Aranburu dice que la secretaria de Estado le comunicó ayer que autorizarán las inversiones sostenibles, “quizás no todo”

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha manifestado que este miércoles por la mañana la secretaria de Estado de Hacienda le comunicó que autorizarán la propuesta de inversiones financieramente sostenibles, “quizás no todas”, y que “teníamos que hacer una solicitud formal, que hicimos ayer por la tarde”.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al pleno del Parlamento, Aranburu ha detallado que la de ayer es la primera respuesta del Ejecutivo central en este tema y ha precisado que le dijo que “sí que nos darán una autorización, quizás no por todo”. “Me adelantó que sí nos darán la autorización pero que le mandásemos una solicitud formal y nos estamos saltando el Convenio Económico y la comisión coordinadora”, ha precisado.

Ha continuado que “si por eso adelantamos las cosas, bienvenido sea”. “Luego la comisión coordinadora dará el visto bueno a estos acuerdos”, ha comentado el consejero, quien ha expuesto que “todavía no se ha determinado por parte de ambas Administraciones que hayamos incumplido la regla de gasto”. Por ello, ha comentado que “tampoco estamos en situación de pedir autorización pero nosotros nos adelantamos puesto que se han precipitado las cosas al presentar el cuatripartito la proposición de ley”.

Mikel Aranburu ha insistido en que le dijeron desde el Gobierno central que “la contestación en sentido favorable la estaban preparando y que yo mandase la solicitud y me imagino que podrá llegar antes del 4 de octubre -cuando está prevista la votación de la proposición de ley- si se quiere y si no se quiere estaremos en un escenario distinto, con una ley que nos dirá que tenemos que hacer unos gastos y sin una autorización”.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El titular de Hacienda ha explicado que “todo esto procede de una disposición adicional de la ley de Presupuestos Generales del Estado que se publica el 4 de julio, que aprobó el PP con el PSOE en contra”, una disposición que “está hecha a la medida de otra Comunidad Autónoma, no encaja en las circunstancias de la Comunidad foral”.

Ha explicado que, además, “el superávit de Navarra de 2017 es un superávit extraordinario como consecuencia de la regularización de la aportación del Convenio Económico”. “Desde la primavera lo que nosotros queríamos era aprovechar que esta disposición todavía no había salido y esta relajación de la interpretación de la regla de gasto para hacer uso de ese superávit para inversiones”, ha indicado, para precisar que “esto con el Gobierno del PP no se pudo conseguir”.

Según ha continuado, “con el Gobierno del PSOE desde el minuto uno solicitamos una reunión a la ministra para hablar de esta y más cosas y no hubo respuesta, no hubo reunión; lo intentamos con la secretaria de Estado de Hacienda y de Presupuestos”. “Según esta disposición, la autorización para aquellas CCAA que incumplan la regla de gasto corresponde a la secretaria de Estado de Presupuestos”, ha precisado.

Aranburu ha detallado que “si se incumple o no la regla de gasto en Navarra lo tiene que determinar la comisión coordinadora del Convenio Económico, no el Ministerio ni el Gobierno de Navarra”. “El Ministerio no ha nombrado sus miembros de la comisión coordinadora y muchísimo menos ha convocado la comisión coordinadora”, ha señalado, para comentar que este verano, “por acelerar las cosas”, ofrecieron a la secretaria de Estado hacer un acuerdo bilateral entre la propia secretaria de Estado y el consejero de Hacienda y “no hemos tenido respuesta hasta ayer miércoles”.

Según ha precisado, ayer la secretaria de Estado le comentó que “sí que nos darán una autorización, quizás no por todo porque quizás los 113 millones no van a cubrir todas las características y exigencias que tiene esa disposición”. “Eso puede ser cierto”, ha señalado.

REGLA DE GASTO

El consejero ha incidido en que si se cumple o no la regla de gasto “se tiene que determinar en comisión coordinadora, que es bilateral”. “Nuestros cálculos son que sí incumplimos por un poquito -17 millones-, lo venimos diciendo desde un principio”, ha comentado, para exponer no obstante que no están de acuerdo con la metodología porque “el incumplimiento hay que tenerlo en cuenta con la regularización que se hizo del Convenio Económico en la cual se modificaron unos componentes como el índice de hidrocarburos que afecta también al cómputo de la regla de gasto”. “Nosotros defendemos que se tiene que computar y la Intervención del Estado entiende que no, tenemos una discrepancia metodológica”, ha detallado.

Según ha comentado, “si entramos en la senda de la disposición adicional sí que habría que hacer esta petición” al Estado. No obstante, ha indicado que “primero tendría que determinar la comisión coordinadora y luego haríamos la petición”. “Nos hemos adelantado estos trámites en estos días como consecuencia de la proposición de ley” del cuatripartito, ha apuntado.

Aranburu ha afirmado que “también es cierto que estamos casi en octubre y es difícil acometer estas inversiones en tan solo tres meses”. “Sospecho que la no respuesta del Gobierno del Estado, aparte de lo atareadísimo que está, puede ser por una voluntad de atrasar para que no se pueda cumplir ni por nuestra Comunidad ni por otras Comunidades este tipo de inversiones”, ha agregado.

El consejero ha indicado que las inversiones incluidas en la proposición de ley “creemos que cumplen con el requisito de ser inversiones financieramente sostenibles, pero podría interpretar el Ministerio que no”. “El concepto de inversión financieramente sostenible es algo indeterminado”, ha precisado, para señalar que “hablamos de una cosa totalmente nueva” y “tanto el Ministerio como nosotros estamos improvisando un poco cómo se puede salir”.

Mikel Aranburu ha manifestado que desde el Gobierno central le trasladaron que “la contestación en sentido favorable la estaban preparando y que yo mandase la solicitud y me imagino que podrá llegar antes del 4 de octubre -cuando está prevista la votación de la proposición de ley- si se quiere y si no se quiere estaremos en un escenario distinto, con una ley que nos dirá que tenemos que hacer unos gastos y sin una autorización”.

En caso de que los 113 millones no se ejecutaran en este año, el consejero ha explicado que se quedarían en remanente de tesorería, “en las arcas forales”. “El año que viene habrá que hacer un Presupuesto de acuerdo con las normas presupuestarias, en el que ya estamos trabajando y en el que se podrían acometer estas inversiones si no hay otras prioritarias; dependerá del proyecto de ley que prepare el Gobierno y lo que se apruebe en el Parlamento”, ha concluido.