La nueva ley de Igualdad LGTBI sitúa a Navarra en la vanguardia de protección a este colectivo

Entre sonoros aplausos de parte del público asistente al Pleno, el Parlamento foral ha aprobado la nueva ley de Igualdad Social de LGTBI, una norma que profundiza en el reconocimiento social y político de la diversidad sexual y afectiva. La nueva ley plantea un régimen de protección para evitar la discriminación por orientación sexual que garantiza a todas las personas “condiciones plenas de equidad y respeto”, incluido el ámbito reproductivo y genital. La ley, según los socialistas que la han impulsado en la Cámara foral, sitúa a Navarra a la vanguardia del reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI.

Entre otras novedades importantes, la ley incorpora una garantía de “reparación de los derechos cercenados” y recoge el establecimiento de “acciones compensatorias y de reconocimiento a colectivos históricamente segregados”. Además, la norma involucra al Gobierno de Navarra y a todas las entidades locales de la comunidad foral en la labor de “establecer y regular” las medias necesarias para garantizar la igualdad real y efectiva de los derechos de las personas LGTBI. Y lo hace, además, en todos los ámbitos al hablar de las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica, cultural, de orden público e institucional.

Para avanzar en el reconocimiento social y político de una reivindicación fundada en la aceptación de la “diversidad como valor añadido”, se establecen condiciones para facilitar la participación y representación de personas y grupos LGTBI en todos los ámbitos de la vida social e institucional, siempre desde una óptica de “prevención y detección temprana” de conductas fóbicas. En ello colaborarán las Administraciones Públicas y el Defensor del Pueblo, habilitados para actuar “de oficio”.

Por otra parte, se hace efectivo el reconocimiento de la heterogeneidad del hecho familiar tanto en el derecho navarro, público y privado, como en la práctica judicial y administrativa. En el ámbito reproductivo y genital, se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas LGTBI con capacidad gestante y a sus parejas, se posibilita la congelación de tejido gonadal y células reproductivas a los transexuales que opten por acceder a tratamientos hormonales y, de igual modo, se asegura la atención ginecológica y urológica. En el terreno educativo, la UPNA promoverá introducir en los planes de estudio contenidos específicos para abordar la diversidad sexual y de género, entre otras medidas.

Con la aceptación de 7 enmiendas de otros grupos, los socialistas han conseguido el apoyo de Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida para su ley. La abstención de UPN ha sido justificada por Ana San Martín porque “no podemos dar la espalda a la igualdad y a los derechos” que sí ven en la ley, en la que sin embargo también advierten “discriminaciones” y vulneraciones de derechos de otros colectivos a costa de este.

Por su parte, Ana Beltrán, del PP, ha querido aclarar que su voto en contra de la ley no lo es en contra del colectivo LGTBI. En su opinión, “no es necesaria una regulación específica, concreta e intervencionista” que subraye la no discriminación, cuando esto ya lo protege la legislación europea y española.