El consejero Santos espera un “uso racional” de la Justicia por parte de la Banca ante la sentencia sobre el IRPH

El Gobierno de Navarra ha pedido a las entidades bancarias, ante la sentencial sobre el IRPH, un “uso racional del servicio público que es la Justicia”, y les ha instado a “no alargar innecesariamente los procesos de reclamación mediante recursos que saben que acabarán perdiendo”.

Así lo ha expresado este martes el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Eduardo Santos, quien ha señalado que “se están estudiando medidas para poner freno al abuso y empleo antisocial de los recursos jurídicos” que algunas entidades bancarias vienen haciendo“.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) debe estar sometido a control judicial para examinar si se trata de una cláusula abusiva y, por tanto, nula. Esta cuestión afecta a alrededor de 9.000 consumidores en Navarra, que se suman a los casos que continúan en los juzgados relativos a otro tipo de cláusulas bancarias abusivas, ha informado el Gobierno foral.

DEFENDER SUS DERECHOS

Ante ello, el consejero Santos ha instado a las entidades bancarias a que “pongan de su parte para evitar la saturación de la Justicia y litigios innecesarios para sus clientes”. Además, ha recordado que “el número de demandas interpuestas sobre estas cláusulas abusivas, y sobre todo el elevado número de recursos, impide que las sentencias se dicten en un plazo razonable” a pesar de, según ha destacado, “el esfuerzo y la solvencia de los juzgados especializados, que están sacando adelante un gran número de resoluciones”.

En estos momentos, ha descrito Santos, “algunas entidades bancarias hacen un uso irresponsable de la Justicia, y obligan a litigar a sus clientes en asuntos en que saben que la jurisprudencia está de parte de estos últimos”. “¿Por qué recurren hasta agotar posibilidades, cuando las posibilidades no existen?”, se ha preguntado el consejero, para asegurar después, que califica de “uso antisocial” el hecho de “intentar usar la Justicia para que los clientes afectados renuncien a defender sus derechos”.

Por último, Santos ha animado en ese sentido a que “las personas consumidoras y usuarias reclamen lo que consideren de Justicia, y ahí tendrán el apoyo de este Gobierno”. “La Justicia es un servicio público, garante de derechos y libertades, y estos derechos deben ser defendidos cuando se producen abusos desde cualquier estamento”, ha concluido.