Educación trabaja en un plan para garantizar la gratuidad de los libros de texto
La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria trabaja en un plan para sustituir las ayudas individuales que reciben las familias para la compra de libros de texto por un banco de libros “universal”. El objetivo es garantizar la gratuidad de la educación obligatoria en la comunidad autónoma. Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Educación, Ramón Ruiz, con motivo de una interpelación registrada por Ciudadanos en el Parlamento sobre el elevado coste de los libros.
Ruiz ha explicado que la tramitación de “miles” de ayudas individuales, que hay que coordinar con Hacienda, no es operativa y provoca que la subvención llegue a los beneficiarios cuando el curso ya está avanzado, de modo que no se cumple su fin. Además, ha lamentado que con los “recortes” llevados a cabo por el anterior Ejecutivo del PP se han repartido menos ayudas y de menor cuantía. De este modo, ha subrayado que las ayudas individuales “no son las más adecuadas ni en tiempo ni en forma”.
El consejero ha destacado que el Gobierno está “sensibilizado” con esta problemática y, por ello, ha asegurado que están diseñando un plan para cambiar el modelo actual. En este sentido, ha apuntado que ya se ha reunido con varias asociaciones, como FAPA, y con el comité de directores y que, junto al Consejo Escolar, van a organizar una jornada para exponer diferentes modelos de éxito que inspiren un nuevo sistema para Cantabria.
Ruiz no ha dado plazos aunque sí ha apuntado que la implantación de este banco de libros de texto universal se hará de forma progresiva, empezando con una “cuota pequeña”, y en coordinación con los ayuntamientos de la comunidad, a los que se quiere implicar. Camargo y Piélagos son pioneros en este campo.
Igualmente, ha avanzado que el cambio de modelo requerirá una inversión inicial “fuerte” por parte de la Administración, dejando entrever que el ritmo de su instauración irá ligado a los recursos disponibles. Las familias también deberán aportar una “pequeña cuota”, que sería mayor en el primer ciclo de Primaria y después descendería gradualmente.
Asimismo, Ruiz ha recordado que el Gobierno remitió a los centros la directriz de que no era necesario cambiar los libros de texto como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación (LOMCE), cuyo currículo coincide “en un 90%” con la LOE. En caso de cambio, la norma establece para los mismos una vigencia mínima de cuatro años.
Ley de Espectáculos
El Parlamento de Cantabria ha aprobado, por unanimidad y de urgencia, el proyecto de Ley por el que se aprueba el régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas en la comunidad autónoma. Según ha explicado el consejero del área, Rafael de la Sierra, Cantabria carecía de cobertura legal para sancionar los incumplimientos tras la entrada en vigor de la conocida como 'Ley Mordaza'.
El Gobierno central transfirió esta competencia en 1996, si bien nunca se ha desarrollado la normativa. Este “vacío legal” se suplía con la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, que quedó derogada el pasado mes de julio.
Los partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y PRC, así como PP y Ciudadanos han apoyado la medida, al igual que Podemos, cuyo portavoz, José Ramón Blanco, ha aprovechado su intervención para cargar contra la Ley Mordaza, “concebida únicamente para, a través del miedo, detener el ansia de cambio”. Además, el socialista Guillermo del Corral ha recordado que su partido se ha comprometido a derogar dicha norma cuando llegue al Gobierno.
Teleférico Vega de Pas
La Cámara también ha votado una moción presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno de Cantabria a firmar en el plazo de dos meses el contrato para la construcción del Teleférico de Vega de Pas, una infraestructura “fundamental” para el desarrollo de la comarca pasiega.
Para el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, el teleférico puede ser “interesante” para potenciar la zona pero cree que “falta un plan integral” de actuación, ya que, a su juicio, esta dotación “no funcionaría como tractor suficiente para multiplicar por cuatro el número de visitantes”, tal y como prevé el pliego de condiciones, que garantiza al contratista el equivalente a 120.000 turistas al año a razón de 15 euros por viaje.
“Todas las pymes y autónomos querrían tener un seguro a todo riesgo como hace este contrato”, ha ejemplarizado José Ramón Blanco, que además de criticar esta compensación económica, ha abogado por llevar a cabo proyectos que revitalicen la comarca pero que no estén ligados exclusivamente al turismo.
Para el socialista Victor Casal, esta inversión “no debe ser prioritaria” para el Gobierno, “y sí la educación, la sanidad o los servicios sociales”. En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo “poner en el centro de las políticas a las personas”, al tiempo que ha advertido que el contrato arroja “más sombras que luces”.
Desde las filas regionalistas, Ana Obregón, ha llamado la atención sobre los cambios de itinerarios en el proyecto, que en un primer momento iba a salir de Pandilla para llegar a Castro Valnera y que, finalmente, sale del túnel de La Engaña para aterrizar en una zona “sin gracia” y a la que, además, se puede acceder en coche. “Muy despistado tiene que ser para pagar 15 euros por un viaje que se tarda cinco minutos en coche”, ha ironizado.
El portavoz del PP, Eduardo van den Eynde, ha asegurado que su partido no tendría “inconveniente” en reformar el proyecto, si bien están en contra de que “no se dé alternativa a la comarca pasiega”.
Tampoco ha salido adelante otra propuesta del PP sobre la crisis de refugiados sirios, defendida por Ruth Beitia, a quien la oposición ha echado en cara la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy en este asunto.
Sí ha sido aprobada, también por unanimidad, una proposición no de ley impulsada por Ciudadanos, en la que se insta al Gobierno a actualizar y mejorar el portal de transparencia y a no incluir cláusulas opacas en los contratos.
