Comptos detecta “relevantes incumplimientos” en las sociedades públicas del Valle de Egüés

La Cámara de Comptos ha detectado “relevantes incumplimientos” de la normativa vigente en las sociedades públicas del Valle de Egüés entre 2004 y 2012, “de los que pueden derivarse responsabilidades jurídicas en los ámbitos administrativo, tributario, societario y contable”.

Así lo recoge el informe sobre la gestión de las sociedades públicas del Ayuntamiento del Valle de Egüés (2004-2012), en concreto Andacelay, S.L. y las dos creadas por dicha empresa pública con el socio privado Nasipa, SL: Sociedad Gestión y Promoción Egüés 21, S.A., creada en 2005, y Sociedad Gestión y Promoción Egüés 21-II, S.L., que comenzó su actividad en 2010.

Andacelay se había creado en 2004, con 4.000 euros y capital social y no tuvo personal ni medios propios hasta finales de 2012. El Ayuntamiento cedió gratuitamente a la sociedad, presidida por el alcalde, una serie de parcelas municipales para la promoción de viviendas protegidas.

Dicha sociedad pública creó, a su vez, dos empresas mixtas con el mismo socio privado para promover y construir viviendas en esas parcelas, que Andacelay vendió a las empresas mixtas. La gestión de dichas empresas se dejó básicamente en manos del socio privado que percibía a cambio una remuneración. En estos años las empresas mixtas han construido 366 viviendas con un gasto en torno a los 62 millones.

La sociedad municipal Andacelay, por su parte, ha gestionado inversiones para el Ayuntamiento por unos ocho millones, en concreto la propia casa consistorial y las piscinas. En 2013 se disolvió y liquidó la sociedad mixta Egüés 21.

El socio privado -Nasipa- está en concurso voluntario de acreedores desde junio de 2013, habiendo aflorado en dicho concurso una deuda superior al millón de euros a favor de la sociedad mixta Egüés 21-II. Esta deuda no estaba registrada como derechos de cobro en la contabilidad de la empresa mixta.

En las conclusiones del informe, la Cámara de Comptos señala que el Ayuntamiento del Valle de Egüés “no ejerció un control adecuado sobre las actividades de las sociedades, especialmente las mixtas, que garantizara el cumplimiento de la legalidad, publicidad, transparencia, buena gestión, igualdad de trato y adecuación al interés general”. Sus actuaciones no se trasladaron a los órganos de control interno del Ayuntamiento para su fiscalización y asesoramiento.

En este sentido, el informe subraya que esta situación cambió desde mayo de 2012, cuando se nombró el nuevo consejo de administración de Andacelay, ya que se aprecia un “mayor control” de los representantes municipales sobre la sociedad mixta que sigue funcionando.

En cuanto a la contratación administrativa, las sociedades mixtas, en general, “no han respetado los principios de publicidad y concurrencia, habiendo favorecido en ocasiones al socio privado, que en algunos casos incumplió su propia oferta en cuanto a la asunción de compromisos financieros”.

En un proceso de contratación revisado, recoge el informe, se da el caso de que el propio representante de la empresa privada Nasipa actúa como presidente del órgano de contratación que adjudica a dicha empresa la construcción de viviendas. El informe también señala la existencia de algún proyecto técnico sobre promoción de viviendas contratado con anterioridad a iniciar el proceso selectivo.

Se ha detectado, igualmente, que tanto Andacelay como Nasipa emitieron facturas a la sociedad mixta Egüés 21, S.A. sin que conste que respondan a un gasto ejecutado o a un servicio prestado. Dichas facturas suman 1,7 millones.

El informe también destaca que el socio privado recibió más dinero del previsto por la gestión en la empresa mixta Egüés 21, S.A. y que “incumplió” su oferta al no asumir los gastos financieros de la segunda sociedad mixta. También se constatan retribuciones recibidas por la anterior apoderada de Andacelay, S.L., “incompatibles con su condición de concejala con dedicación exclusiva”.

Se hace referencia, asimismo, a la compra de participaciones preferentes por parte de Andacelay, que fue objeto de un informe de la Cámara de Comptos publicado recientemente, y que supuso una pérdida de 65.000 euros a las arcas municipales, ha añadido el órgano fiscalizador.

El informe detecta así “relevantes incumplimientos” de la normativa vigente, “de los que pueden derivarse responsabilidades jurídicas en los ámbitos administrativo, tributario, societario y contable”.

La Cámara de Comptos subraya que las auditorías de las sociedades públicas, realizadas por firmas privadas, no pusieron de relieve las irregularidades existentes.

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS

El informe analiza también las consecuencias económicas de esta gestión de promoción de viviendas, tanto para el Ayuntamiento como para el socio privado, en especial la variación de su patrimonio.

Por lo que se refiere al Ayuntamiento, ha tenido un incremento neto de patrimonio de 4,5 millones. Si en vez de crear sociedades junto a un socio privado hubiera vendido las parcelas a terceros, el incremento neto del patrimonio municipal se hubiera acercado a los tres millones.

En cuanto al socio privado, ha incrementado su patrimonio en 7,3 millones. Si se hubiera dedicado exclusivamente a su actividad de promoción y construcción de viviendas, sin participar en las sociedades mixtas, su incremento patrimonial hubiese rondado los cuatro millones.

En definitiva, dice Comptos, “los incrementos patrimoniales del ayuntamiento y del socio privado derivan de haber utilizado la fórmula de sociedades mixtas en las que asumían el riesgo de la promoción y construcción de viviendas”. Al haberse vendido prácticamente todas, añade, ese riesgo se ha traducido en un mayor resultado.

El informe incluye las alegaciones presentadas por el actual alcalde, el anterior alcalde, el representante de la empresa Nasipa y la exapoderada de la empresa municipal Andacelay, así como la respuesta a las mismas. En dicha respuesta, la Cámara de Comptos señala que el modelo de gestión a través de sociedades mixtas es “legal” y “puede estar justificado”. Sin embargo, se cuestiona la “falta de control” por parte de los poderes públicos sobre la actividad de dichas sociedades.

En opinión de Comptos, en este caso “los poderes públicos han dejado en manos del socio privado la gestión de las sociedades mixtas, lo que no ha garantizado los principios de legalidad y transparencia que deben regir la actuación del sector público”.

En cuanto al resultado económico, el informe resalta que no debe ser el único indicador para justificar la gestión realizada.