UPN estudia recurrir el archivo del caso contra el expresidente navarro Manuel Ayerdi

UPN, partido que denunció ante el Tribunal Supremo al exconsejero navarro del PNV Manuel Ayerdi por prevaricación en el 'caso Davalor', estudia recurrir el archivo del caso anunciado por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona este martes. Los regionalistas tratarán de evitar que se “interrumpa” la instrucción de la causa para que no “quede impune un grave delitito de corrupción”, ha anunciado el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin.

Sánchez de Muniáin ha explicado que los indicios de delito denunciados por UPN “fueron confirmados y apoyados por la Fiscalía, y después confirmados por el juzgado de Pamplona cuando vino la causa; dos delitos de malversación y de prevaricación”. Según ha detallado, “además la juez de instrucción amplió incluso la investigación a otros exaltos cargos del Gobierno anterior, del Gobierno de María Chivite, y determinaba el encargo de un amplio trabajo de investigación a cargo de policía judicial, un informe que confirma punto por punto lo denunciado en la querella de UPN”.

El parlamentario regionalista ha indicado que se trata de “un grave caso cuyos indicios judiciales han sido confirmados por distintas instancias y que ha supuesto que se han volatilizado más de 4 millones de euros de todos los navarros”. Asimismo, ha censurado que estos millones “no han sido reclamados por el Gobierno de Navarra, ni personándose en la causa para defender el patrimonio público ni tampoco personándose en su día en el concurso de acreedores”.

Sánchez de Muniáin ha detallado que se trata de un archivo provisional y “ahora cabe el recurso”. “Por lo tanto, en estos tres días de plazo se solventarán las posibilidades de recurso y tendrá que ser la Audiencia Provincial quien revoque o confirme este archivo provisional”, ha expuesto, para señalar, sobre si UPN va a recurrir, que el gabinete jurídico está estudiando el posible recurso pero “entendemos que no puede quedar impune un grave caso de corrupción por un posible error judicial”.