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El caso Zubiaurre, parado más de un año a la espera de un informe de Microsoft

La juez que investiga el presunto espionaje informático ha enviado a Estados Unidos dos comisiones rogatorias desde mayo de 2012.

Se cumplen tres años desde que se desvelara públicamente la imputación al ex alto cargo del Gobierno.

El caso Zubiaurre, el presunto espionaje informático en la SPRI (la agencia empresarial del Gobierno vasco), está paralizado desde hace más de un año. El juzgado de Bilbao que investiga al ex alto cargo del Gobierno vasco (Antón Zubiaurre fue director general entre 2000 y 2008 de Sprilur, la sociedad pública dependiente de la SPRI que se encarga de los suelos industriales) está pendiente de un informe de Microsoft, en Estados Unidos, que fue solicitado en mayo de 2012 y que ha obligado a la juez a enviar dos comisiones rogatorias.

En este caso, Zubiaurre y el otro imputado, su ex chofer en Sprilur Iñaki Urrutxua, están acusados de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, penado con hasta cinco años de cárcel. Se les culpa de de acceder a la cuenta de correo electrónico del director técnico de Sprilur, Pedro García. Todo se remonta a marzo de 2010, cuando García se percató de que en su correo electrónico, en la bandeja de elementos enviados, aparecía un e mail enviado el día anterior, domingo, a una dirección concreta: antonzubiaurre@euskalnet.net. Y  él no lo había hecho. En el correo se hablaba de unos pabellones industriales a la venta a bajo precio en un lugar cercano de unos terrenos que debían ser recalificados.

La investigación interna en la SPRI constató que hay “una conexión externa desde la que se ha accedido a la cuenta del director técnico y desde la que se ha remitido ese correo”, como aparece en un auto judicial. Estos envíos continuaron  en las siguientes semanas, cuando un juzgado de Bilbao inició la instrucción bajo secreto de sumario. Se trataba, según la investigación, de comunicaciones sobre adjudicaciones, licitaciones o pabellones industriales.

“Si sabes que Sprilur va a montar un terreno industrial en un sitio, te compras el  terreno o el de al lado y pegas el pelotazo”, comenta un profesional de la gestión urbanística. La persona supuesta espiada, el director técnico de Sprilur, era además la persona clave: quien canalizaba toda la información sobre las operaciones de suelo.

El desvío de correos continuó en las siguientes semanas  hasta que el caso se hizo público el 25 de junio de 2010 con la detención en su domicilio de Mendaro de Antton Zubiaurre y al día siguiente de su chofer, que se presentó voluntariamente al no estar el día anterior en su vivienda. Desde entonces la investigación judicial se fue acelerando y las principales pruebas contra los dos imputados fueron las denominadas IP (las siglas en inglés de Protocolo de Internet), y que son los identificadores de cada ordenador y que sirven para conectarse con otros. En las diligencias, aparecen varios identificadores del ordenador personal del ex director general de Sprilur y uno del otro imputado, igualmente de su terminal personal. A diferencia de los móviles, cuyo rastreo es fácil porque aparece claramente el número de teléfono, en los ordenadores no hay una IP fija y varía debido a la gran cantidad de terminales que se conectan a diario a la red. Solamente, si un usuario lo pide, y paga por ello, dispone de un identificador con un número fijo, lo que no ocurría en el caso de los dos imputados. Por ello, la labor de identificación (como en este caso para determinar desde qué ordenador se ha accedido a la información de los terminales de la SPRI) es más compleja.

La Ertzaintza, tras año y medio en su elaboración, entregó a principios de 2012 un informe a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, encargado del caso, en la que concluía que esos accesos externos procedían de los ordenadores personales de los imputados. En mayo de 2012, según informaron a El Diario Norte fuentes próximas a la investigación, la juez envió a Estados Unidos una comisión rogatoria para que Microsoft corroborase los datos de la Ertzaintza.

Sin embargo, desde Estados Unidos se reclamó que se ampliase la información sobre el tipo penal y el juzgado contestó el pasado 8 de enero, en otra comisión rogatoria, que aún no ha recibido respuesta, según las fuentes consultadas. Desde la entrega del informe de la Ertzainta, salvo estas comisiones rogatorias, no se ha practicado ninguna diligencia judicial.

La defensa de Zubiaurre, quien todavía no ha declarado ante la juez porque argumenta no disponer de toda la información del caso, asegura que las informaciones de los correos son irrelevantes y que es muy posible que la supuesta manipulación se hiciera desde cualquier otra terminal. “Internamente, había gente que le tenía muchas ganas en Sprilur y las claves de acceso eran las mismas de años anteriores [a raíz de este caso se modificó drásticamente la política en la SPRI de protección de datos]. Además, con el cargo que tuvo, era innecesaria esa supuesta manipulación porque podía haber conseguido, en su caso, información llamando a las personas que conocía en Sprilur”, aseguran las fuentes próximas al ex director general.

Agregan que la información aparecida en los correos “es irrevelante y pública”. Cuando ayer se cumplieron tres años desde que se destapara públicamente el caso, la investigación sigue sin cerrarse.

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