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Urkullu evita fijar un presupuesto para retirar los vestigios del franquismo

El lehendakari apunta que los consistorios pueden acceder a las ayudas genéricas del Ejecutivo para la memoria histórica, pero sigue sin dotar de oficio una partida presupuestaria para retirar los símbolos franquistas.

Urkullu dice que las recomendaciones del dictamen sobre simbología de la dictadura franquista "no requiere, en su mayoría, de dotación presupuestaria alguna, sino de una clara voluntad política de afrontar las acciones pertinentes".

El propio informe señalaba ejemplos de actuaciones de los consistorios en los que se presupuestaba el coste de retirar las placas de las calles y otro tipo de símbolos de la dictadura.

Un hombre visita la exposición 'Exhumando fosas, recuperando diginidades'

Un hombre visita la exposición 'Exhumando fosas, recuperando diginidades', de la sociedad Arazandi.

El Gobierno vasco sigue sin fijar una dotación presupuestaria para la retirada de los vestigios del franquismo que aun perduran en las calles y pueblos del País Vasco. En una respuesta parlamentaria, a una cuestión sobre este asunto planteada por la parlamentaria del PSE-EE, Idoia Mendia, el lehendakari, Íñigo Urkullu, apunta que los consistorios pueden acceder a las ayudas genéricas del Ejecutivo para la memoria histórica, pero sigue sin dotar de oficio una partida presupuestaria para retirar los símbolos franquistas.

Lo sorprendente de la respuesta del lehendakari es que el Gobierno vasco -cuya política en materia de memoria histórica ha quedado relegada en el primer año de legislatura en favor del Plan de Paz y Convivencia que lidera el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández- considera que las recomendaciones del dictamen sobre simbología de la dictadura franquista "no requiere, en su mayoría, de dotación presupuestaria alguna, sino de una clara voluntad política de afrontar las acciones pertinentes". 

Urkullu se refiere así al dictamen de octubre de 2012, elaborado por encargo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco del lehendakari Patxi López -que entonces lideraba Inés Ibáñez de Maeztu-. Un documento dirigido a las instituciones públicas vascas en el que se recogían una serie de recomendaciones para la retirada de las simbología de la Dictadura franquista en Euskadi. En concreto, la respuesta de Urkullu se refiere a la la información que le ha facilitado la Secretaría General para la Paz y la Convivencia. "La puesta en práctica de las recomendaciones sistematizadas en el dictamen de octubre de 2012, dirigidas a las instituciones públicas de cara a la retirada de las simbología de la dictadura franquista en Euskadi no requiere, en su mayoría, de dotación presupuestaria alguna, sino de una clara voluntad política de afrontar las acciones pertinentes".

Lo que parece desconocer Urkullu, según la respuesta parlamentaria, es que el propio informe señalaba ejemplos de actuaciones de los consistorios en los que se presupuestaba el coste de retirar las placas de las calles y otro tipo de símbolos de la dictadura. Lemoa, uno de los municipios que ya está embarcado en la retira de la simbología franquista, ya sabe que solo eliminar la cruz principal de Peña Lemona -uno de los vestigios de la dictadura que hay en el municipio- puede costar "entre 4.000 euros y 4.500", según han confirmado a eldiarionorte.es fuentes cercanas a la alcaldesa, Saioa Elejabarrieta, de Bildu. La estimación se basa en varios presupuestos elaborados en día por la Sociedad de Ciencias Aranzadi para el consistorio y otras empresas. El dictamen del Ejecutivo tiene numerosos ejemplos del coste que supone este tipo de iniciativas, que buscan cumplir la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Mero "acompañante"

A tenor de las dos últimas respuestas dadas por Urkullu al grupo socialista en la Cámara, es evidente de que el Gobierno renuncia a impulsar una política clara en esta materia, una política definida y con una dotación presupuestaria determinada, y se reserva simplemente el papel de "acompañante" en todo el proceso que se abre ahora para la retirada de los vestigios franquistas. El pasado 13 de enero, el lehendakari ya señalaba en otra respuesta que "desde la Secretaría General para la Paz y la Convivencia existe el compromiso de acompañar en el camino que emprendan los diferentes Ayuntamientos y que así lo estimen oportuno y lo soliciten". Ni una palabra sobre la dotación presupuestaria que su gabinete está dispuesto a consignar para tal fin.

En la nueva respuesta, de finales de febrero, se hace un corta y pega y se vuelve a usar el mísmo término. "Tal y como ya expresamos en respuesta a la iniciativa formulada por su Señoría, desde la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos existe el compromiso de acompañar en el camino que emprendan los diferentes ayuntamientos y que así lo estimen oportuno y lo soliciten". Contrasta esta política con la dotación que sí tiene el Plan de Paz. En el Plan de Paz y Convivencia, un documento de 86 páginas que consigna más de 19,2 millones de euros de presupuesto para los cuatro años de legislatura, el tema de los vestigios franquistas ni se menciona.

El Gobierno, de hecho, fía toda su política presupuestaria en esta materia a las subvenciones genéricas de memoria histórica que anualmente convoca el Ejecutivo. "En el supuesto de que algún Ayuntamiento decidiera poner en marcha una acción con un coste económico imposible de abordar con su propio presupuesto, podrá solicitar apoyo, a través de la convocatoria anual de subvenciones a municipios y entidades locales para el desarrollo de programas
o iniciativas en materia de Derechos Humanos, Paz y Convivencia, o bien através de otro tipo de apoyo con cargo al Programa de promoción de la memoria histórica", se afirma en la respuesta, redactada por el equipo de Jonan Fernández y que va firmada por el lehendakari, receptor de la pregunta.

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