El Gobierno de Sánchez paraliza una ley en Navarra que dificulta a los fondos buitre hacerse con vivienda hipotecada

Una de las primeras medidas que ha tomado el recién conformado Consejo de Ministros ha sido la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a varias leyes que se recogen en el Nuevo Fuero navarro o Derecho Civil Foral, que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Navarra el pasado mes de marzo. Se trata de un texto que contiene disposiciones relativas a las materias en las que tradicionalmente se ha dividido el derecho civil: persona, familia, sucesiones, propiedad y contratos, es decir, afecta a todas las relaciones privadas de la ciudadanía.

En total son 8 las leyes que el Consejo de Ministros ha considerado anticonstitucionales, de un total de 596 que componen el Fuero Nuevo, por considerar que invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado. En un principio se habían cuestionado dieciocho puntos, pero en diez de ellos el Gobierno central asumió la posición de Navarra en diez de ellos, manteniendo la discrepancia en ocho.

Entre las leyes que se han recurrido se encuentra una que protegía a los ciudadanos en materia de vivienda frente a los bancos y los fondos buitre. Se trata de la Ley 511, que determina que “el acreedor puede ceder su derecho contra el deudor; pero, cuando la cesión sea a título oneroso, el deudor quedará liberado abonando al cesionario el precio que este pagó más los intereses legales y los gastos que le hubiere ocasionado la reclamación del crédito”. Es decir que, si un banco vende a un fondo buitre la hipoteca de un ciudadano, deberá notificar al deudor la venta antes de que se produzca para que este pueda pagarla al mismo precio.

Con esta medida lo que busca el Gobierno de Navarra es poner trabas a los fondos buitre a la hora de hacerse con vivienda hipotecada y evitar la especulación, ya que el modus operandi de estos fondos consiste en comprar la deuda a un porcentaje muy inferior a su valor nominal y luego poner la vivienda a la venta a precio de mercado. Los bancos no informan al deudor de la cesión de su crédito, a no ser que se trate de uno litigioso, es decir, que esté judicializado, donde el el artículo 1535 del Código Civil sí recoge que deberá ser informado y que tendrá derecho “a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho”. El Ejecutivo foral quería ampliar esta obligación a todas las cesiones de créditos y no solo de los litigiosos, y precisamente por eso la medida ha sido declarada por el Gobierno central como inconstitucional por considerar que invade una competencia estatal.

El Fuero nuevo navarro añade que “si la cesión tuviera lugar una vez iniciado el procedimiento de ejecución, el órgano judicial requerirá al cedente para que manifieste el precio de la cesión a fin de que el deudor pueda ejercitar su derecho en el plazo que se le establezca”. Es decir, el deudor podría pagar la deuda al precio que la adquirió el fondo buitre una vez se haya embargado la vivienda en el plazo que indique el juez.

Ademas de en esta medida el Gobierno central también cree que la Ley 495 de la norma navarra afecta a la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales y considera que sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos lo hacen las leyes 72, 471, 483 y 544 . También se vulnera la competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes, dice el Ejecutivo, en las leyes 11 y 12 de la norma navarra.

Criticas de Geroa Bai y EH Bildu

La decisión del recién conformado Gobierno de coalición de llevar recurrir el Fuero Nuevo por la vía judicial no ha sentado bien al PSN, pero sobre todo a Geroa Bai -también dentro del Gobierno de Navarra- y a EH Bildu. De hecho la formación de izquierda abertzale ya ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para pedir explicaciones al Gobierno de Sánchez por recurrir la actualización del Derecho Civil de Navarra y ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo para preguntarle “si esa decisión responde a la apuesta 'por retomar la senda política y dejar atrás la judicialización'”, han informado a este periódico fuentes de EH Bildu.

Geroa Bai ha afirmado que el recurso “supone una injerencia más contra el autogobierno de Navarra y un nuevo ataque a una ley emanada del Parlamento foral con el que se pretende limitar la capacidad de la Cámara navarra de legislar”. Y el PSN, más medido en su valoración, reconoce “que no es una buena noticia” y confía en poder llegar a un acuerdo político con el Gobierno central y que el recurso sea retirado.