Bombones e impuestos

Se suele decir que comer un bombón es como las bajadas de impuestos: dulces en el momento de comerlos pero amargos en sus efectos a largo plazo. Recientemente, una mayoría política en el Parlamento de Navarra ha rechazado determinadas medidas fiscales que UPN, con el apoyo del PP, planteaba. Se trataba básicamente de bajar presión fiscal a través de dos impuestos personales (IRPF y Patrimonio) y en el que grava los beneficios a las empresas (Sociedades). El argumento esgrimido para realizar estas propuestas fiscales era que, dado que la economía navarra presenta síntomas de mejora, no hacía falta continuar con el actual nivel de presión fiscal. Hay que recordar que hace dos años, el anterior Gobierno de UPN y PSN, aumentó la carga impositiva en Navarra dado que la crisis exigía una mayor solidaridad fiscal.

Por tanto, la propuesta fiscal rechazada se basaba, sin entrar en intenciones electorales, en un análisis optimista de nuestra economía. Cierto es que hay algunos datos favorables en nuestra economía, pero no en nuestra sociedad. La larga crisis económica ha abierto una importante brecha social. Los Informes de Cáritas son ilustrativos. En estos momentos, la protección social, a través de las políticas públicas, es más necesaria que nunca. Por otra parte, la situación de nuestra Hacienda Foral es delicada. El conflicto sobre el IVA de Volkswagen genera una importante incertidumbre sobre el futuro de nuestras cuentas públicas. Unas cuentas que arrastran una Deuda Pública que supera los 3.500 millones de euros. Recientemente, el Presidente de la Cámara de Comptos ha advertido de la difícil situación en que nos encontramos. Así pues, nuestra Hacienda no está para relajar la presión fiscal. Baste preguntar a los Técnicos de Hacienda. Incluso, si me apuran, diré que la Consejera de Hacienda puede haber pensado que no hay mal que por bien no venga.

El think tank Civismo expresó que de no llevar a cabo la reforma de IRPF, los navarros pagarán por IRPF entre 73 y 350 euros más que el resto de los españoles, dependiendo de su condición. Dando por buenas estas cifras, los navarros pagaremos más, pero también tenemos mejores servicios. Baste hacer una comparación con nuestra Sanidad. Navarra es la Comunidad española con mejores servicios sanitarios, según el Informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y que el Gobierno de Navarra divulgó mediante sus servicios de prensa. Recientemente, se ha conocido un Informe de la OCDE sobre el bienestar en las regiones de 34 países. En él, se analizaba entre otros factores, la educación, la salud y el acceso a los servicios. Pues bien, Navarra se encontraba como la segunda región española que mejores niveles tenía. Así pues, más impuestos pero mejores servicios, para nosotros y para nuestros hijos.

No podemos desligar los ingresos fiscales de las políticas públicas. Nos hemos acostumbrado a equipar Fueros con Menos Impuestos y no con Mayor Bienestar. Hace tiempo que me di de baja en el “Comando del Gasto”, pero sigo considerando que los servicios públicos deben tener calidad y para ello, hay que estar dispuestos a pagar más.

Aunque algunos no lo estén. Cuando se rescató, hace dos años, el Impuesto de Patrimonio, algunos hacendados contribuyentes navarros se cambiaron de domicilio fiscal; los mismos que se refugiaron en nuestro territorio en el momento que se suprimió ese impuesto. Son personas que su necesidad vital no pasa por tener mejores servicios públicos sino por evitar pagar impuestos.

Por último, por su naturaleza, cuestión distinta es el impuesto de sociedades. Éste debiera establecerse en un marco europeo para evitar deslocalizaciones de empresas entre países comunitarios. Si en el territorio común se baja el gravamen fiscal al beneficio de las empresas será necesario acompasarlo en Navarra. Para evitar que la orilla del Ebro, frontera natural de Navarra, se convierta una vez más en una frontera fiscal.

En definitiva, los impuestos no sólo son una obligación social y moral para con los demás. También suponen una mejora de calidad en el acceso a nuestros servicios públicos del que todos nos beneficiamos.