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El 84% de las personas demandantes de vivienda protegida en Navarra la quieren en alquiler, según CCOO

Joseba Eceolaza y Carlos de la Torre, de CCOO de Navarra

EP

PAMPLONA —

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El sindicato considera que el Gobierno foral "no está siendo capaz de responder a la demanda real de la sociedad navarra"

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

El 84% de las personas demandantes de vivienda protegida en Navarra la quieren en alquiler, según un informe elaborado por CCOO, que considera que "hoy la vivienda pública es un bien de primera necesidad y el Gobierno de Navarra no está siendo capaz de responder a la demanda real de la sociedad".

El secretario de Políticas Públicas y Sociales de CCOO de Navarra, Joseba Eceolaza, y el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo, Carlos de la Torre, han ofrecido este martes una rueda de prensa para presentar el informe 'Análisis gráfico de la vivienda en Navarra', en el que analizan diferentes aspectos de la vivienda en la Comunidad foral.

A juicio de CCOO, "la política pública de vivienda no responde todavía a la demanda real de la sociedad, ya que hay 9.102 personas que demandan viviendas protegidas pero en 2020 solo se inició la construcción de 605".

Según el informe del sindicato, "en 2020 en Navarra había 661.197 habitantes y un parque de 324.981 viviendas, de las que el 81,8% (266.085) eran viviendas principales y el 18,2% (58.896) eran segundas residencias". Además, el Servicio de Inspección de Vivienda "identificó un total de 4.896 viviendas que están en manos de 53 titulares, con una media de 92 viviendas por titular".

"El 63% de ellas, en manos de siete empresas privadas de gestión de vivienda de alquiler (inmobiliarias) y el Arzobispado, por ello la existencia de fondos buitre en este campo supone un peligro que cuestiona la política pública de vivienda", afirma el sindicato en su estudio.

Asimismo, CCOO ha advertido de que "amplios sectores de población siguen excluidos del acceso a una vivienda o deben pagar un coste excesivo (compra/alquiler) para satisfacer su necesidad básica de alojamiento". "No faltan viviendas, faltan políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible", han defendido los representantes del sindicato.

Según han expuesto, en Navarra se registran 29.400 personas que viven en una vivienda insegura y 58.800 en una vivienda inadecuada y también han advertido de la "enorme diferencia entre las necesidades reales de vivienda protegida y las construidas realmente". "Si en 2020 el total de personas demandantes de vivienda protegida en cualquiera de sus modalidades fue de 9.102 personas, las viviendas protegidas iniciadas ese año fue de 605", han remarcado.

En cuanto al programa Emanzipa, CCOO ha subrayado que "de las 2.570 personas que recibieron esa ayuda, dirigidas a personas nacidas entre 1991 y 1998, el 60% cobraba menos de 15.000 euros".

UNA LEY DE VIVIENDA QUE "RESPONDA A LA DEMANDA"

A la vista de esta situación, el secretario de Políticas Públicas y Sociales de CCOO de Navarra, Joseba Eceolaza, ha pedido al Gobierno foral y al Parlamento que "se apruebe una ley de vivienda que responda a la demanda real, que tenga un fuerte contenido social y que nadie quede excluido del derecho a la vivienda". Además, ha reclamado que también "limite precios, porque ese es uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad navarra".

"Es fundamental regular el precio del alquiler de vivienda y se puede regular a través de la penalización fiscal, tal vez la fórmula más sencilla y justa socialmente. Por eso, pedimos al Gobierno de Navarra y a los grupos parlamentarios que tengan ambición social y no se autocensuren porque hay muchísimas herramientas para poder desarrollar una política de vivienda que realmente responda a las necesidades sociales", ha defendido Eceolaza.

A su juicio, "tenemos que intervenir sobre el mercado de la vivienda, especialmente haciendo un llamamiento al Arzobispado y grandes tenedores para que contribuyan y colaboren para hacer posible el derecho a la vivienda".

Además, ha pedido al Gobierno foral y al Parlamento que "si están dispuestos a poner en marcha una ley de vivienda cuenten necesariamente con la participación de los agentes sociales" y también ha reclamado un impulso de la vivienda protegida para construir al menos 1.000 viviendas públicas de alquiler en la legislatura.

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