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Mónica, la estudiante sorda que lleva tres meses sin intérprete por la pugna entre su centro concertado y el Gobierno vasco

En la escuela concertada aseguran que la contratación de personal de apoyo la debe proporcionar el Gobierno vasco. El Departamento de Educación afirma que es el centro el que debe "responder a sus necesidades educativas especiales"

"Es un centro concertado, si fuese totalmente privado no me asiste ese derecho a intérprete, pero como no lo es, yo entiendo que sí, aunque ellos digan que no", denuncia Mónica

"Una de las quejas suele ser que en los colegios públicos se concentran todos los colectivos marginados. Aquí hay una persona con discapacidad que viene al concertado y desde el Gobierno se le dice que 'no'", lamenta un compañero suyo

Mónica Morales, detrás el colegio concertado en el que estudia, en Arrasate-Mondragón

Mónica Morales, ante el colegio concertado en el que estudia, en Arrasate-Mondragón Maialen Ferreira

Mónica Morales es una alumna sorda que está estudiando el primer curso del Ciclo Formativo Superior de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica en la Escuela Superior Politécnica de Mondragón (Guipúzcoa) –un centro concertado– y lleva desde que iniciaron las clases en septiembre sin intérprete. En la escuela aseguran que la contratación de personal de apoyo en este ámbito es un servicio que debe proporcionar el Gobierno vasco. Sin embargo, desde el Departamento de Educación indican que es el centro el que debe "responder sus necesidades educativas especiales".

Mónica sabía desde el principio que era muy probable que le pusieran pegas a la hora de recibir apoyo por parte de la Administración vasca si escogía estudiar en un centro concertado en lugar de en uno totalmente público, pero como ella había estudiado previamente en el instituto concertado Egibide, en Vitoria, con un intérprete proporcionado por el Gobierno vasco, tenía esperanzas de que la situación fuera diferente.

"Me están obligando a ir a un centro público, parece que dada mi situación no tengo opción de escoger dónde quiero estudiar. Al ser un centro concertado desde el Departamento de Educación entienden que no tengo derecho a un intérprete. Es un centro concertado, si fuese totalmente privado no me asiste ese derecho, pero como no lo es, yo entiendo que sí, aunque ellos digan que no. Yo estoy pagando este centro con el esfuerzo que me supone, tener que pagar por mi cuenta un intérprete sería inviable", ha denunciado Mónica en una entrevista con eldiarionorte.es, para la cual ha contratado por unas horas a una intérprete para poder comunicarse con nosotros.

Desde el Gobierno vasco le han negado su solicitud de intérprete para ese colegio. Sin embargo, le han indicado a través de un escrito que sí que podrían ofrecerle un intérprete si estudiase "la misma titulación" en el centro público Miguel Altuna de Bergara, ya que, como dice la resolución de la solicitud, firmada por la directora de Innovación Educativa, Lucía Torrealday, "en la actualidad no existen convocatorias específicas para ayudas a contratación de personal Intérprete de Lengua de Signos para centros concertados en la CAPV".

Una respuesta con la que Mónica no está conforme, puesto que, para ella, limita su libre elección de "escoger dónde quiere estudiar". Además, le consta gracias a una denuncia que realizó a través de Facebook que hay dos alumnos con sus mismas características que sí que cuentan con intérpretes proporcionados por el Gobierno vasco, uno en el instituto concertado Santa María de la Providencia, en Eibar, y otro en el Ceinpro, en San Sebastián, ya que al ver su publicación se pusieron en contacto con ella. 

Eldiarionorte.es ha tratado de comunicarse con ambos colegios y con el Departamento de Educación del Gobierno vasco para confirmar esa información. En el caso del Ceinpro, han señalado que por la política de su colegio no pueden proporcionar datos sobre sus alumnos, sin embargo, en el Santa María de la Providencia (colegio con alumnos de 0 a 18 años) sí que han confirmado que cuentan con un alumno sordo al que desde el Gobierno vasco le facilitan un intérprete para poder comprender las clases.

Por su parte, desde el Departamento de Educación han indicado a eldiarionorte.es que "el departamento le brinda ayuda siempre y cuando elija un centro público, ya que es lo que está establecido por una normativa que lleva 30 años en vigor" y han desmentido que "haya actualmente o haya existido alguna vez" un alumno que con las características de Mónica haya recibido en un centro concertado este tipo de ayudas por parte del Gobierno vasco.

Mientras tanto, pasan los meses y Mónica sigue sin poder entender sus clases. Gracias al apoyo de sus profesores y sus compañeros –en especial de su compañero Iker, quien a raíz de conocerla está aprendiendo el lenguaje de signos para poder comunicarse con ella y la está apoyando en su lucha– puede seguir adelante con las asignaturas. Hasta ahora ha aprobado todas menos una "totalmente teórica", cuyas clases Mónica no logra comprender sin la ayuda de un intérprete.

"Es una política de segregación"

"Una de las quejas al hablar de centros públicos, concertados o privados suele ser que en los colegios públicos se concentran todos los colectivos marginados: personas de estratos sociales más pobres o personas con discapacidades. Aquí, estamos diciendo que hay una persona con una discapacidad que no quiere ir al público, que viene al concertado y desde el Gobierno se le dice que 'no'. Es una política de segregación. Nosotros como comunidad deberíamos pelear por que este sea un centro apto para una persona como ella. No estamos hablando de privatizar recursos, es un recurso que va a una persona que quiere estudiar aquí, es una discriminación hacia este centro. A Mónica no le están negando un intérprete, se lo están negando aquí", ha señalado Iker a eldiarionorte.es, quien ha estado presente junto a Mónica durante toda la entrevista.

A pesar de la respuesta del colegio, quienes aseguran que "no están en una situación muy cómoda por encontrarse en el medio" y de la del Gobierno vasco, Mónica no va a parar hasta que reciba lo que ella considera justo, que es el derecho de poder estudiar lo que ella quiere en un colegio concertado y dadas sus condiciones. Ha solicitado ayuda de varias asociaciones para personas con discapacidad y no duda en denunciar por la vía judicial lo que está pasando. Por lo pronto, su objetivo principal es que se conozca su historia para que pueda seguir cursando sus estudios en el centro escogido por ella.

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