La Fiscalía de Cantabria vincula la “escasez de medios” al retraso en los casos relacionados con la corrupción
La Fiscalía de Cantabria aborda en su última memoria anual las causas que determinan la dilación de algunos procedimientos judiciales de cierta complejidad o trascendencia social en la comunidad autónoma, como los casos de corrupción vinculados a la actividad política, y señala a la escasez de recursos materiales y humanos a su disposición como uno de los mayores problemas a la hora de evitar esos retrasos.
Teniendo en cuenta que en Cantabria no hay delegado de la Fiscalía Anticorrupción, el informe cuestiona también “el excesivo número de competencias y el sistema procesal, que ni se compagina con las necesidades actuales, ni se adapta al entorno europeo” y asegura que “si se mantiene la decisión política de judicializar hasta la más mínima ilicitud penal y no se dota de medios personales adecuados, cualquier sistema está abocado al fracaso”.
Al afrontar el “mal endémico” de la Administración de Justicia, la lentitud en la respuesta que se ofrece a los ciudadanos, este diagnóstico apunta a la necesidad de disponer de “una plantilla más extensa”. Y es que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria estaba integrada en 2014 -periodo al que se refiere el informe- por 28 fiscales, los mismos que el año anterior, distribuidos entre la Fiscalía de Santander y las dos Secciones Territoriales de Torrelavega y Laredo, así como un personal colaborador compuesto por 4 gestores, 19 tramitadores y 6 auxiliares.
“Algo que permitiría aumentar la dedicación a los temas relevantes que más importan a los ciudadanos y que ya debería haberse planteado en el momento en que se abordó la reforma del Ministerio Fiscal con el despliegue territorial y de las especialidades, consistiría en reducir las competencias del Ministerio Fiscal en la actualidad”, subraya el informe consultado por eldiario.es.
“Dedicación frustrante”
Esta memoria recuerda la “desproporción” que, según el criterio de la Fiscalía, se produce entre la cantidad de juicios de faltas a los que se asiste y los resultados que se obtienen. “Los 4.066 juicios de faltas celebrados a lo largo del año 2014 con intervención del fiscal, un 22,7% más que en el año 2013, en las que han recaído 1.631 sentencias condenatorias, ha supuesto una dedicación, de horas, más que de esfuerzo intelectual que, además de frustrante, se restan a las causas de corrupción, delitos informáticos… verdadero trabajo cualificado para el que los fiscales nos hemos preparado”, apunta.
En esta línea, sitúa la asistencia a las vistas de los Juzgados de lo Social, -en las que la falta de filtro previo conlleva la citación a juicio por la mera alegación de vulneración de un derecho fundamental-, que en la mayoría de las ocasiones “no hubiera requerido de la presencia de los fiscales”, como ocurre con el despacho de las causas derivadas de los registros civiles, de naturaleza administrativa.
“Junto a las propuestas anteriores, quizás la que la sociedad demanda desde hace años, es la reforma procesal. Nuestro sistema, basado reconstrucción farragosa de los hechos, agotando la instrucción, en lugar de llevar a cabo una investigación racional y eficaz, impide hacer acopio del material probatorio con celeridad, y este problema se multiplica en las causas complejas. La práctica de todas las testificales, periciales, y la solicitud de documentación a medida que se avanza en la instrucción, de por si prolongada en el tiempo, se complica por la imposibilidad de dedicarse en exclusiva a esa causa”, concluye.
Interinidad en la Fiscalía
A pesar de este escenario, el Ministerio de Justicia ratificó hace unos días el cese de José Ignacio Tejido como fiscal superior de Cantabria, aceptando así la renuncia presentada por él mismo el pasado mes de julio por “motivos personales” a un cargo que ocupaba desde hacía menos de dos años. El autor de esta memoria de 2015 nació en Palencia en 1960 y había sido nombrado el 9 de noviembre de 2013 para un periodo de cinco años.
La Fiscalía General del Estado aún no ha nombrado un sucesor para ocupar el cargo de fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria, aunque desde la renuncia de José Ignacio Tejido ejerce esas responsabilidades Pilar Jiménez. La plaza se cubrirá por el sistema de libre designación y podrán participar en el proceso los fiscales de la segunda categoría que cuenten, al menos, con 15 años de servicio en la carrera fiscal.
