El Defensor del Pueblo recrimina a Gobierno y Ayuntamiento el retraso en enviar la documentación
El Defensor del Pueblo ha remitido un nuevo requerimiento dirigido tanto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria como al Ayuntamiento de Santander para que ambas administraciones pongan de manera “urgente” a su disposición la documentación relativa a las obras que se estaban ejecutando en la senda costera que discurre entre la Virgen del Mar y el Faro de Cabo de Mayor.
Estos requerimientos se producen a raíz de que la Asamblea en Defensa de la Costera así como ciudadanos a título particular denunciaran el pasado mes de diciembre ante este organismo que el proyecto licitado por la Demarcación de Costas -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- incumplía los criterios medioambientales recogidos en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y el Plan Especial de Sendas y Caminos del Litoral.
En un escrito fechado el 28 de enero, el Defensor del Pueblo pega un tirón de orejas al Ejecutivo cántabro y al Ayuntamiento de Santander, ambos gobernados por el Partido Popular, por la “tardanza” en enviar toda la documentación, lo que impide a la institución pronunciarse sobre el contenido de la denuncia. Por este motivo, Francisco Fernández Marugán, adjunto primero del Defensor del Pueblo, urge a estas administración a facilitar cuanto antes los expedientes.
“Destrozar” la costa
La denuncia enviada al Defensor del Pueblo por una vecina de Santander, a la que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, acusa al Ministerio de Medio Ambiente de “destrozar” la costa norte de la ciudad mediante una obra diseñada en el año 2003, “ahora obsoleta técnica y legalmente”.
Destaca, además, que “no cumplió la promesa de limitarse a una intervención mínima y respetuosa con el medio ambiente y el patrimonio” y que tiene un coste “desproporcionado”. La obra fue licitada en julio de 2013 por 1,9 millones de euros y fue adjudicada posteriormente por 978.000 euros a la empresa Dragados. En el Plan de Sendas aprobado en 2010 por el Gobierno autonómico el coste de esta actuación estaba estimado en 110.000 euros.
La queja relata que la ciudadanía organizada logró parar la obra y elevar al Ayuntamiento y a Costas una propuesta para revertir el “daño causado” y, finalmente, añade que “la modificación que se está tramitando no se está teniendo en cuenta el Plan de Sendas, que cataloga la zona de alto valor paisajístico, lo que permitiría solamente actuaciones de señalización y balizamiento, y nunca puentes ni pasarelas hormigonadas”.
“El Ayuntamiento de Santander no exigió la licencia municipal de obras y la Consejería de Medio Ambiente no exigió que el proyecto se adecuara al Plan de Sendas ni que cumpliera el condicionamiento de impacto medioambiental”, concluye.
