El proyecto de inversiones sostenibles del Gobierno de Navarra se queda en 35,5 millones de los 113 contemplados

Jarro de agua fría al proyecto de inversiones sostenibles por 113 millones del Gobierno de Navarra. El Ejecutivo ha aprobado en su sesión de este miércoles un proyecto de ley foral de concesión de crédito extraordinario en el Presupuesto de gastos de 2018 por importe de 35,5 millones, máximo autorizado por el Ministerio de Hacienda tras infructuosas negociaciones llevadas a cabo bilateralmente en los últimos meses. Sin embargo, tanto la ley aprobada por el Parlamento foral en octubre como los anuncios del Ejecutivo navarro mantenían hasta ahora la cifra de 113 millones como posible.

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Ejecutivo foral, Mikel Aranburu, ha manifestado que “la autorización se firmó ayer a la noche”, por lo que el Ejecutivo no tendrá finalmente margen para invertir los 113 millones en este ejercicio como intentaba a través de negociaciones con el Gobierno central, que finalmente ha obligado la Comunidad foral a la disposición 116 de los Presupuestos del Estado, “que tiene unos requisitos muy concretos en cuanto a estabilidad financiera, tanto en 2018 como 2019” e imposibilita la ampliación del crédito, informa Europa Press.

En concreto, de los 35,5 millones autorizados, el Gobierno foral garantiza las inversiones relativas al Plan de Infraestructuras Locales, por valor de 25,7 millones, y al Plan Director de Banda Ancha, dotado con 9,8 millones.

Según ha afirmado Aranburu, “esto no quita para que el superávit extraordinario de 2017 se pueda materializar en los 113 millones con un acuerdo político”. “Confiamos en que en 2019 por la vía presupuestaria o de la prórroga presupuestaria se pueda ejecutar el resto de las inversiones financieramente sostenibles”, ha comentado.

Aranburu ha recalcado al respecto que “esto no es un acuerdo, sino una autorización, es unilateral; es la Secretaría General de Presupuestos y Gastos la que tiene la capacidad de autorizar estas inversiones cuando la Comunidad correspondiente hubiera incumplido la regla de gasto en el año 2017, que era el caso de la Comunidad foral”.

“La idea inicial cuando el nuevo Gobierno de Madrid tomó posesión y sabiendo que la ministra no estaba conforme con la interpretación que se hace de la regla de gasto, intentamos ponernos en contacto con ella para que nos dieran una vía directa bilateral al superávit extraordinario y esto no pudo ser porque no hubo respuesta en todo el verano”, ha indicado el consejero, para señalar que “sí hicimos fue recurrir a la posibilidad legal de la disposición 116”.

Mikel Aranburu considera que hay conformidad con el cuatripartito en que estas sean las inversiones que garanticemos en primer lugar en el futuro Presupuesto de 2019. Las relaciones “cordiales” entre ambos ejecutivos facilitarían ese acuerdo, pero la inestabilidad parlamentaria del Gobierno central y las elecciones autonómicas de mayo de 2019 no aseguran que los actuales sean los futuros interlocutores en esa hipotética negociación.

UPN acusa al Gobierno de “vender humo”

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado que “se ha constatado que el Gobierno de Barkos se ha convertido en el gobierno del engaño” y ha criticado que “ha vuelto a vender humo” con las inversiones financieramente sostenibles.

En un comunicado, Esparza ha remarcado que “los partidos del cuatripartito se hicieron la foto el pasado 20 de septiembre registrando una proposición de ley para destinar 113 millones de euros a proyectos en Educación, Salud, Derechos Sociales, Deporte y prácticamente todos los departamentos, haciendo caso omiso a todas las advertencias de que iba a ser imposible ejecutarla” y anunciando estos 113 millones “a bombo y platillo”.

En la misma línea, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que “el Gobierno de Navarra engaña a los navarros en cada actuación que lleva a cabo, como ha quedado demostrado tras presentar una ley para destinar 35 millones a inversiones financieramente sostenibles y no los 113 del superávit”.

Geroa Bai, por su parte, ha lamentado que el Gobierno del PSOE “haga la misma interpretación restrictiva de la ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno del PP” y ha considerado “necesario” que el Ejecutivo foral “siga trabajando con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los 113 millones”.

El portavoz parlamentario de la coalición, Koldo Martínez, ha considerado que “el PSOE y el PSN demuestran la poca importancia que reconocen al autogobierno navarro, así como su falta de interés por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía navarra”.

Los cuatro parlamentarios de Podemos-Orain Bai críticos con Podemos han exigido al Gobierno de Navarra que “muestre su más firme voluntad política ante el Gobierno central de ejecutar este mismo año el montante total de 113 millones de euros aprobado por el Parlamento de Navarra” y “no se resigne a acatar la nimia autorización de los 35,5 millones, priorice el interés general de la ciudadanía navarra y defienda nuestro autogobierno”. Los parlamentarios han manifestado su “más firme oposición” a lo que han considerado “un chantaje al que nos someten desde el Gobierno central de Madrid en aplicación de una Ley de Estabilidad Presupuestaria sobre la que llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de su derogación”.

Han comentado que “el origen de estos 113 millones de euros se encuentra en el montante de los 215 millones devueltos a Navarra tras la actualización del Convenio Económico con el Estado” y han criticado que “la diferencia entre estos 215 millones y los 113 aprobados para las inversiones financieramente sostenibles ya fue destinado a la amortización de deuda, en consonancia con los dictados de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el artículo 135 de la Constitución”.

El parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha reclamado al Gobierno foral que “aplique” la ley por la que se prevé el gasto de 113 millones pese a la falta de autorización del Gobierno Central. Nuin ha afirmado que con los votos de Izquierda-Ezkerra no se derogará esa ley, que “es constitucional, está promulgada por el Parlamento en el ejercicio de sus competencias y ha chocado con una interpretación inflexible de la normativa por parte del PSOE”.