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Sniace sigue pendiente de la decisión de sus acreedores para definir su futuro

Los trabajadores de Sniace durante una asamblea antes de ser despedidos. | ROMÁN G. AGUILERA

Laro García

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega aprobará este jueves su adhesión a la propuesta de convenio de las concursadas Sniace, Celltech y Viscocel. Previamente, en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada este miércoles, todos los grupos municipales (PSOE, PRC, PP, y Blanca Rosa Gómez Morante) a excepción de la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), han votado a favor de dicha adhesión.

El Ayuntamiento opta por convertir la deuda que Sniace tiene con el Consistorio en préstamos participativos, es decir, vincular su cobro a la actividad empresarial. En estos momentos, la deuda de la empresa con el Ayuntamiento supera los 2,3 millones de euros. De esa cantidad, se convertirían en préstamos participativos 258.000 euros.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha mostrado su “satisfacción” por haber logrado este apoyo a Sniace y a la industria de la ciudad. En este sentido, ha señalado que el equipo de gobierno PSOE-PRC “ha tenido claro desde el principio que había que adherirse a este convenio y optar por la fórmula del crédito participativo para facilitar la reapertura de Sniace y su continuidad, como parte fundamental de la industria de Torrelavega y de la comarca”, ha dicho.

Desde el equipo de Gobierno, ha añadido, “consideramos que era necesario este gesto a favor de Sniace y de sus trabajadores; creemos que es una forma de apostar por el futuro industrial de la ciudad y el empleo”.

Oposición de ACPT

Sin embargo, desde Asamblea Ciudadana por Torrelavega sostienen que esta propuesta supone, en la práctica, “renunciar a cobrar parte de lo que nos pertenece a los ciudadanos de Torrelavega, prevaleciendo el principio de socialización de deudas y pérdidas mientras que los beneficios, cuando estos se producen, son de carácter privado”.

Teniendo en cuenta esto, desde ACPT subrayan que la “diferencia de trato” que las leyes otorgan a ciudadanos y empresas. “El máximo responsable de la situación de la empresa es su dirección y gestión empresarial y su Consejo de Administración, cuyos consejeros cobraron 786.000 euros en el año 2014 mientras la empresa arrojaba unas pérdidas de 11,2 millones”, recalcan en un comunicado.

Préstamos participativos

Por otra parte, el Consejo del Gobierno de Cantabria aprobará este jueves su adhesión a la propuesta de convenio del Grupo Sniace, en la que optará por la fórmula de conversión de la deuda ordinaria en préstamo participativo. El Ejecutivo ha informado en un comunicado que tomará esta decisión en consonancia con la declaración de la compañía como Empresa de Especial Relevancia Económica el pasado mes de diciembre y previo informe de los Servicios Jurídicos.

Esa opción consiste en la conversión de los créditos ordinarios en un préstamo participativo, que generaría un interés variable en función de los beneficios que obtenga el Grupo y con las condiciones que se especifican en la propuesta. En la propuesta se establece que el préstamo participativo se extinguirá cuando se produzca la plena satisfacción del mismo por su pago íntegro, de acuerdo con las condiciones establecidas para su amortización, fijándose como plazo máximo 15 años.

El Ejecutivo ha indicado que, “por su naturaleza, supondría no renunciar el cobro íntegro del importe de los créditos que tiene reconocidos el Gobierno de Cantabria, si bien estos se convertirían en préstamo participativo”.

Asimismo, ha señalado que la decisión de acogerse a esta opción de las tres planteadas en la propuesta de convenio se circunscribe “única y exclusivamente” a los créditos que constituyen el denominado pasivo ordinario del concurso (244.672,18 euros), que son los computables a efectos de conseguir las mayorías que permitan la aprobación del convenio propuesto por las empresas del Grupo Sniace.

El Gobierno ha destacado que esta decisión equilibra “dos aspectos esenciales”: no generar quebranto a las arcas públicas, en tanto esta fórmula no implica renuncia al cobro de los créditos de la Hacienda Pública Autonómica, al tiempo que evita la liquidación de Grupo y facilita la reapertura de la compañía, por su capacidad generadora de empleo y actividad económica en la comarca del Besaya en particular y en el conjunto de Cantabria.

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