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El 'doble rasero' del Ayuntamiento a la hora de sancionar

La empresa del exalcalde de Ramales también es la adjudicataria del mantenimiento de viales en Santander.

Rubén Vivar

La cuantía de la sanción económica aprobada por el Ayuntamiento de Santander a la UTE Montemar -encabezada por Copsesa- por incumplir el contrato de construcción del Centro Deportivo de Monte ha despertado 'ampollas' entre una buena parte de la ciudadanía, que la considera muy escasa en relación al presupuesto de licitación de la obra -9 millones de euros- y al tiempo de demora en su finalización -hace más de cinco años que la infraestructura deportiva tendría que estar a disposición de los vecinos-.

Si comparamos los 1.800 euros que tendrá que abonar por una infracción calificada de “muy grave” la sociedad representada por el exalcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio (PP), con otras multas recogidas en las ordenanzas municipales del Consistorio, la conclusión es que al empresario le sale muy barato incumplir los plazos y condiciones del contrato.

Así, por ejemplo, la ordenanza sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones sociales, que regula las “actitudes irresponsables con el medio urbano y con el resto de los conciudadanos”, prevé multas de entre 750 y 1.500 euros por sanciones graves como tirar petardos sin licencia municipal o entre 1.500 y 3.000 euros por realizar pintadas en la señalización pública que dificulte su visión.

Más cuantiosas son las multas por emisiones de ruido que pueden recaer sobre los establecimientos hosteleros, que se exponen a penas de hasta 30.000 euros por incumplimientos muy graves, entre los cuales se encuentran superar en seis decibelios los valores límite admitidos, abrir sin tener todos los permisos en regla o quebrantar la orden de clausura.

Entre las faltas graves, que van desde 600 a 3.000 euros, están superar ese límite en cuatro decibelios, incumplir los programas de mantenimiento de las instalaciones o disponer de aparatos de reproducción sin autorización, según recoge el reglamento para el control ambiental de instalaciones y actividades.

A menor escala, sobrepasar el tiempo permitido en el estacionamiento de un vehículo en las zonas reguladas por la OLA conlleva un recargo de 90 euros o pasear un perro por la playa durante la temporada estival tiene un 'castigo' de hasta 300 euros.

Primera sanción

También otros contratos de la misma índole contemplan mayores multas que las previstas en el pliego de condiciones fijado para la UTE Montemar. Aplicando el contrato del Centro Deportivo de Nueva Montaña, que fue aprobado un año más tarde que el de Monte, a la empresa del exalcalde de Ramales le hubiera salido la misma sanción por 10.000 euros, es decir, cinco veces más. Este pliego también otorga al Consistorio la opción de rescindir el contrato, así como la posibilidad de “secuestrar” la concesión.

Esta sanción, aprobada el pasado mes de noviembre por la Junta de Gobierno local, es la segunda que el Ayuntamiento impone a la UTE en lo que llevamos de año. Ya en febrero la empresa fue multada con 900 euros por el mismo motivo. En aquel entonces, San Emeterio afirmó en declaraciones a este diario que el centro deportivo estaría en funcionamiento “antes de acabar 2015”. Ni el equipo de Gobierno municipal ni la empresa han apuntado fecha alguna para la conclusión de las obras.

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