La Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas atendió el pasado año 834 procedimientos

La fundación ha aumentado su equipo de trabajo multidisciplinar con hasta un total de 19 profesionales. En cuanto al presupuesto, pasará de los 574.000 euros de 2019 a 720.000, en 2020, un 25% más, según se contempla en el proyecto de presupuestos de Derechos Sociales. Asimismo, la entidad ha previsto cambios organizativos para “mejorar la calidad de la atención que presta”, ha destacado el Ejecutivo foral en una nota.

Según ha indicado, “estas medidas permitirán optimizar el trabajo y adecuar los ratios al creciente número de personas tuteladas en los últimos diez años, hasta casi triplicarse”. Así, en 2009 fueron 311 los procedimientos tutelares asumidos, frente a los 834 atendidos en 2019.

De este total, 761 derivaron en tutelas, 47 en curatelas (una fórmula por la que se interviene sólo sobre algunos aspectos que las personas no pueden realizar por sí mismas) y 26 fueron medidas cautelares, es decir, de carácter provisional mientras se determina si se ejerce o no la tutela o la curatela, y en quién recae.

La fundación se encarga también de las defensas judiciales. En 2018, último año del que se dispone de este dato, a falta de cerrar la memoria de 2019, se realizaron 423.

La Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas es una entidad de iniciativa pública, sin ánimo de lucro, creada por el Gobierno foral en el año 2001, cuya principal función es atender a las personas que por distintas circunstancias, como enfermedades de carácter físico o psíquico, o discapacidad, no están en condiciones de cuidar de sí mismas y gestionar sus bienes.

Ejerce la tutela de las personas que carecen de familia o ésta no ha sido considerada idónea por el juzgado, para ejercer el cargo de tutor. También cuando se determina la curatela o las medidas cautelares. En 2019, fueron 834 las personas que en Navarra se encontraron en alguna de estas situaciones. En torno al 80% presentan demencia o enfermedad mental.

Entre sus funciones figura la de velar por los intereses de estas personas, así como la defensa y promoción de sus derechos. Además, estudia cada caso y asesora a familiares, organizaciones y agentes sociales públicos y privados, para dar la mejor solución a los problemas que se plantean, así como para lograr una mejor y mayor integración de las personas bajo tutela, en especial en lo referente a personas que padecen enfermedad mental.