ninguno de los puntos que se habían cerrado, sino por el tejado y luego desde dentro se abrió”, ha detallado.

La consejera ha indicado que ella no tuvo conocimiento de que volver a ocupar el inmueble la tarde del viernes pudiera ser posible y “doy por hecho que Policía Foral tampoco”. “Si hubiera creído eso probablemente hubiera actuado de otra manera”, ha apuntado.

Sin contacto con los okupas

La consejera portavoz, María Solana, ha señalado, por su parte, que el Ejecutivo “no ha contactado con los okupas, no se ha puesto en contacto y lo que el Gobierno ha solicitado, a través del juez, es que se les haga conocedores” del informe.

María Solana ha comentado que “los pasos a dar en el futuro dependerán de muchas de las cosas que están por decidirse todavía”. “La voluntad de este Gobierno ha sido, es y sigue siendo que sea un desalojo negociado, no policial”, ha expuesto.

La portavoz ha indicado que, como vienen diciendo, “el edificio no está en condiciones para el uso que se le está dando y necesitamos la sede para albergar un proyecto dirigido a toda la ciudadanía”, como es el Instituto de la Memoria Histórica. “Luego la intención es avanzar en ese sentido”, ha dicho.

Preguntadas por el comunicado del Sindicato de Policía Foral (SPF) de que la reocupación del Palacio pudiera haberse sido pactada, Beaumont ha manifestado que “el comunicado es inadmisible, no sólo porque diga cosas que son falsas radicalmente, sino por la duda que introduce, nos parece una irresponsabilidad”.