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“El sistema no asegura una efectiva separación de poderes”

La juez decana de Pamplona, en su despacho.

Garikoitz Montañés

Pamplona —

Ser un juez decano invita a pensar en un señor veterano, con toga y tendente a la reflexión más teórica y menos pegada al terreno. O quizá esa sea la imagen que tienen quienes ven el sistema judicial como algo abstracto, alejado, casi inaccesible. Sin embargo, Mari Paz Benito, que en octubre fue reelegida por sus compañeros como juez decana de Pamplona para los próximos cuatro años, no se ajusta en nada a ese perfil. Tiene 39 años, viste para la entrevista deportivas y camiseta con viñetas y, además, es mujer. Un hecho, el aumento del sector femenino en la judicatura, que ve más como algo que era cuestión de tiempo y como un reflejo de la lucha de sus antecesoras. Y, sobre la situación de la justicia, Benito no se anda por las ramas y habla de la necesidad de ser didáctica y de atender las críticas de ciudadanía.

Es puntillosa en sus declaraciones y cercana en sus formas y, si se trata de elegir a una juez estrella en Navarra, ese es el sanbenito (ella rehúye de esa figura) que le han colocado tras encabezar el caso Caja Navarra e imputar a cargos públicos como el expresidente de Navarra, Miguel Sanz, o al alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Sobre este proceso, eso sí, no puede pronunciarse en esta entrevista, algo que descarta con la misma firmeza con la que defiende la labor de los jueces y critica las deficiencias del sistema judicial. Estas son sus razones.

¿Diría que la ciudadanía confía en la Justicia?

Hay un punto muy negativo en esta cuestión, y no solo somos conscientes de ello, sino que los jueces somos hasta afectados: la sensación de la politización de la justicia, que está centrada en órganos muy concretos como es el Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno de los jueces. Y sí es cierto que, cada vez que toca su renovación, asistimos casi ya impasibles a cómo el grupo del gobierno y el de la oposición se van repartiendo los vocales… Esa politización, no obstante, no tiene nada que ver con lo que ocurre día a día en los Juzgados.

Pero es incuestionable que los jueces, como personas, tienen una sensibilidad política. ¿No es mejor que la reconozcan abiertamente? ¿Saber de qué pie cojean?

Es que la independencia de un juez está por encima de todo, por encima de cualquier sensibilidad política, social, económica o de cualquier índole. El juez está sometido exclusivamente a la ley, todo lo demás es ajeno.

¿La separación de poderes es real, ahora mismo, en España?

Desde luego es muy discutible cuando en la selección de los vocales del Consejo existe una injerencia política tal, y los jueces decanos venimos reivindicando desde hace mucho tiempo una verdadera separación de poderes.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dimitido este jueves y todo el mundo habla de qué diferencias con el poder político hay por detrás. ¿Esto es lo normal?este jueves

(Sonríe). Yo imagino que es lógico pensar, en un puesto de relevancia como este, qué ha habido por detrás, pero yo ya no me meto en si le han obligado o no. El sistema, tal y como está diseñado, no asegura una efectiva separación de poderes, y eso se pone de manifiesto en muchas situaciones e influye en esa desconfianza.

A menudo, como se ha dicho de usted por ejemplo, parece que seguir adelante con una causa parece depender más del arrojo de un juez que de hacer valer la ley.

Yo no creo que sea así. Todos los jueces partimos de la misma ley, aunque luego es normal que existan distintas formas de llevar los procedimientos. Igual determinados asuntos, por lo delicada que puede ser la materia tratada, llevan a pensar que ese juez está siendo más lanzado que otro, pero hay que tener claro que actuamos dentro de un procedimiento en el que también interviene el fiscal, los abogados, los recursos ante una audiencia…

¿Un juez o una juez puede actuar con la misma tranquilidad independientemente de la trascendencia del imputado o imputada? Y hablo de los casos que afectan a cargos públicos.

Un juez tiene que hacer su trabajo igual.

Por su experiencia, ¿hay presiones en estos casos, más allá de la mediática?

Lo fundamental para un juez es permanecer ajeno a esas presiones. En el momento en que un juez sintiera que una presión le está afectando a la hora de decidir, lo tiene que denunciar. Fuera de eso, pueden existir presiones, datos, acontecimientos… que pueden afectar al juez, pero lo fundamental es que no influyan en su resolución, conforme a la ley.

¿Cree que hay jueces que prefieren pasar la pelota en determinados casos y no implicarse tanto?

Yo no lo creo. Ya le digo que puede haber diferentes procedimientos, pero hay un marco que le exige por ejemplo seguir adelante con una investigación, porque por ejemplo tendrá a un fiscal recurriendo. Yo creo que el sistema es garantista en ese sentido.

¿Y justo?

(Sonríe). Justo no sé, es garantista al asegurar, y esto es muy importante, que la voluntad del juez no se puede imponer ni en un sentido ni en otro. Hay muchos contrapesos.

Usted reniega de la figura del juez estrella, pero si hay alguien en Navarra así, es usted.

Pero es que no es así. Creo que en un momento tocó en este Juzgado llevar un procedimiento que fue mediático [se refiere al caso Caja Navarra], pero nada más. Ni era una macrocausa ni comparable a las que llevan quienes conocemos como jueces estrella.

Hay dos críticas recurrentes a la Justicia en España: que es lenta y que no es igual para todos. ¿Qué piensa de esas dudas?

La Justicia necesita medios para ser más ágil y eficaz, pero soluciones se nos han dado pocas, por no decir ninguna. Ahora la situación de los Juzgados de lo Social en toda España ha provocado un colapso tal que existen lugares donde un juicio por despido se señala con dos años o tres años, un despido que puede suponer el sustento de una familia. Lo mismo ocurre con juicios referente a materias de seguridad social, de incapacidades. En los Juzgados de lo Mercantil hay otro colapso, con empresas que necesitan que se resuelvan sus concursos para seguir adelante o cerrar definitivamente…

Y la segunda crítica: ¿la Justicia es igual para todos?

La Justicia es igual para todos, pero existen diferencias en la práctica, porque una persona con más recursos puede disponer de más herramientas existentes en la ley, al retrasar procedimientos, interponer recursos... Y, mientras, ahora hay igual personas que no pueden hacer frente a las tasas, y la gente debe tener derecho al acceso a la Justicia.

La reforma judicial se personificó mucho en la figura del exministro Gallardón. ¿Su dimisión ha cambiado las cosas?

Hay que ser realistas: el actual ministro [Rafael Catalá] ha llegado en un momento de final de legislatura en el que, por muchos proyectos que quisiera sacar adelante, tiene el tiempo que tiene.

¿Hasta pasadas las elecciones no podemos pensar en mejoras, entonces?

Desde luego, medidas que puedan suponer un vuelco a la situación de la Justicia en España, no. Porque yo pienso que a la reforma integral que necesita la Justicia le quedaría corto hasta el periodo de una legislatura. Esto exige un pacto de Estado. Porque es un sistema complejo de abordar, no se pueden poner más petachos.

Después de todo lo dicho, ¿cree que se puede estar orgullosa del sistema judicial actual?

Sí. Los jueces trabajan mucho, se dictan sentencias de calidad, y en Navarra por ejemplo incluso en Juzgados como el de lo Social hay un interés ya no profesional, sino personal, de los jueces por sacar adelante el Juzgado, por reducir los tiempos de espera al máximo.

¿A más implicación, más enfado?

Por eso esta situación de impotencia. Hay cosas que se pueden conseguir con un gasto presupuestario mínimo, pero no se abordan.

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