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La necesidad de las familias fuerza a aumentar el presupuesto para ayudas sociales

Celia Bustamante

El Gobierno de Navarra ha agotado la partida presupuestaria dedicada a la Renta de Inclusión Social. Esta ayuda es un derecho para aquellas personas que tienen reconocida la prestación, lo que obliga al Gobierno a hacer cuentas y recortar otras partidas presupuestarias para contar con liquidez y poder pagar a las familias. Hasta el momento, se han producido dos ampliaciones de crédito para sufragar esta ayuda social, en julio casi cinco millones de euros, y dos más en septiembre. En ambos casos, el Gobierno ha utilizado dinero del departamento de economía y hacienda. Dificultades económicas que han llevado al ejecutivo a endurecer las medidas contra el “fraude” en este tipo de ayudas. Aunque consideraban desde la puesta en marcha del plan de control de estas prestaciones que la incidencia iba a ser mínima, siguieron adelante y hasta el momento, se han quedado sin esta ayuda 55 familias, ya sea por incumplimientos de los requisitos o por fraude de ley.

En total, con estos 7 millones de euros que el departamento de Políticas Sociales ha sumado a la Renta de Inclusión Social, el ejecutivo ha destinado hasta septiembre 44 millones, pese a que, preguntado por este periódico, mantenían que se habían destinado 27 millones, poco más de la mitad. Sin embargo, no es suficiente si tenemos en cuenta la opinión de las entidades sociales más cercanas a las familias necesitadas.

“No lo soluciona todo”

Desde la plataforma en defensa de la renta básica consideran que siguen quedando muchas familias en situación de exclusión social fuera de estas prestaciones sociales y reclaman, una vez más, que se vuelvan a aplicar los criterios de concesión de la Renta Básica, la ayuda anterior a la Renta de Inclusión Social que contemplada más casos de cobertura. Por parte de Cáritas establecen que unas 95.000 personas en Navarra están en riesgo de pobreza, pese a que solo son 10.000 las familias que reciben en Navarra la renta de inclusión social. “La RIS soluciona problemas, pero no lo soluciona todo”, afirman desde la ONG.

La plataforma en defensa de la renta básica ha pedido que se cambien los límites de edad establecidos para recibir la ayuda para que todos los mayores de edad quepan bajo el paraguas de la Renta de Inclusión Social si así lo necesitan. Piden que se contemple como posibles receptores de la RIS a los menores de 25 años que sean mayores de edad, que ahora quedan fuera, y a los mayores de 65 años ya que, aseguran, hay ancianos navarros viviendo con 360 euros al mes.

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