La edad de acceso, cómo lograr la inclusión y otros puntos pendientes de la RIS
Que se incluya entre los posibles beneficiarios a todas las personas independientemente de su situación administrativa, que se eliminen los límites de la prestación y que esos cambios se realicen cuanto antes. Estas son tres de las reclamaciones clave realizadas por la plataforma de la renta básica en torno a la Renta de Inclusión Social (RIS) y a la prometida reforma por el Gobierno Foral de esta ayuda para personas en situación de exclusión social, cuyo contenido había generado dudas entre diversos colectivos sociales y había provocado críticas por parte de UPN. La reivindicación principal de la plataforma era que se respetara el contenido del acuerdo programático, apoyado por las cuatro formaciones que respaldaron a Uxue Barkos (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E), y que esa reforma se hiciera durante los primeros seis meses de la legislatura. Por lo tanto, ese plazo exige arrancar ya, y más si se pretende que un cambio en la RIS tenga reflejo en las próximas cuentas forales. Sin embargo, aún hay puntos pendientes de resolver en este debate.
El Departamento foral de Políticas Sociales, por el momento, se ha comprometido a poner en marcha un grupo de trabajo en el que abordar esta reforma. Y la previsión es que las reuniones arranquen el próximo 16 de octubre. La medida incluye un complicado entramado de grupos, uno que integra a profesionales de atención primaria de servicios sociales y al departamento, otro con representantes de los servicios sociales de base y la sección de garantía de ingresos y prestaciones sociales, otro que cuenta con profesionales por ejemplo de la Universidad Pública de Navarra, un grupo con personas perceptoras de la RIS y, además, otro con colectivos sociales.
En este último tendrán representación personas designadas por la Red de Lucha contra la Pobreza, Cáritas, Cruz Roja y la mencionada plataforma de la renta básica. Esta entidad había mostrado públicamente sus dudas sobre el proceso, tras anunciar el vicepresidente de Políticas Sociales, Miguel Laparra, en el Parlamento sus planes de reforma de la RIS, que no pasan por una renta universal (en el acuerdo programático sí se recoge esa palabra, pero en referencia a la situación administrativa de la persona solicitante), que por tanto estaría dirigida a toda la ciudadanía, sino por una renta mínima garantizada para aquellas personas que la necesiten. Estas dudas motivaron una serie de reuniones en las que la plataforma insistió, según revela uno de sus integrantes, Javier Urroz, en que se cumpliera la palabra dada “en el acuerdo programático”: y este habla de exigir un año de residencia en Navarra (no dos, como se fijó en la última reforma), que la ayuda no tenga límites en la concesión y que sea inembargable.
Esas son algunas de las medidas en las que, hasta el momento, parece haber sintonía entre los colectivos y el Ejecutivo pero ¿qué otras cuestiones deben abordarse? Una de ellas es la eliminación, como se recoge en el programa, del llamado acuerdo de incorporación, que es un compromiso firmado por los servicios sociales de base y la persona que accede a la prestación y que podía obligarla a realizar diversas acciones, como mantenerse al día en el paro, con la escolarización de los hijos e hijas o similares. Profesionales de los servicios sociales, sin embargo, habían denunciado que al final se convertía más en una medida punitiva y que podía dilatar los plazos. Así, desde la Red navarra de Lucha contra la Pobreza han anunciado este 8 de octubre en conferencia de prensa su postura: que esa disponibilidad sea entendida como un derecho, no como un requisito, y por tanto no sea exigible para acceder a la RIS, de manera que ambas cuestiones se gestionen por separado. Por un lado, se contaría con esos ingresos mínimos y, por otro, se podría acceder a la formación, cuestiones hasta ahora ligadas.
¿Y la edad de acceso?
Con todo, la representante de la ONG París 365 e integrante de la red, Eliana Alemán, ha recalcado que con la reforma de la RIS no es suficiente, porque hay que apostar por la inclusión de forma más integral, que pasa por el diseño de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, que permitan por ejemplo un acompañamiento individualizado, facilitar el acceso a la formación o el apoyo a la búsqueda de empleo.
Una de las cuestiones a resolver es si los servicios públicos podrán asumir estas funciones o habrá que realizarlas a través de colectivos sociales. Otra cuestión delicada, y que se dejó sin cerrar en el acuerdo programático, es si para acceder a la RIS bastará con tener 18 años (es lo ahora vigente) o se subirá esa edad mínima hasta los 25. Y, por último, queda por fijar qué fondos destina el Ejecutivo a este fin. Los colectivos se resisten a hablar de esta cuestión únicamente en términos económicos y reivindican el “derecho a la inclusión”, pero, ante las reformas planteadas, el diseño de los próximos presupuestos forales supondrá una nueva prueba de la apuesta por esta nueva RIS.
